Después de pasar por la idónea criba de los movimientos sociales (esto es, su participación), comunidades afectadas inquilinarias, voceros gubernamentales, gremios, etc., la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV) fue sancionada en noviembre de 2011. Entonces un largo trecho de discusiones y esfuerzos fue compensado con esa suerte de coronación que significó su sanción, siguiendo luego el ligero y lógico descanso del triunfo que sucede a la lucha, breve receso de expectativas cargado de esperanzas por el cumplimiento de su contenido, por su ejecútese. En fin, el recoger del fruto de la cosecha.
¡Al fin una ley! ¡Al fin orden! ¡Al fin justicia! ¡Al fin algo de eso de lo que hablaba Hugo Chávez: pago de deuda social!
Vinieron las declaraciones de los liderazgos, los vítores de los afectados y la rabia de quienes, desde un principio, han miraron a ese gremio del poder popular trabajando en parir una ley inquilinaria (o cualquier otra) como una amenaza. Los primeros gritaron a las cámaras de los medios de comunicación lo que se ha dejado oír hasta la saciedad: que la ley es única en su género en el mundo por haber sido engendrada por las comunidades con su profesionalidad, experiencia y dolor propio; los segundo gritaron también, pero, como dice la expresión, colocando el grito en el cielo: abominaron de dicha ley porque la consideran desbalanceada y parcializada hacia los arrendatarios y enconada contra los arrendadores. Hugo Chávez, para apoyar el triunfo inminente triunfo de la sanción y brindar una ramita de olivo a quienes se esforzaban en el parto (entonces la ley estaba en discusión en la Asamblea Nacional), le dio un espaldarazo al esfuerzo, como un empujón a lo empujado para que, se dirá, no se detenga nunca más y llegue a destino: dejó un punto de cuenta pagado remediando uno de los puntos de la discusión, la compra de los llamado “cien edificios” (6 de mayo de 2011, la LRCAV se aprobaría en noviembre de ese año). Esto es, en efecto, un dinero desde el ejecutivo para comprar 100 edificios de vieja data en la Gran Caracas, requiriéndose nomás que tanto la comunidad de esos edificios se organizase y los funcionarios de la flamante institución rectora en la materia (Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda , Sunavi, creada por la LRCAV, esto es, por mandato popular hecho ley) se coordinasen para concretar la maravilla.
¡Miel sobre hojuelas!
Pero, como cuenta un cuento peyorativo que rueda por ahí (y tráese acá el cuento para ejercer la autocrítica reconocedora de problemas y no para el solaz pesimista y morboso sobre la nacionalidad), no contaba Venezuela con el venezolano. El cuento de marras es éste: Dios creaba al mundo y a cada país lo dotaba con virtudes y grandezas; llegada la hora de la dotación de Venezuela, advierte San Pedro que Dios no para y le da: oro, petróleo, agua, bauxita, tierras fértiles, gas, carbón, diamantes, hierro, cobre, mujeres bellas…Finalmente, San Pedro lo ataja, a lo que Dios le responde: “Tranquilo, no te preocupes, San Pedro, no es ventajismo porque le pondré a los venezolanos”.
La flamante ley, como recurso a administrar por los venezolanos, se hizo trizas y quedó como una de esas misses que en los concursos hacen declaraciones lamentables a la prensa: pura belleza por fuera. Aprovéchese la imagen para asentar que así, hasta hoy, es la LRCAV: hermosa fachada por fuera de escasa ejecución desde adentro. Como se dijo, fachada que lleva a impulsivos a declarar que la ley es inmensa, gloriosa, redentora, punta de lanza en el mundo, insólita en su género…, aunque sin cumplimiento. Por favor: el ser, filosóficamente hablando, es fusión de forma y esencia.
El primer barquito que hizo aguas fue la intención, espaldarazo, legado, herencia, punto de cuenta firmado por Chávez: el platal que dejó pagado para comprar los primeros cien edificios, de los que se ha concretado menos de un 10% desde entonces. Pero no es todo: es que aparte del dinero para la compra, Chávez dejó el cimiento para que las negociaciones se concretaran directamente con los propietarios, instruyendo facilidades para los efectos ante los entes llamados a aportar la documentación necesaria: propiedad, horizontalidad, poderes, etc., propios de notaría, tribunales, etc. Piénsese: 100 edificios viejos en Baruta, Chacao, Sucre y Libertador, 1576 familias, 6 mil 304 personas, embarcadas en una nave hundida por la posterior ineficiencia, burocracia, en fin, dolo, de quienes quedaron encomendados para ejecutar los beneficios de la concesión presidencial.
Contrario a lo esperado, meses después cuando es sancionada la LRCAV y es creada la Sunavi, la cosa se complica, el agua turbia se encharca, para seguir utilizando justicieras imágenes para la crítica. El ente rector en la materia inquilinaria, Sunavi, ente que registra el fenómeno del alquiler en el país y calcula precios de arriendo y de compra-venta de inmuebles bajo su égida, entra en acción y se burocratiza la vaina en consecuencia. ¡Adiós 100! . La pereza, la cola, las preguntas sin respuestas, los lapsos estúpidos de espera, se activan. El papeleo desmesurado de gestiones, de idas y venidas, empieza a cubrir el piso llano y transparente que había dejado Chávez: comprar expresamente, sin rollos, con la platita suministrada, los edificios. Al juego afloraron, para abominar de la luz de la esperanza tanto tiempo cifrada, la desorganización vecinal para encauzar las diligencias, la burocracia institucional, la renuencia de los propietarios a concretar lo que en un principio se había pactado amigablemente, esto es la venta. El punto de honor de Chávez, el tal puntito de cuenta firmado en cadena nacional, se hizo un garabato de horror ante la falta de voluntad para resolver.
Falta de voluntad que al día de hoy, año 2.015, uno más desde la publicación en Gaceta Oficial de la Providencia Administrativa 00042 por parte de la misma Sunavi (28 de marzo de 2.014: más papeleo bonitico sin ejecución), no se justifica, porque la providencia instruye a los multiarrendadores de edificaciones con más de 20 años arrendando ofrecer en venta a los ocupantes los inmuebles, so pena de multas o de “embargo ejecutivo”, según habla el artículo 5. Es decir, atribulado lector, peor si inquilino, es injustificable que aquellos propietarios que se echaron para atrás en la venta de los 100 edificios sigan renuentes aún después de la publicación de la tal providencia, dado que, si ya no tenían que vender amigablemente como se concibió en un principio, ahora estaban obligados por ley a hacerlo debido a la disposición que manda a ofertar estructuras multiarrendadoras con más de 20 años en el oficio. ¡Y casi todos los edificios de los 100 son de vieja data, elefantes de 30, 40, 50 y 60 años de edad! ¡Poseen inquilinos hasta con 40 años de alquiler! Quiérese saber, señores institucionales, cuál es la burla, la burocracia, la humillación, la discapacidad. ¿Es que acaso esas familias viejas como los mismos bloques que habitan tienen toda la vida para esperar a que un burócrata se maquille ante el espejo y las cámaras de la declaradera de televisión para que les resuelva un problema que en teoría era una fruta dada, resuelta, pelada, servida, mantequilla que se derrite en la paila?
El ente rector en materia de alquileres y cálculo de justos precios nació, puede decirse, con la encomienda de los 100 edificios encima y por dentro, preñado de justiciero trabajo. Después, cuando empezó a chapotear, ella misma, la Sunavi, se creó una laguna con la providencia 00042 para no cumplirla, para no tener el cojón necesario para afrontar lo único que queda por afrontar cuando una de las partes se hace forajida de la ley: la expropiación. Como se dijo arriba, la 00042 habla de embargo ejecutivo y de multas, pero ojo, tales son expresiones boniticas del corpus legal, vainas puestas allí para impresionar y para decir ante las cámaras de TV que hay una ley, porque cualquiera que se ponga a investigar descubrirá que ¡ni siquiera las multas se han aplicado! ¿Qué bolas puede haber para embargar, tomar, expropiar, hacer justicia, redimir, cumplir la ley, ejecutar, pagar deuda histórica social?
Ahora la Sunavi, los venezolanos del cuento horrible leído arriba, los inquilinos desorganizados, los capitalistas propietarios con sus cámaras deconstructivas, se debaten con empezar unas mesas ordenadas de manera justiciera y pertinente por una decisión (1.171) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la base de un recurso de amparo introducido por el Movimiento de Inquilinos; mesas que aspiran a sentar a las partes involucradas en el problema de la vivienda (Estado, arrendadores, arrendatarios, instituciones) para concebir una hoja de ruta que, en primer término, dé cumplimiento a la ley rezagada en la materia (los 100 edificios, la 00042) y, como ideario, concierte a tales partes a dirimir civilizadamente el porvenir sobre el tema.
Tal decisión 1.171, según revisión de la corta pero histórica experiencia institucional y legal en materia inquilinaria, corre el riesgo temido por todos, peor si usted, apreciado lector, es inquilino: que haga aguas como otro fulano barquito en manos de los inefables personajes de carne y hueso, institucionales, gubernamentales, de la fábula narrada arriba. La decisión tuvo lugar el 17 de agosto del año en curso y, ¡vea usted!, ya está sumando puntos para lanzarse a la deriva como el caso de los 100 edificios o la 00042: no se han concretado las mesas pautadas porque aún las partes, oficialmente, no se dan por notificadas desde el alto órgano de justicia vía publicación en gaceta de la decisión de marras.
No parece recomendable seguir sumando leyes hermosas si no se cumplirán. Así no ocurre la desgracia de seguir archivando afrentas.
