Lo reiteramos. En toda organización política que haga vida en el país, el primer mandamiento de sus normas o estatutos debe ser la condena al cohecho y la exigencia a sus miembros que de llegar a ocupar posiciones públicas, demanden a los entes del control que correspondan, la auditoría periódica de sus actuaciones, de manera de comprobar así que están trabajando con honestidad y absoluta transparencia y en caso de que se detecten ilegalidades en sus áreas de competencia por denuncias públicas o porque se descubrieron infraganti a sus directos responsables, que igualmente presten la mayor cooperación para que no sólo sean investigados y prontamente llevados a juicio los directos responsables, sino que motu proprio ofrecerse para que se les investigue respecto de esos eventos, de manera de disipar cualquier duda que pueda estar apuntándoles, como corresponsables tras bastidores.

Con el caso reciente de la podredumbre puesta al descubierto en la red de abastos Bicentenario y dentro del clamor general que hemos podido captar cada vez que tenemos que hacer colas por horas y horas intentando conseguir algunos alimentos para el hogar, es que las más altas instancias de gerencia del Ministerio de Alimentación, empezando por quienes han sido sus ministros, deben pedir que se les investigue y si no lo hacen, que el propio Presidente Maduro ordene que lo sean sin miramientos de ninguna índole y de manera rigurosa, con lo cual sería coherente con la noticia que él mismo le dio al país de que la red de abastos Bicentenario se había podrido y, como bien sabemos, ese tipo de procesos de "podredumbre" involucra no sólo mucha gente, sino de una logística que es muy difícil que se pueda articular en corto lapso y en la total clandestinidad y mucho menos dentro de un gobierno revolucionario, cuyos más altos responsables deben tener como primera responsabilidad, asegurarse –permanentemente- que sus subalternos cumplen con sus sagradas obligaciones, en el marco de la más absoluta honestidad y pulcritud.

Esa decisión causaría –lo aseguramos, sin la menor duda- un impacto sumamente favorable en la población y, por otra parte, el gobierno con ello lograría ganarse el mayor apoyo y credibilidad en que no miente cuando, como lo ha repetido ene veces el mismo Maduro (palabras más, palabras menos), que su gobierno no tolerará la corrupción y que, además, no le temblará la mano para castigar de manera implacable a quienes en su gobierno la practican.

De manera que ante este tema de la corrupción desbordada, que pareciera que es imposible extirparla o reducirla a su mínima expresión, no basta el esfuerzo que pueda hacer el Presidente, se impone acciones conjuntas de todos los sectores decentes del país, más allá de sus posturas políticas, para el abordaje integral de este tema como condición única para poder construir el país decoroso y de progreso que todos anhelamos.

Hay que dar un paso al frente y sin dilación alguna acercar posturas que pudieran ser irreconciliables en lo político, pero que por razones de principios elementales de decencia, no dudamos que estarían contestes en acordar rutas en la dirección de establecer líneas de acción que hagan posible y satisfactoria una gestión de fiscalización y de contraloría efectiva y eficaz para reducir al mínimo no sólo el manejo ilegal y cargado de las peores acciones delictivas (acaparamiento generalizado de alimentos y otros muchos de bienes esenciales y la escandalosa especulación), sino los ilícitos administrativos de todo tipo y calibre, que tanto daño le ocasionan al país.

Hay unos primeros pasos que pueden dar ya los órganos del control público, en perfecta cooperación con el resto de los poderes del Estado alineados, por supuesto, a los deberes y mandatos constitucionales y que los calificamos de relevante importancia y es que se abran en todo el país cientos de oficinas para interponer denuncias sobre posibles hechos de corrupción, sobre la base de que no se pretenda exigirles a los denunciantes que consignen las respectivas pruebas, pues para nadie es un secreto que quien estafa dineros y bienes públicos, o recibe coimas por la entrega de contratos de obras o servicios, ya sea de forma directa o a través de una red burocrática mafiosa, hacen hasta lo indecible por no dejar rastro alguno de sus fechorías.

Sobre dicha propuesta vale que insistamos en que, siguiendo a expertos en investigaciones delictivas, sólo un pequeño indicio que se tenga entre manos de algún posible ilícito que sea denunciado, del tipo que fuere, luego de una pesquisa técnica y científica como sólo ellos lo saben hacer, conduce al acopio de pruebas contundentes e irrebatibles para descubrir a sus directos responsables.

Paralelamente a ello, los partidos en general deben erradicar de sus prácticas políticas la defensa automática de aquellos de sus militantes que incurren o han incurrido en irregularidades administrativas. Eso es demasiado perverso y el pueblo, que no es tonto, lo condena de manera implacable, pues es un grave error en el que incurren dándoles respaldo a quienes, con pruebas irrebatibles y que, además, han sido hechas del conocimiento público, como es el caso de exgobernador Manuel Rosales, quien literalmente saqueó las arcas de la gobernación del Zulia (escuchen esta pequeña demostración de lo que hizo ese personaje con dineros públicos, haciendo clic aquí: Venezuela: Rosales soborna a medios - YouTube).

Ojala y seamos escuchados…!!!

Otro sí:

1) De nuevo llamamos la atención que los bachaqueros siguen haciendo de las suyas con los alimentos regulados que los venden a 10 y 20 veces su precio, a la luz del día y frente a los policías locales, los de la Nacional Bolivariana y hasta de la Guardia Nacional y nada sucede. Pareciera más bien que los protegen, violándose así de manera flagrante la orden presidencial que prohíbe la reventa de esos alimentos y bienes básicos para el pueblo, contenida en Decreto del Ejecutivo Nacional de octubre de 2014 (Abrir este enlace y leerlo: gaceta oficial - Superintendencia de Precios Justos).

Se trata de una falla demasiado grave, pues no es posible entender que el propio gobierno se desentienda de sus propias disposiciones, sobre todo de éstas que fueron bien recibidas por el país nacional, dado que su implementación daría al traste con ese sucio negocio que, estamos seguros, contribuiría en gran medida a disminuir las inmensas colas para la compa de esos bienes y,

2) Hemos recibido de fuentes bien confiables y que nos han pedido mantener sus nombres en reserva para evitar represalias, que por nuestra frontera con Colombia salen semanalmente cientos de miles de sacos de café en granos con el aval de la propias autoridades civiles y militares, a las que se les pagan en efectivo fuertes sumas de dinero, lo cual, nos lo han asegurado, no es nada nuevo, esa práctica delictiva repudiable no ha dejado de detenerse, igualmente con otros productos esenciales para el pueblo, como la leche en polvo, el azúcar, la harina arepera, los productos de higiene personal y muchos otros, cuya colocación en el mercado del hermano país produce beneficios mil millonarios, de allí que el gobierno nacional, se nos ocurre, no sólo debe establecer mecanismos extremos de fiscalización en las alcabalas, rotar por períodos bien cortos el personal que allí sea destacado para vigilarlas, colocar en todas una adecuada batería de cámaras de seguridad y no parar ni por un segundo el plan de rastrear y destruir las trochas clandestinas que, entendemos, se construyen de noche en un abrir y cerrar de ojos, el cual el Presidente Maduro lo ordenó cuando dispuso el cierre fronterizo…