Las cifras sobre delitos de corrupción detectados y en proceso de investigación durante el pasado año de 2015 que conocimos del informe anual de gestión del Ministerio Público que presentó en días recientes a la AN, la Dra. Luisa Ortega Díaz, nos paran los pelos de punta: 7859 investigaciones abiertas, 3.565 personas imputadas y 3.119 acusadas, son más que suficientes, primero para demostrar que el país cuenta con un plan audaz contra la corrupción, como nunca antes había sucedido en toda su historia y, segundo, que el problema es bastante grave y que se impone al más alto nivel del Gobierno Bolivariano, potenciar tanto como sea posible, una clara e implacable política de Estado para abordarlo y encontrar, en lo inmediato, mecanismos de control y supervisión que logre erradicarlo o, al menos, reducirlo a su mínima expresión.
El tema nos hace ser reiterativos y es por ello que una vez más consignamos que fuimos gratamente sorprendidos en la edición del diario Correo del Orinoco del 21 de abril de 2015, cuando leímos allí (Descargar PDF -página 17) que el Contralor General de la República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros, en el marco de la conmemoración de los 45 años del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado (Cofae), le anunció al país no solamente "el lanzamiento del proyecto anticorrupción" que se encuentra diseñando el organismo bajo su responsabilidad, el cual -agregó- persigue como plausible meta reducir y erradicar los ilícitos administrativos en los organismos de la administración pública. Dijo igualmente el Dr. Galindo en ese evento, que tiene en su agenda de trabajo la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría para volver a restablecer el control previo.
Sobre tales proyectos, el Contralor también informó en esa ocasión, que "después de varios meses de estudio creemos ciegamente que a través de la prevención podemos disminuir y evitar el flagelo de la corrupción", para finalmente añadir que serán implementados una vez culminados sus respectivos diseños y aprobados por su Despacho e igualmente que se harán los mayores esfuerzos para articular un trabajo conjunto entre la Contraloría y el Poder Popular, de manera de garantizar por esa vía que las metas de esos proyectos sea posible lograrlas de manera efectiva y eficiente.
Ya ha transcurrido casi un año de tal anuncio y qué bueno sería que el país conociera en qué etapa de estudio se encuentran dichos planes y, más aún, se le enterara de sus novedosas particularidades y, por supuesto, para cuándo entrarían en vigencia, pues estamos absolutamente convencidos de que la Patria ya no puede seguir tolerando que "don corrupto", continúe haciendo de las suyas con los dineros y bienes públicos, sin ningún tipo de trabas.
Y terminamos con esto, si la Contraloría General tuviera la competencia de ejercer el Control Previo (al gasto y al pago) dentro de rigurosos mecanismos que garanticen al interior de sus equipos fiscalizadores y de control la mayor transparencia ética, nos atrevemos a asegurarlo, tal y como lo pronostica su actual titular, se lograrían disminuir, en grado apreciable, los ilícitos contra los dineros y bienes públicos.
