Es igualmente urgente que se abran canales expeditos que garanticen la mayor efectividad, para que los ciudadanos dispongamos de todas las facilidades que nos permitan formular denuncias por hechos de corrupción, bajo la mayor protección de nuestras identidades, acerca de las cuales tengamos en nuestro poder las respectivas pruebas documentales o muy claras evidencias que conduzcan a acopiarlas, debiéndose tener muy de presente, respecto de ésta última posibilidad, que los corruptos, de manera general, por razones demasiado obvias, hacen hasta lo indecible por no dejar rastros de sus fechorías…

El tema de la corrupción, estamos seguros de ello, es una de las prioridades que concita la mayor preocupación de la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente, por lo que está demás que nos pongamos a perder el tiempo buscando cómo estructurar y/o diseñar un cuerpo de explicaciones y razones para sustentar esa percepción, la que, no tenemos la menor duda de ello, es plenamente compartida por la generalidad de los venezolanos.

Por ello y sin más dilación, vamos con esta propuesta a los Asambleístas del Pueblo para que de inmediato y mientras sea discutido en mayor profundidad el tema terrible de la corrupción y cómo combatirla con la mayor eficacia, procedan a dictar una Ley que rescate, en el menor plazo posible, los controles Previos al Gasto y al Pago que fueron eliminados de la legislación contralora con la reforma de la norma que regula las competencias de la Contraloría General de la República, en diciembre de 1995, la cual entró en vigencia en febrero de 1996, es decir, durante el último gobierno de la Cuarta República.

Debemos recordar que dichos controles preventivos eran competencia del órgano Contralor desde que éste fue fundado en 1938, durante el Gobierno del General López Contreras, el cual se rigió por la Ley de la Hacienda Pública Nacional y los mismos se mantuvieron, con algunas importantes mejoras, en la primera Ley Orgánica que tuvo la Contraloría en 1975, hasta esa reforma aludida de 1995.

Vale añadir, que esa mutilación de una arma tan efectiva al máximo Ente Contralor de la Nación, como son los controles preventivos para impedir o disminuir al máximo posible los ilícitos administrativos, se adopta y en esto no podemos ocultar que es una especulación nuestra, como parte de las medidas neoliberales de las desregulaciones que impuso el Consenso de Washington a los países de su patio trasero, en plena década de los años noventa y al que la Venezuela de ese entonces se adhirió sin consultarlo a nuestro pueblo, como era la práctica usual de esa democracia representativa y de papel que nos desgobernó por cuarenta años.

Es importante informarles a los compatriotas que han asumido tan eleva responsabilidad de ser la voz directa del pueblo, que el actual Contralor General, el Dr. Manuel Galindo Ballestero, al poco tiempo de asumir el cargo, en ocasión de los festejos en conmemoración de los 45 años de fundado el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado (COFAE), hecho ocurrido en abril de 2015 y cuya reseña la publicó el diario Correo del Orinoco, en su edición de ese mismo año el día 21, página 17, le anuncio al país que su Despacho se encuentra en la etapa del diseño de un proyecto anticorrupción que (citamos): "persigue como plausible meta reducir y erradicar los ilícitos administrativos en los organismos de la administración pública" y en ese rediseño de los mecanismos de control -agregó- se rescatará como función esencial de sus competencias, el Control Previo, por lo que este anuncio es de suyo demasiado importante, pues ya la Asamblea dispone de un punto de apoyo muy concreto como para tomar dicha medida en correspondencia con ese dossier bien completo de experiencias objetivas que condujo, sin lugar a ningún tipo dudas, a que el propio Contralor General llegara a la plena convicción de que era indispensable en la batalla contra la corrupción, rescatar la competencia que se le había eliminado a la Contraría del Control Previo…

Conjuntamente con esa decisión de devolverle a la Contraloría la competencia de ejercer de modo directo el control previo del gasto y del pago a la ejecución presupuestaria del Estado, dentro de los alcances más amplios que se puedan y ahora con los avances de la tecnología de la informática que permitirían garantizar, a todo evento, que tales controles preventivos en absoluto afectarían la marcha regular de los órganos administrativos de todos los Poderes Públicos, deben agregarse disposiciones que hagan posible que los ciudadanos de este país tengan la facilidad de formular denuncias sobre los hechos de corrupción, acerca de los cuales puedan tener pruebas y/o evidencias y que al mismo tiempo se les proteja sus identidades.

Sobre este punto, es bien interesante observarles a los camaradas de la Constituyente que por razones más que obvias, los corruptos no dejan huellas de sus fechorías, hacen desaparecer las pruebas de mil maneras y lo que, generalmente ocurre, es que el pueblo lo que sí puede advertir y de allí llevarlo a la casi convicción de que "fulano y zutano" deben estar robando en el cargo para el cual fueron elegidos o designados, es por la vida disipada y ampulosa que llevan, pues antes de tener esas responsabilidades públicas llevaban una muy modesta vida, sencillamente porque eso era lo que les permitía el ingreso que percibían por su trabajo. De manera que debe tomarse muy en cuenta esta observación que hacemos, con el agregado de que una única "evidencia" es más que suficiente para detectar y/o encontrar la o las pruebas necesarias para identificar a quien o quienes incurrieron en un ilícito administrativo y así proceder a la correspondiente imputación y esa es una verdad que la puede corroborar cualquier experto investigador policial, por más novato que fuere...

Hasta aquí dejamos nuestra formal propuesta al pueblo convocado en Asamblea Constituyente, esperando ser oídos y atendidos, pues el país ya no espera más por acciones de Estado que avancen en una lucha contra la corrupción frontal e implacable que busque a quien roba los dineros y bienes público donde quiera ocultarse, así sea debajo del escritorio del presidente del mayor de los imperios de este y u otro mundo, para aplicarle las sanciones más duras que permitan las leyes. Por otro lado y valga la ocasión para decirlo, es inadmisible que nuestros procesos de investigación administrativa y penal se paralicen porque el señalado y sospechoso delincuente de cuello blanco, se haya ido del país…!!!

Otros sí y muy importantes:

En estas dos sugerencias que hacemos, creemos igualmente hablar por la mayoría del pueblo:

1) Es necesario que, al manos, las sesiones plenarias de le Asamblea Nacional Constituyente, sean transmitidas en vivo a través del canal de televisión ANTV y,

2) Que se den a conocer los nombres de los Constituyentes, conjuntamente con sus respectivos correos electrónicos y demás redes sociales que tengan activadas, como una muy buena forma de que el pueblo tenga expedita la opción de comunicarse con ellos.