La prédica anticorrupción debe ser persistente, así como deben ser igualmente persistentes los esfuerzos por la adopción de rigurosos mecanismos de control interno, dentro del marco de una política de Estado clara y viable, pues en la medida en que ello no ocurra, el tiempo y las energías que se destinen hacia ese objetivo, de nada servirán. Por ello hemos sostenido sin descanso la tesis de que cualquier proyecto que se emprenda para acabar con tan terrible flagelo, por más audaz que parezca, no arrojará resultados positivos de ninguna índole sino se implementan acciones prácticas fiscalizadoras que son las que a la postre determinarán dónde y quienes han incurrido en ilícitos contra los dineros y bienes públicos. De otra parte, esas acciones serán efectivas siempre y cuando entren a formar parte importante de la rutina administrativa del Estado; de lo contrario, jamás harán mella alguna en aquellas personas o agrupaciones que han visto en los actos ilícitos en contra de los dineros y bienes públicos, oportunidades de excepción y nada riesgosas para hacerse de fortunas fabulosas.
Pero es que corrupción no es sólo robar o dilapidar dineros del Estado, es también retardar actuaciones ex profeso relacionadas con algún proyecto de infraestructura importante para dañar la imagen del gobierno, o exigir el cumplimiento de trámites complicados e innecesarios cuando el ciudadano necesita un pasaporte, una cédula, una licencia para conducir, una autorización para importar o exportar bienes. Corrupción es hacer uso inadecuado de los recursos humanos disponibles, así como tratarlos con prepotencia e irrespeto. Corrupción es no saber escuchar al ciudadano que nos requiera para plantear una queja o hacer una sugerencia. Corrupción es trabajar con desidia. Corrupción es malgastar y no cuidar los bienes del Estado. Corrupción es establecer y consolidar estructuras de atención al público sobrecargadas de una burocrática ineficiencia, así como también lo es evadirse de una cárcel a cambio de una jugosa paga, como acaba de ocurrir con Carlos Ortega y los militares Farías, el primero responsable mayor del paro terrorista de diciembre/02 y enero/03, que produjo pérdidas que se estiman superiores a los 20 mil millones de dólares y, los segundos, del plan criminal apoyado en un fuerza paramilitar colombiana descubierta en la finca Daktari en mayo/04 para asesinar a varios altos oficiales de la Guardia Nacional, generar el mayor caos y violencia en la calles de Caracas, para finalmente terminar con la vida del presidente Chávez.
Bien dijo aquél político astuto, habilidoso y muy poderoso de la cuarta república, Gonzalo Barrios, en alguna ocasión que lo abordaron los medios para hablar sobre el tema de la corrupción que: "...en Venezuela el funcionario público robaba porque no tenía razones para no hacerlo". Ciertamente, en nuestro país históricamente ha habido una impunidad cómplice que ha permitido que, efectivamente, tales actividades indebidas y de la mayor perversidad hayan sido exitosas, de allí que la única posibilidad a la vista para revertir tan abominable conducta, es que el gobierno y pueblo unidos asuman con decisión inquebrantable esa difícil batalla, pues, como sabemos la corrupción sólo es posible que se produzca con el concurso de más de una persona. Aquél o aquellos funcionarios que piden con el mayor descaro "comisión" y quien o quienes desde la actividad privada la dan sin inmutarse o, inclusive, la ofrecen. Es un suerte de mafias que trabajan en la sombra y en ello en nada se diferencian de las que manejan el jugoso negocio del narcotráfico. De manera que en esa lucha hay que tener bien claro que los responsables de los hechos de corrupción no son solamente funcionarios públicos, sino también sujetos de la llamada sociedad civil, quienes se avienen para concertar una determinada trastada en perjuicio tanto de dineros y bienes públicos, como de planes, programas y otras acciones que promueve y determina el Estado en cualquiera de sus instancias.
El artículo 62 de nuestra Constitución Bolivariana prescribe: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individualmente como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.” Como desarrollo de ese mandato, se han puesto en vigor, al menos, dos instrumentos legales que hacen una realidad indiscutible ese protagonismo: La Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la ley Contra la Corrupción. Ambas propugnan no solamente el mayor protagonismo y participación de los ciudadanos en la función pública, sino que hacen obligante esa participación, al punto de que la primera en su artículo 2 prescribe que deberán ser incorporados “de manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados” y la segunda, les otorga, además, derechos en materia de control sumamente importantes, como por ejemplo, que en su artículo 10, establece: “Los particulares tienen el derecho de solicitar a los órganos y entes cualquier información sobre la administración y custodia del patrimonio público de dichos órganos y entes. Asimismo, podrán acceder y obtener copia de los documentos y archivos correspondientes para examinar o verificar la información que se le suministre, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, salvo las excepciones…” (seguridad y defensa de la Nación).
De manera que existen instrumentos legales como para que todos cooperemos en esa lucha que tiene que ser frontal contra la corrupción y contra el burocratismo aberrante. El Estado por sí sólo será siempre incapaz de coordinar una gestión de esa índole, pues su tradición de fuente inagotable para el fraude y la mordida (jamás ha habido en nuestro país pez gordo alguno enjuiciado) lo hace inhábil para auditarse así mismo, por lo menos por ahora. Es por ello que si dentro del marco legal vigente ha sido establecida la participación directa del pueblo en las tareas del control público, pues quienes tienen en las instancias del Estado las responsabilidades de la gerencia ejecutiva (baja, media y alta) para el manejo de los bienes y fondos públicos, están en la obligación de estimular, conforme lo contempla el mencionado artículo 62, esa participación e, inclusive, instrumentar, sin dilación alguna, tal y como lo ha planteado como acción prioritaria el Presidente Chávez Frías en muchas oportunidades, la metodología y las acciones prácticas indispensables para hacer una realidad esa participación directa del pueblo en los asuntos públicos. No olvidemos que el primer mandatario ha sido reiterativo en sus llamados a librar sin descanso esa lucha contra los corruptos, al punto de que ha dicho una y mil veces que aquellos funcionarios que quieran hacer negocios, deben renunciar a sus responsabilidades e irse para otra parte, pues “gente de esa calaña le hace un inmenso daño a la revolución.”
Lo ocurrido con la evasión de esos peligrosos sujetos de la cárcel militar de Ramo Verde, debe ser investigado de forma rigurosa, pues dada su fama de ser un recinto de máxima seguridad, no cabe la menor duda de que allí se articularon complicidades de todo calibre, donde debieron haberse manejado sobornos a base de sumas cuantiosas de dinero. Al parecer los reos salieron por la puerta principal en horas de la madrugada luego de sortear tres puntos internos de control y dos externos, lo cual no es posible hacerlo sin la mayor cooperación de quienes en ese recinto carcelario tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad. Y como algo sumamente grave que desnuda abiertamente tal complicidad, es que el suceso vino a conocerse oficialmente más de diez horas después de ocurrido, no obstante que se trataba no de una sola persona evadida, sino de cuatro.
No podemos concluir con estas líneas sin dejar de resaltar el hecho de que esa evasión vuelve a poner en evidencia la muy alta infiltración de los enemigos del proceso revolucionario en todos los estamentos gubernamentales, lo cual en coro con otros compatriotas que igualmente les angustia lo que ocurre en ese tema, hemos sostenido ene veces que allí hay que ponerle la lupa si queremos evitar males mayores para la estabilidad de la revolución. Es inaudito, por ejemplo, que a casi ocho años del proceso de cambios, sujetos de la misma calaña de los evadidos y quienes fueron nada menos que sus compinches en los eventos desestabilizadores y golpistas de los años 2002 y 2003, no solamente anden muy risueños por las calles de la ciudad como si nada hubieran hecho y lo insólito es que algunos hasta desempeñan posiciones de alto rango en los aparatos administrativos del Estado, como fueron los casos denunciados por Mario Silva en su programa La Hojilla: el del personaje que participó de manera muy activa en el asedio de la embajada de Cuba y que hoy ocupa una gerencia en el Centro Cultural La Estancia de PDVSA, así como el torturador de la policía política del puntofijismo que desempeña actualmente la Gerencia de Recursos Humanos de IPOSTEL.
Es realmente inaudito que el enemigo lo tengamos a nuestra diestra y en condiciones envidiables. No puede ser que además de la terrible impunidad que no terminamos de erradicar, el gobierno de manera pasiva se deje chantajear con esa matriz de opinión que intenta hacerle ver al país que el gobierno se maneja para cubrir sus necesidades de recursos humanos sobre la base de excluir a todo aquel que aparezca en las fulanas listas Tascón y Maisanta, cuando la realidad muestra una situación totalmente distinta. No es verdad que en las instituciones del gobierno se les cierra el ingreso a sus adversarios, allí abundan como la hierba y cada día se incorporan más y más sin mayores dificultades, por lo que es una falacia mayúscula que debe ser puesta al descubierto y pronto, pues toda esa mascarada nada bueno le aporta al interés del pueblo por garantizar la preservación de su Revolución Bolivariana.
Si bien no compartimos el criterio del sectarismo para cubrir vacantes oficiales y menos aún para despedir personal, lo cual ocurrió de manera invariable durante la era del puntofijismo, pues tanto adecos y copeyanos lo practicaron en perfecta conchupancia, sí sostenemos la tesis de que los cargos de confianza y sobre todo aquellos que conforman las gerencias donde se toman decisiones, deben ser ocupados por gente que se identifique de manera plena con la visión del país que ha planteado el Comandante Hugo Chávez Frías y que se construye bajo su indiscutible liderazgo.
De manera que a ese tema hay que prestarle la mayor atención y mientras más pronto mejor, pues ello evitaría, lo reiteramos, que pudieran presentarse situaciones nada deseables en un año crucial, como lo este, cuando en diciembre próximo se realizarán las elecciones presidenciales.
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