Los esfuerzos por destruir a los corruptos hay que potenciarlos cada día con mayor voluntad y decisión. Allí no puede haber tregua. Es una confrontación que hay que darla minuto a minuto y ante las instancias que sean, por más poder que estos sujetos puedan tener.
Pero, debe quedar bien claro que no sólo son corruptos aquellos que directa o indirectamente están involucrados por sí, o a través de terceros, en actividades que comprometan el pulcro y transparente manejo de los dineros y bienes públicos, sino los que de manera abierta o solapada sabotean el cumplimiento de las metas y programas que se ha trazado el gobierno nacional, en cualquiera de sus instancias, para el logro de sus fines que no son otros que el bienestar y la satisfacción del colectivo en general, en el marco de las mayores garantías de equidad y de justicia social.
Hay que terminar de entender, por otra parte, que esa lucha no solamente le corresponde llevarla adelante al gobierno, sino a todos los estamentos del Estado y a todas las organizaciones sociales, pues como sabemos los actos ilícitos contra los dineros públicos y el sabotaje se propician en cualquiera de las instancias de carácter oficial que cubren la geografía nacional.
El robo y la dilapidación de los recursos públicos son actos que se perfeccionan, a todo evento, entre dos partes, aquella que administra y/o ejecuta las decisiones que se adoptan acerca del uso y destino de esos dineros y la que, sin tener otra responsabilidad que la de manejar y cuidar únicamente sus intereses particulares o de grupo, se avienen para repartirse entre ambas una determinada comisión de alguna partida destinada para construir una obra pública o adquirir algún bien o pagar un servicio requerido por la entidad gubernamental se que se trate. El saboteo, por su parte, se expresa de mil formas y las más evidentes son: la demora injustificada para tomar decisiones, la contratación de personal que no se requiere, el trato déspota a sus subalternos, las órdenes impartidas para confundir y generar ambientes tensos en las áreas de trabajo, el irrespeto al ciudadano que exige un servicio al que tiene pleno derecho, pero al que se le atiende mal o, sencillamente, se le somete a un “ruleteo” interminable, como ocurre con demasiada frecuencia en los establecimientos prestadores de salud, así como en aquellos encargados de administrar justicia y en otros muchos, cuya relación se nos haría interminable.
La Constitución Bolivariana en su artículo 62 prescribe que: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La Participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individualmente como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.
Como desarrollo de ese mandato, se han puesto en vigor, al menos, dos instrumentos legales que hacen una realidad indiscutible ese protagonismo, como son: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la ley Contra la Corrupción. Ambas no solamente propugnan el mayor protagonismo y participación de los ciudadanos en la función pública, sino que hacen obligante esa participación, al punto de que la primera en su artículo 2 prescribe que deberán ser incorporados “de manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados” y la segunda, les otorga, además, derechos en materia de control sumamente importantes, como por ejemplo, que en su artículo 10, establece: “Los particulares tienen el derecho de solicitar a los órganos y entes cualquier información sobre la administración y custodia del patrimonio público de dichos órganos y entes. Asimismo, podrán acceder y obtener copia de los documentos y archivos correspondientes para examinar o verificar la información que se le suministre, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, salvo las excepciones…” (seguridad y defensa de la Nación).
De manera que hay instrumentos legales a la mano para que todos cooperemos en esa lucha que tiene que ser frontal contra la corrupción y contra el burocratismo aberrante, tanto el apuntalado en una infame cultura heredada de la Cuarta República, como aquél preconcebido para provocar malestar y desestabilización de las instituciones. No puede ser que nos quedemos con los brazos cruzados solamente criticando como acostumbran (o acostumbraban) las viejas chismosas de pueblo pequeño. Todos debemos incorporarnos a esa lucha con una conducta ética y moral inquebrantable para destruir ese morbo de la corrupción donde quiera que esté.
El presidente Chávez ha sido un adalid en la vocería de muy alto tono para enfrentarla y castigarla con todo rigor. En esa dirección hay que marchar le ha dicho a todo su equipo de gobierno de manera persistente, firme, sin vacilaciones y sin importar dónde y quienes sean los que pudieran manejarla y estimularla. Ciertamente él no ha perdido ocasión para exigir, además, la mayor atención y el mayor rigor a todos los venezolanos para que nos mantengamos vigilantes y muy atentos para impedir que aquellos que han decidido cabalgar en esas condenables desviaciones, exigiendo y cobrando comisiones aquí o acullá o actuando a la libre y sin concierto con la línea gubernamental, hagan de las suyas.
Hay que actuar ya y a fondo. Debemos ganar esa batalla y para ello se impone el concurso honorable de todos, empezando -obviamente- por los organismos de control, los cuales tienen la obligación histórica de incluirse en la vanguardia de esa batalla que muy seguramente será cruenta, pero que no podemos ni debemos evadirla.
No tenemos ninguna duda de que el pueblo organizado es mucho lo que puede aportar para garantizar el triunfo en esa contienda, pero sólo y sin el apoyo decidido de las instituciones de control y jurisdiccionales sus esfuerzos serán en vano. Hemos dicho hasta la saciedad que el discurso anticorrupción y contra el burocratismo por sí sólo no basta para ganarla. Se impone complementarlo con el ejercicio activo de una voluntad fiscalizadora rigurosa, de un plan de inspecciones permanentes y sorpresivas y, fundamentalmente, articulado debidamente con un aparato de justicia que actúe imparcialmente y sin los retardos perversos que históricamente han conducido a que nada pase y a que los asuntos, por más bochornosos que sean, finalmente prescriban para asombro de todos. Recordemos que el pasado año, por ejemplo, prescribieron las causas contra Lusinchi y Blanca Ibáñez por la estafa con la compra de una enorme flota de vehículos jeep. ¡Increíble, pero cierto…!
Para dar más señales de que ha habido y hay voluntad gubernamental para acompañar como se debe al pueblo en esa lucha anticorrupción, tal y como está ocurriendo frente a los casos escandalosos del Complejo Agroindustrial Ezequiel Zamora, de FOGADE, de FONDAFA y de las Ciudades Judiciales, así como el fracaso evidente de quienes han tenido la primera responsabilidad en los programas de ejecución de viviendas, para referir los asuntos más sonados por la cuantía de los dineros que fueron robados y dilapidados y los de importancia capital por los asuntos envueltos en los mismos, deben cesar, por ejemplo, los despidos sin castigo alguno a los responsables.
Quienes resulten comprometidos en el mal uso y manejo de los dineros y bienes públicos hay que llevarlos a la justicia de inmediato, sin contemplación alguna, de manera que sean juzgados y sancionador con la debida rigurosidad. Es inadmisible que se les mande para sus casas como si nada hubiera pasado o que no se les impida que huyan del país, como a los ojos de todos ocurrió con el ex magistrado Velásquez Alvaray, emulando así aquellos casos ocurridos durante el puntofijismo, específicamente en el gobierno de Luis Herrera Cámpis: Domingo Mariani y Carrera Arismendi, el primero presidente de CADAFE y, el segundo, Ministro de Transporte y Comunicaciones, así como el más reciente, el del Alcalde de Lecherías en Anzoátegui, Alexis Ortiz. Todos ellos fueron acusados de escandalosas hechos de corrupción mientras ejercieron sus responsabilidades públicas, pero que lograron salir del país antes de que la justicia les pusiera la mano, los dos primeros para refugiarse en Europa y, el segundo, en La Florida.
La lucha anticorrupción ágil, oportuna y efectiva es una prioridad si queremos preservar la estabilidad del gobierno Bolivariano, pues su enemigo mayor utiliza los casos denunciados y otros muchos para desprestigiarlo sin descanso y con toda intensidad, básica y fundamentalmente, para horadarlo y lograr así su derrocamiento.
oliverr@cantv.net
