Hay muchas razones para afirmar que distintas instancias del Estado venezolano atentan contra la condición soberana del pueblo, pero ninguna tan aberrante como el CASTIGO que le proporcionó el CNE al pueblo venezolano en el último proceso electoral. En este artículo me propongo evidenciar los distintos atropellos que ha cometido el Estado y de ofrecer mis servicios para realizar análisis estadísticos que refuercen estos argumentos. Veamos.
Comencemos por el referido castigo. Ya el CNE lo había advertido: aquellos centros de votación en los cuales no se den las condiciones para realizar la elección de miembros a la ANC serán reubicados por “medidas de seguridad”. Resulto que efectivamente bastantes centros de votación fueron calificados como inseguros. No se realizó ninguna investigación de quiénes fueron los culpables de haber saboteado aquel acto electoral, simplemente la sanción ya estaba preestablecida e implicaba que el soberano pueblo que le correspondía ejercer ese significativo acto de soberanía (redundancia intencional) iba a recibir, sin ningún derecho a la legitima defensa, la sanción de la suspensión indefinida de su centro natural de votación y la reubicación a donde al CNE se le ocurriese.
Se ejecutó entonces el castigo al supuesto soberano. Claro está, estos sectores de la población son considerados menos pueblo y menos soberanos que otros sectores de la población donde no se saboteó aquel proceso. El castigo se perpetró de una manera artera y quirúrgica. Tan sólo 48 horas antes del sufragio se le indicó a estos “soberanitos” que debían votar en determinados sitios. Los nuevos sitios tenían tres características bien particulares: estar bien retirados del centro de votación suspendido, ser calificados como zonas rojas según criterios criminalísticos y/o albergar a muchos centros suspendidos. Ocurrió que vehículos en los que viajaban votantes de los centros suspendidos fueron vandalizados por grupos de personas que andaban en moto y sin que el Plan República interviniera para garantizar la seguridad de los votantes. Ocurrió también que se formaron en algunos casos, como en el Mucumbarila en Mérida, que la cola medía centenares de metros y que los tiempos de espera para votar estaban alrededor de las cuatro horas. De estas maneras se buscaba desmotivar al elector de los centros suspendidos a participar en este último proceso.
Así, encontramos que el CNE tuvo el terrible pecado de castigar al soberano. Obviamente, si el soberano es soberano nunca puede ser castigado y es simplemente inaceptable que ninguna instancia del Estado se preste a tomar acciones que atenten contra el soberano. Más aún, el CNE incitó a la no participación de parte de la ciudadanía en un proceso electoral. Por otro lado, el Plan República se hizo cómplice de esta afrenta y no protegió como es debido a la ciudadanía para ejercer su voto.
Ahora bien, la incitación a no votar no fue un acto exclusivo del CNE. El propio Presidente de la República se encargó, junto con muchos otros funcionarios, de señalar que todo aquel que votara en las elecciones regionales estaba reconociendo a la ANC y su supuesto carácter plenipotenciario. Esto lo hacía muy consciente que una inmensa proporción de venezolanos estamos en contra de esta impostura llamada ANC que no tiene ninguna legitimidad de origen porque no la convocó el pueblo, como se debe, y porque no la refrendo el soberano, como se debe. En todo caso, el Presidente sabía que decir eso conllevaría a que los que rechazamos esta ANC tendiésemos a no participar en la votación.
Como si esto fuese poco, también indicaron que los gobernadores electos no ejercerían sus funciones a no ser que se subordinasen a la superpoderosa. En otras palabras, el Estado había establecido que la voluntad popular de elegir nuevos gobernadores podía ser ignorada. Esto por supuesto es un atentado contra la democracia participativa y protagónica y hasta contra la democracia representativa. En estos momentos nos encontramos con que hay Gobernadores electos que no pueden juramentarse ante las Asambleas Legislativas Regionales y que cometerían un terrible acto de traición contra el pueblo que los eligió, si se doblegan ante la patética figura de traición al pueblo y a la patria llamada ANC.
Por otro lado, los resultados electorales del pasado domingo evidencian que es falso que la elección a miembros de la ANC tuviesen más de ocho millones de electores, como anunció el CNE. Queda claro que el CNE mintió, que no es confiable y que no puede ser el árbitro de los procesos electorales en el país. El hecho que tengamos un árbitro con una parcialización tan evidente representa también una terrible afrenta contra el pueblo venezolano. Lo menos que debe ocurrir en relación con el tema electoral nacional es que se desarrolle una auditoría internacional sobre los procesos electorales nacionales. ¿Cómo es posible, por mencionar un detalle, que no se tengan números de cuántos fueron los votantes por región y cuántos los votos por candidato en las elecciones de miembros de la ANC? ¿Cómo sabe cualquier ciudadano que participó en ese proceso si su voluntad fue respetada?
La lista de atropellos contra la voluntad del soberano no se restringe a estos hechos recientes. La consulta al soberano sobre la revocatoria presidencial no se realizó debido a una medida cautelar que suspendió el proceso y cuya decisión de fondo, si hubo o no hubo fraude en la recolección de firmas, jamás se tomará. De esta manera se CASTIGÓ al pueblo venezolano impidiéndole ejercer su derecho constitucional. La designación de los diputados a la AN tiene una situación semejante. Una medida cautelar que queda en el limbo porque así les conviene a los que conducen el Estado. Por otro lado, la voluntad popular de tener a su servicio la AN que el pueblo eligió queda anulada mediante sentencias que impiden que la AN ejerza las funciones que el pueblo le adjudicó según se establece en la CRBV.
Otra aberración extraordinaria, sobre la cual hay que enfatizar, es esta ANC. Nuestra constitución es bien clara en relación con el carácter de exclusividad que tiene el pueblo de convocar una ANC y de establecer las bases comiciales para su ejercicio. Más aún, se establece también que el pueblo tiene la soberanía como una condición intransferible. Aquí nos encontramos ahora ante una “plenipotenciaria” que está inclusive por encima de la voluntad popular del otrora soberano y que percibe que la soberanía ahora les pertenece. Ellos se creen en la potestad legítima de irrespetar las decisiones del pueblo mismo y de quitarle competencias a los funcionarios electos por el pueblo. Se creen en la potestad de modificar leyes, de establecer el lapso de sus competencias hasta el momento que se les antoje y en fin, de establecerse como AND, Asamblea Nacional Dictatorial.
Ahora bien, aunque la constitución es clara en relación con las condiciones exclusiva e intransferible de la soberanía popular, también es cierto que establece que el TSJ es la instancia a recurrir cuando se tienen dudas interpretativas. Ahí entra en juego la complicidad de esta instancia de legitimar lo absurdo.
De modo que tenemos que todos los poderes del Estado están comprometidos de una u otra manera en atentar contra la voluntad popular. No obstante quisiera hacer énfasis en el carácter inmoral del CNE. Tengo la convicción de que es posible demostrar estadísticamente que la decisión de reubicación de los centros electorales se hizo con fines de favorecer determinada tendencia política. Me gustaría realizar un estudio detallado al respecto pero desafortunadamente no dispongo de los datos. Agradezco a cualquier individuo u organización que me pueda suministrar datos de la votación por cada uno de los centros dentro y fuera del país en los procesos electorales desde el año 2000 (o al menos desde el 2005). De manera específica solicito las bases de datos con la cantidad de votos que obtuvo cada candidato en cada centro (o en cada mesa, si está disponible).
