Es muy común oír en casi que todos los escenarios donde se reúnen personas, bien sea en las colas diversas, que se hacen para adquirir alimentos o cualquiera otro producto de primera necesidad, bien sea en la colas de los bancos, en las oficinas donde el pueblo acude a cancelar los servicios públicos, luz, agua, teléfono, en las colas donde en muchas ciudades del país la gente acude bombona al hombro para poder obtener el cambio de la vacía por la llena, ya que la distribución, lamentablemente no funciona como debería etc., comentarios relativos a hechos de corrupción que son los que ocupan el mayor porcentaje en las conversaciones de la gente.
Dichos comentarios tienen un denominador común que es de achacarle las dificultades por las que estamos pasando para surtirnos de los productos necesarios para subsistir, no solo a los bachaqueros, a quienes prácticamente eximen de ser los únicos imputables o con la mayor culpabilidad, sino que todas o casi todas terminan achacándole las penurias que vivimos, en especial a los cuerpos de seguridad, preferentemente a la Guardia Nacional Bolivariana, es decir, en definitiva, al gobierno.
Todo el mundo se pregunta cómo es que en Cúcuta desde el sitio llamado la Parada hasta ciudad adentro y más allá, se consiguen en enormes cantidades los productos que aquí escasean, algunos de los cuales incluso se re envasan con logotipos diferentes, como productos de origen colombiano, para devolverlos hasta el Táchira y más allá y venderlos en montos altamente especulativos, con base al precio del día de un supuesto dólar que bien sabemos es totalmente ilegal y sin ningún respaldo financiero.
Toda esa gente en su gran mayoría coincide en que el problema radica porque que tenemos en la línea fronteriza, una alta cantidad de funcionarios, que bien porque no tienen conciencia ni principios sólidos, que les impidan en un momento dado aliarse a los delincuentes, a cambio de buenas sumas de dinero, o bien porque las mafias que dominan la frontera están tan organizadas que tienen inventariado a cada uno de los funcionarios para chantajearlos con amenazas de secuestrar o asesinar a sus familias e incluso a ellos mismos, mostrándoles fotos de sus hijos, esposas, madres etc., lo cual lamentablemente a veces conlleva a que el funcionario ceda, ante las pretensiones de las bandas y se incorpore a las estrategias muy bien montadas y con una logística admirable, para permitirles pasar, sobre todo en altas horas de la noche, caravanas de vehículos cargadas de todo, lo cual tiene a la población fronteriza sometida a las reglas que nos imponen esas organizaciones malditas, y con las cuales cada día logran arrinconar a las familias tachirenses, destruyendo la capacidad de compra, a pesar de los esfuerzos que el gobierno hace para proteger el salario, lo que, como sabemos, no se logra solo con aumentos, sino que requiere otro tipo de medidas, entre otras las que tienen que ver con controles estrictos para frenar la escandalosa extracción de productos venezolanos y/o importados por particulares o por el gobierno, y así, haciendo cada día más difícil el acceso a bienes y deteriorando la calidad de vida de muchísimos venezolanos.
Claro que en este panorama tan trágico, no se puede descartar la conchupancia, manifiesta, descarada e inocultable de una oposición sin conciencia de Patria, a la cual no le importa ver como en sus narices, mucha gente sufre las consecuencias de lo que, digan lo que digan, para ocultarlo o negarlo, es una guerra económica milimétricamente organizada, para que, a la par que aumenta la inflación, aumente también el desagrado de la gente contra el gobierno, porque esa derecha desbocada, tiene la convicción de que es por esa vía, que se puede apoderar del gobierno para los perversos fines que ya sabemos.
Ahora bien existe una fórmula para evitar que el soborno a funcionarios siga siendo una de las vías para que el flagelo del contrabando siga tan boyante y creciendo como es la realidad actual, es que mediante decreto Presidencial se instituyan, como otrora, de nuevo, las llamadas OBVENCIONES, que eran especie de bonos en dinero efectivo que se le asignaban a los funcionarios como reconocimiento por su rendimiento en las labores y acciones que permitieran impedir la fuga o el traspaso de la línea fronteriza por todo aquello que se considerara contrabando, se hacía de manera expedita a quienes capturaran alijos de droga. Dicho bono, que por cierto le funcionó muy bien al SENIAT, como una de las estrategias para aumentar la recaudación, sería un porcentaje correspondiente en su monto, de manera proporcional, al monto de la mercancía decomisada, es decir que a mayor cantidad de mercancía, incluida por supuesto la gasolina y demás derivados del petróleo, mayor sería el bono a acreditar, al o a los funcionarios que actuaran pero además tomar en cuenta dicho rendimiento para alimentar su curriculum y sus oportunidades de ascenso.
Estoy seguro que por esa vía, no porque este escribidor este descubriendo el agua tibia, sino porque existen antecedentes significativos, el rendimiento y la frecuencia de acciones contra las mafias se multiplicarían sustancialmente.
Por otro lado para quienes se pregunten de dónde saldría el dinero para dichas obvenciones, les respondo que los montos porcentuales que se establezcan, se tomarían de la comercialización de lo decomisado, lo cual garantizaría que el Estado no se vea obligado a utilizar su presupuesto para tales fines.
En cuanto a evitar que las mafias opten por, a través de amenazas a la seguridad personal y familiar de los funcionarios, se debería proceder a trasladar periódicamente a los mismos a otros destinos para no dar tiempo a las organizaciones delictivas de investigar la vida de los mismos, pues el corto período que pasarían en la frontera, les evitaría tener tiempo para radiografiarlos a ellos y sus familias.
Son medidas que con seguridad ayudarían a minimizar lo que hoy, se ha convertido en un filón de oro puro para un sinnúmero de desalmados, que le están haciendo un enorme daño a la economía del país y por esa vía al proceso revolucionario, pues bien sabemos, y el 06 de diciembre del 2016 es un ejemplo, es más fácil echarle la culpa al gobierno que a otras instancias, situación muy bien aprovechada por la derecha pro yanqui, que como sabemos tiene un gran poder mediático, económico y el respaldo irrestricto de las fuerzas imperiales
Por otro lado, hay que decirlo, no ha habido por parte de los organismos involucrados en la lucha contra el contrabando argumentos que permitan aceptar que las OBVENCIONES no sirven, o no ayudan a nada, más bien lo que no pocos, han sacado como conclusión es que a algunos altos funcionarios, no les conviene, para nada que el flagelo disminuya y que las mafias se reduzcan, porque con ello el negocio que les produce pingues ganancias también se reduciría, ya que se afirma que los de abajo recaudan para los de arriba……Veremos.
