Por favor, no más discursos contra la corrupción y menos aquellos que vienen desde las altas instancias de los poderes del Estado y luego no se avanza ni un milímetro en buscarle solución a tan grave problema y, mientras tanto, el cobro del soborno, del pago de la "coima", de la jugosa comisión siguen haciendo de las suyas en muchos entes públicos, cuando no es solamente la propia Contraloría General de la República, por boca de su máximo jerarca que le ha dicho al país, en varias ocasiones, al menos tenemos registradas dos, una en abril del 2015 (2) y la otra, más reciente, en junio pasado (3), que sólo mediante la prevención es como será posible reducir a su mínima expresión los ilícitos administrativos, sino que han sido muchísimas las voces de todos los sectores de la sociedad que lo han reiterado infinidad de veces...

En la primera ocasión, a los pocos meses de asumir el cargo el actual Contralor, Dr. Galindo Ballesteros, anunció que su despacho se encuentra en la etapa del diseño de un proyecto anticorrupción que (citamos): "persigue como plausible meta reducir y erradicar los ilícitos administrativos en los organismos de la administración pública y en ese rediseño de los mecanismos de control" –agregó, palabras más, palabras menos- se rescatará como función esencial de sus competencias, el Control Previo.

En la segunda ocasión y última de la que tengamos conocimiento, el Contralor Galindo, con motivo de la presentación de su ponencia en la Escuela Venezolana de Planificación que versó sobre la Constitucionalidad de la Constituyente, ratificó su promesa de retomar el control previo, con el importante dato de que el proyecto de reforma de la Ley para ese objetivo, así lo hemos entendido nosotros, está concluido y no sabemos si a esta fecha, ya está en manos de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, pues esto dijo él (lo citamos textualmente): "…la Contraloría General trabaja de lleno para prevenir y sancionar la corrupción en sus distintas formas; proyecto que pretende fortificar a través de la ANC, de aprobarse, a fin de reforzar la vigilancia y control del erario público, retornar al denominado control previo, así como vigorizar el control sobre el manejo de los fondos públicos…"

De manera que si ese proyecto de reforma ya reposa en la ANC, la pelota está del lado de los Constituyentes de la Patria, a los cuales les hacemos un llamado para que aceleren la marcha sobre la revisión de ese proyecto y lo aprueben lo más pronto posible, obviamente, con los agregados que han sido planteados desde otros espacios, como, por ejemplo, la importante propuesta que ha formulado en varias ocasiones el prolífico escritor Luis Britto García, de incluir en la norma la obligación de "especificar en el Presupuesto metas y objetivos a ser cumplidos, y la responsabilidad civil, administrativa y penales de los administradores que efectúen las erogaciones sin obtener injustificadamente los resultados previstos."

Las nuestras, sugerencias ya reiteradas muchas veces, de que todas las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios que tenga la competencia exclusiva y directa para el manejo de los dineros y bienes públicos, sean revisadas exhaustivamente, sin obviar la posibilidad de averiguar a otras personas allegadas al declarante (parientes y amigos) que hayan podido ser utilizadas como testaferros, así como que se haga obligante la publicación de esas declaraciones, sin excepción alguna, en la página digital de la Contraloría General (4) y, por supuesto, que en paralelo al rescate de los controles previos al Gasto y al Pago de los compromisos financieros del Estado, deben quedar establecidos en la Ley mecanismos rigurosos e implacables que garanticen la más absoluta eficacia, objetividad y rectitud de los integrantes de los equipos que asuman la responsabilidad de ejercer dichos controles.

Paralelamente a la aprobación de la reforma de la Ley de la Contraloría con miras al rescate del Control Previo, es igualmente urgente aprobar la Ley que obligue al Estado a proteger a los denunciantes y testigos de hechos de corrupción e igualmente a abrir espacios, tantos como sean necesarios a nivel de todo el territorio nacional, para que los venezolanos tengamos las mayores facilidades para interponer las respectivas denuncias.

Respecto de esta última bien importante propuesta, es preciso agregar, que a los fines de la redefinición de las especificaciones de los requisitos que se establecerán para recibir denuncias sobre la corrupción, que se tome muy en cuenta que quienes les estafan a la República dineros y bienes públicos hacen hasta lo indecible por borrar todo rastro que los pueda incriminar, es decir, no dejan huellas de sus fechorías y los potenciales denunciantes lo que manejan, generalmente, es la presunción fundada, sin duda, de que fulano está robando, simplemente porque desde que asumió el cargo público su forma de vida dio un vuelco de ciento ochenta grados, dejó de ser el vecino que llevaba una vida apacible y muy humilde y tanto lo ha sido, que a los pocos meses de convertido en burócrata se mudó a una costosa vivienda, adquirió una fabulosa villa en la playa, ya no anda en el viejo "cacharro", sino que ahora tiene aparcados en la vivienda tres y hasta más lujosos carros de alta gama, su mujer e hijos salen al exterior en viajes de placer con una frecuencia que sorprende, es decir, que esas evidencias son pruebas contundentes de que ese sujeto es un corrupto…

Igual sucede con muchos otros personajes de la llamada "sociedad civil" que no siendo funcionarios públicos y que de paso para nada dudamos que una buen cantidad de ellos son antichavistas furibundos, pero que a fuerza de palancas con "enchufados" y a cambio de una jugosa comisión, logran ser favorecidos con contrataciones de todo tipo, como a título de ejemplo mencionamos la de obras públicas en general, la distribución de bienes producidos por empresas del propio Estado, como son los casos de los lubricantes de PDVSA, el cemento y, entre otros muchos, las cabillas y el polietileno y que a través de una especulación sin límite alguno, se hacen de fortunas fabulosas de la noche a la mañana con esos convenios de marras...

Efectivamente, es necesario que se considere la importancia que tiene una simple sospecha, pues a partir allí y sobre la base de una rigurosa pesquisa, se van paulatinamente acopiando las pruebas suficientes como para armar el expediente que permita imputar a la persona sospechosa y eso lo sabe hasta el más bisoño en el tema de las investigaciones criminales en su más amplio espectro.

Y cerramos agregando esta otra sugerencia como un misil bien efectivo para enfrentar con la seguridad del éxito a los corruptos: la apertura de investigaciones por "notitia criminis" (5) o en lenguaje corriente, "de oficio", pues siempre hemos visto como inexplicable que se sostenga, como muchas veces se lo escuchamos decir a un Contralor en el pasado no muy antiguo, que mientras él sea el Contralor, jamás se abrirá una investigación por "oficio". Nuestra experiencia en el área por haberle prestado servicios al Organismo Contralor por casi 25 años (1961/85), nos permite asegurar que por esa vía, la posibilidad de descubrir "malandros ladrones" en la burocracia oficial es bien efectiva, además de que su cacería se logra en tiempo récord…!!!

Notas:

(1) Maduro instala Cuerpo Nacional Anticorrupción | Noticias | teleSUR

(2) Con motivo de los actos en conmemoración de los 45 años de la fundación del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado (Cofae), según información que publicó el Diario Correo del Orinoco, en su edición del 21 de abril de 2015,

(3) 23 de junio de 2017: Contralor General promete retomar el control previo y vigorizar ... - CGR

(4) Seguir el ejemplo de algunas provincias de la República Argentina, como son, Buenos Aires, Mendoza y Córdova, cuyos Congresos Provinciales acordaron acatar el Decreto Nacional 1789, del 2015, y publican las declaraciones patrimoniales en la web, precisando que la de Córdova excluye de esa obligación a los funcionarios del Poder Judial (Las declaraciones patrimoniales se pueden conocer en la web ...).

(5) "Éste es el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial o de oficio, se lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que opera como "información institucional", sujeta a recaudos específicos impuesto por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos previamente previstos por la ley. Supera a la mera información." (Fuente: GARRONE, José A., Diccionario Jurídico - Tomo III, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 462).