Hemos estado revisando algunas páginas digitales que divulgan material referido a señalamientos puntuales sobre hechos de corrupción presuntamente ocurridos en empresas del Estado, a propósito de la reciente crisis eléctrica que sufrió el país por efectos del fenómeno El Niño, las cuales -según lo que allí hemos leído- tienen que ver con la adquisición de plantas eléctricas a precios escandalosos y que apuntan al claro convencimiento de que en los entes públicos que tienen bajo su responsabilidad el manejo del tema eléctrico en el país, se pagaron a funcionarios a su servicio abultadas “coimas” para concertar esas compras.

Toda nuestra vida, ya larga -por cierto- la hemos dedicado, fundamentalmente, primero a evitar en nuestra condición de funcionario fiscal de la Contraloría General que lo fuimos por 25 años (1961/85), a que se cometieran delitos contra los dineros públicos por la vía del control previo al gasto y, segundo, a escribir con cierta regularidad en diarios nacionales y regionales por varios años y desde el 2003 para acá, en medios digitales, sobre el tema de la corrupción.

En muchas de esas últimas notas o artículos de opinión, hemos sido reiterativos acerca de la  necesidad de que se evalúe con rigor, obviamente, el papel que está desempeñando la Contraloría General en el control del gasto público, dada la percepción de que las irregularidades en el manejo de los dineros públicos han tendido a generalizarse, con miras a que, sin más dilación, se restablezcan los controles previos al gasto y al pago que fueron eliminados durante el último gobierno de la Cuarta República, en 1996, convencidos de que con la prevención y los llamados controles concomitantes (1) es bien posible disminuir en términos importantes esas irregularidades, sin que hasta la presente fecha esa propuesta haya tenido eco alguno, salvo que el actual Contralor General, a las pocas semanas de haberse juramentado para el desempeño del cargo, dijo en abril/2015, el marco del acto en conmemoración de los 45 años de la fundación del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría (COFAE), que entre sus planes estaba proponer a la AN la reforma de la Ley de la Contraloría General, con vista a restablecer el Control Previo, pero desde entonces nosotros no hemos vuelto a escucharlo hablar más sobre ese tema.

Pero  más allá de que el Contralor no le haya agregado nada nuevo a su propuesta de reinstalar el control previo en las tareas que cumple el Organismo que preside y que haya decido no abordarlo nuevamente en público, consideramos que las acusaciones de que fulano y mengano son corruptos, hay que direccionarlas responsablemente y sin demora alguna a las instancias de la justicia que correspondan, pues resulta inadmisible, desde todo punto de vista, que se queden en simples “chismes” de pueblo pequeño, porque no de otra manera podemos calificar a una información que señala ladrones con pasmosa puntería y que, además, asegura tener las pruebas de ello y sus directos responsables no actúan en contra de esos delincuentes.

La lucha contra la corrupción tiene que involucrarnos a todos, es necesario cooperar si estamos enterados y, además, con las pruebas o importantes evidencias en la mano de que en determinado ente público se ha incurrido en corrupción y ya se sabe quiénes son los funcionarios directamente involucrados en ello, más allá de su apellidos y de qué color de camisa visten, hay que denunciarlos ante los organismos competentes (Contraloría General y la Fiscalía General de la República), pues dejar de hacerlo nos convierte en propiciadores de la impunidad y eso a nuestro juicio es reprochable por demás y, sin lugar a dudas, nos hace hasta cómplices de la corrupción…

En ese sentido vale que marquemos unos hechos noticiosos muy relevantes que nos indican de modo fehaciente que hoy, más allá de que se discuta sobre si antes hubo más o menos corrupción que ahora, vemos actuaciones que apuntan a perseguir y a castigar la delincuencia de cuello blanco, como han sido los casos, sólo a título de ejemplo, porque son muchísimos más (2), del exministro de la Defensa, Gral. Raúl Isaías Baduel, condenado a casi ocho años de cárcel por graves ilícitos en que incurrió en ese despacho; del general Delfín Gómez Parra, igualmente por irregularidades cometidas en el Complejo Industrial Azucarero Ezequiel Zamora, en el cual fungió de presidente, a 7 años de cárcel y el del exgobernador del Guárico, Luis Gallardo, condenado a 18 años de prisión por similares causas en dicha entidad regional, a diferencia de lo que ocurrió durante los 40 años de la cuarta República, época ésa larga de una corrupción galopante que sólo registró dos presos, el “chinito” famoso de Recadi que purgó 5 o 6 años de cárcel y Eleazar Pinto, expresidente del Banco de los Trabajadores de Venezuela, quien fue condenado por graves irregularidades detectadas en esa entidad bancaria a solamente tres años de prisión y de esa pena, apenas estuvo encanado cuatro o cinco meses…

Con el recuerdo de esos hechos pretendemos que se potencien los esfuerzos que adelanta el gobierno en contra de los delitos de cuello blanco, pues esos casos puntuales referidos, nos muestran cómo altísimos funcionarios del Estado y no sólo eso, sino que eran -además- hombres de la mayor confianza del Presidente de la República, Hugo Chávez, recibieron merecidos castigos por corruptos, así como los otros muchos a que se refieren las estadísticas que sobre ese tema nos ofrece año tras año la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en sus informes anuales a la AN (3) y quien, en fecha reciente le informó al país que durante el año 2015, más de 3 mil personas fueron acusadas de corrupción, son -sin duda alguna- pruebas irrefutables de que el país sí ha tenido en estos 16 años de la Revolución Bolivariana, una política de Estado en contra de los delincuentes que roban y estafan al Estado.

Una campaña informativa persistente y adecuadamente diseñada en la dirección de dar a conocer esa política y los resultados que la misma vaya arrojando, se convertiría en una arma disuasiva muy potente contra la corrupción y, además, estimularía la generación de nuevas ideas tendentes a la implementación de mejores y más eficaces estrategias para enfrentarla, cada día y siempre con la garantía del éxito por delante.

Tengamos bien de presente que ese terrible flagelo erosiona terriblemente las bases morales de la República.