En este artículo me propongo a proporcionar las razones por las cuales pienso que convocar una verdadera Asamblea Nacional Constituyente es una necesidad y de mostrar las maneras con las cuales esta iniciativa puede llegar a feliz término. Las razones se pueden resumir en tres:
- Porque es falso que exista hoy por hoy una ANC y lo que se tiene es una JDP: Junta Dictatorial Pseudo-constituyente.
- Porque hay aspectos importantes que corregir de nuestra muy buena Constitución y porque se pueden aprovechar la oportunidad para establecer las bases de la sexta república; y
- Porque es una medida estratégica imprescindible para lograr la estabilidad política que se requerirá para el funcionamiento del ejercicio de gobierno y conducción del Estado.
Comencemos por afirmar que si tuviésemos una ANC operando por varios meses, ya deberíamos tener en circulación una propuesta de texto constitucional. Sin embargo, es claro que no ha habido el menor esfuerzo en la JDP por alcanzar este propósito. De modo que esa organización no tiene un sentido constituyente. Más allá, está establecido en nuestra CRBV que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que sólo el pueblo tiene la potestad de realizar cambios definitivos sobre el texto constitucional por la vía refrendaria sobre las propuestas hechas de reforma parcial o total. De modo que es absolutamente violatorio de la CRBV que se produzcan modificaciones sobre el texto constitucional sin la anuencia del verdadero soberano. Por lo tanto, actos como el de la eliminación de municipios metropolitanos son meras imposiciones dictatoriales de una organización que se ha abrogado la condición de supra-constitucional y de tener supra-poderes.
Dentro de estos supra-abusos, la JDP ha destituido funcionarios; ha desconocido la voluntad del soberanísimo pueblo al desconocer resultados electorales imponiendo condiciones caprichosas y hasta humillantes; ha establecido contratos apátridas con corporaciones internacionales que producen una profundización del rentismo que dicen confrontar, asumiendo características del más salvaje de los modelos capitalistas y con características depredadoras del ambiente como patrimonio nacional y mundial y oponiéndose de manera franca a las directrices del plan de la patria creado por Chávez.
Más allá de lo que ha hecho, hay que destacar lo que ha fallado en términos de promesas incumplidas. La más significativa de ellas tiene que ver con el compromiso de impulsar acciones para recuperar la economía nacional y la calidad de vida de los venezolanos. La realidad palpable es que lejos de mejorar, nuestra calidad de vida se ha deteriorado de una manera precipitada y que el Gobierno Nacional, aún contando con esta JDP que le permite actuar a su antojo en términos políticos y económicos no puede (y realmente no quiere) montarse en el proyecto de rescatar la economía e impulsar el bienestar colectivo.
Por otro lado, ellos presentan el falso argumento de que gracias a la JDP ha sido posible tener en el país un clima de paz. La realidad es que a pesar del inmenso miedo y desesperanza presente en la población ante el accionar de los "suprapoderosos", ha habido manifestaciones populares espontáneas de todo tipo en contra del gobierno y de la situación que estamos viviendo. Por otro lado, la diáspora es una evidencia contundente de la necesidad de nuestro pueblo de encontrar en otros lugares lo que en el país no tiene o que no tiene esperanzas de conseguir. Ya no sólo se trata de la emigración de los que tienen medios para transportarse, sino la de los que no tienen nada.
Pasando ahora al segundo punto de este análisis, me propongo a mostrar algunas debilidades que se observan en la actual CRBV y de bosquejar algunas ideas vinculadas a un marco constitucional para un modelo social más avanzado que el actual.
La buena CRBV tiene sus claras debilidades. Pienso que la más importante es su falta de robustez ante los embates de quienes controlan el Estado y pretendan convertirse en Junta Dictatorial, colocándose por encima de la intransferible condición de soberano que el pueblo teóricamente ostenta. En ese sentido, hay que dejar más claro lo que ya es claro en la CRBV, que sólo el pueblo tiene la facultad de convocar ANC aunque la iniciativa de convocatoria pueda provenir de distintas fuentes. Las ANCs tendrán el único cometido de proponer cambios constitucionales en plazos establecidos en la propia nueva constitución y la redacción propuesta será sometida indefectiblemente a la voluntad del pueblo. También es necesario precisar que el mecanismo con el cual el pueblo expresa su voluntad ante cualquier iniciativa es a través de los referendos y es necesario sistematizar la realización de los mismos. Todos los años se realizarán referendos sobre todas las materias que se consideren importantes a partir de las iniciativas populares o de distintas instancias del Estado.
La elección de los miembros de la ANC debe regularse en la propia constitución. Nunca más debe ocurrir que quien tenga la iniciativa de convocatoria se abrogue la condición de convocante y que asuma todas las reglas con las cuales se realiza la convocatoria, incluyendo las bases comiciales.
Por otro lado, hay que diseñar mecanismos para evitar que quienes controlan el Estado puedan escamotear la voluntad popular. Hemos vivido en ese sentido tres experiencias bien significativas. En primer lugar, hay que evitar que quienes manifiesten su voluntad de impulsar alguna iniciativa puedan ser objeto de reprimendas por quienes controlan el Estado. Los actos de de recolección de firmas deben manejarse con la misma confidencialidad del voto. La idea del voto secreto surge precisamente para evitar ese tipo de abusos de poder. En ese sentido, sabemos que es bien posible diseñar modos electrónicos de recolección de firmas que sean tan confiables como las operaciones bancarias.
La otra experiencia negativa la hemos tenido cuando se han desconocido las voluntades del soberano pueblo con ardides legales. Así, fue congelado eternamente el proceso de recolección de firmas para realizar el referendo revocatorio al Presidente Maduro y le ocurrió lo mismo a la elección de Diputados del estado Amazonas. Es innegable que el Poder Judicial debe tener competencia para abordar cualquier denuncia de fraude y de proteger los intereses del pueblo en general. Sin embargo, en estos casos lo que ocurrió es que el Poder Judicial ha protagonizado un abuso imperdonable contra el soberano pueblo. Para evitar que cosas como estas vuelvan a suceder debe precisarse que las medidas cautelares por denuncias de fraude electoral deben ser atendidas con carácter de urgencia y la propia constitución debe establecer un plazo racional para que se produzca el veredicto del caso.
La tercera experiencia es aún más grave. Se trata de que el supuesto pueblo soberano ha sido castigado por el Estado. En efecto, cuando la población de algún Centro Electoral es reubicada a votar en algún lugar remoto, peligroso o en condiciones que en general desestimulan la participación popular en los procesos electorales se está produciendo el absurdo acto de castigar al soberano. En el caso de los delitos electorales que hubiere en la elección de los miembros de la JDP (¿ANC?), las investigaciones debieron dirigirse a identificar a los individuos u organizaciones involucradas para producir sanciones sobre estos y nunca contra el soberano. En este sentido la constitución debe dejar bien claro que ninguna sanción puede establecerse de manera difusa sobre el pueblo o una porción del pueblo. Más aún, la constitución debe establecer severas sanciones para quienes cometan semejante abuso.
Como se puede apreciar, se han descrito algunas reformas puntuales que conducen a hacer más robusta nuestra constitución en términos del principio fundamental que tiene que ver con la soberanía del pueblo. Además de esto, deben diseñarse reformas que conduzcan a fortalecer el Estado como institución al servicio del soberano. A tal efecto es fundamental que se logre que funcione de manera real la separación de poderes y que se mejoren los mecanismos de conformación de las instancias del Estado que no cuentan con elección popular directa: Poder Moral y Poder Electoral. Aparte, se puede incluir dentro de las consultas refrendarias anuales preguntas relacionadas con la satisfacción popular en relación con el ejercicio de las distintas instancias del Estado.
Como puede apreciarse, un elemento fundamental de lo que constituye esta propuesta de Constituyente está relacionada con la incorporación de mecanismos para que la democracia directa se implemente de manera efectiva. La democracia directa o total es la que tiene que ver con que el pueblo tenga auténtico poder sobre el devenir social y que puede pronunciarse en relación con temas fundamentales mediante consultas sistemáticamente programadas. Los referendos deben dejar de ser letra muerta en nuestra constitución. El pueblo debe consultarse permanentemente en los distintos contextos: nacional, regional y municipal para definir políticas y ejercer contraloría social con un carácter masivo.
Además de los referendos, el Estado debe proporcionarle al pueblo instrumentos para realizar dicha Contraloría Social Masiva. Dentro de estos instrumentos destacan los que aparecen en esa letra muerta denominada Ley de Infogobierno y el carácter de datos abiertos que deben tener buena parte de las gestiones gubernamentales.
La sexta república debe representar el salto entre una sociedad altamente controlada por el Estado, y particularmente por el Ejecutivo Nacional, a una en la cual haya controles crecientes por parte del soberano. Esto no representa una simple reforma, sino un cambio conceptual profundo en el cual ahondaré en próximos escritos.
Por lo pronto paso a precisar porque esto de la convocatoria a una verdadera ANC tiene una importancia estratégica fundamental en este momento histórico. El siguiente análisis parte del principio de que sólo el pueblo salva al pueblo y de que por la vía electoral y constitucional es que lograremos superar la pesadilla que estamos viviendo y parte también de la visión de que la salida del madurismo del control del Estado es una condición necesaria (aunque no suficiente) para superar la crisis. En este contexto, hay que precisar que no basta con derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales. Tiene toda la razón Jesús Silva (https://www.aporrea.org/actualidad/a258647.html) cuando afirma que "Si un opositor es elegido presidente, será controlado por la constituyente" y no sólo se tendrá que subordinar a la "suprapoderosa" sino que tendrá recurrentes decisiones revertidas. Aparte, el madurismo seguirá en control del TSJ y de todas las instancias centrales del Estado, aparte de la miniaturizada Asamblea Nacional. En este contexto, el accionar del gobierno estará más que limitado, torpedeado, y será difícil que se puedan implementar los cambios necesarios para cambiar el rumbo.
Con una verdadera ANC será posible conseguir muchos aportes significativos:
- Se logrará convocar una ANC como se establece en la constitución.
- Se suspenderá de manera inmediata el ejercicio de la actual JDP.
- Se someterá al escrutinio del soberano una propuesta de nueva constitución.
- Se hará un proceso de religitimación de todos los poderes del Estado, comenzando por los de elección popular; hasta los de designación intermedia.
Creo que no es necesario proporcionar más argumentos en cuanto la importancia estratégica que tiene la realización de esta convocatoria a ANC. Es más, su importancia es tal que puede considerarse como una medida imprescindible. Las preguntas actuales están relacionadas con el cómo.
La primera posibilidad es la de que la iniciativa surja del nuevo Presidente de la República y que sea refrendada la convocatoria por el soberano. Esta posibilidad, como cualquier otra, tendrá el rechazo y sabotaje contundente de la JDP y del TSJ. Es obvio que surgirán argumentos como ese del sentido que tendría hacer una nueva convocatoria si ya hay una ANC en ejercicio. Pero es claro que disponemos de argumentos para afirmar que es falso que tengamos una ANC y que esa junta carece de legitimidad. De modo que esta iniciativa sólo se concretará como resultado de una fuerte presión popular acompañada de la firmeza del nuevo y legítimo gobierno.
Otra posibilidad es que la iniciativa surja de la actual Asamblea Nacional. Esta posibilidad sería fácilmente confrontada por el TSJ bajo el recurrente argumento del desacato.
La otra posibilidad, la cual respaldo, es que la iniciativa surja del 20% de manifestaciones de respaldo por el soberano pueblo. Esta alternativa tiene la ventaja de representar una rápida movilización del sector popular que está decidido a motorizar los cambios urgentes que requiere el país. Obviamente que, aparte de los argumentos que surgirán de los reaccionarios ubicados en el madurismo y sus bastiones del TSJ y de la JDP, utilizarán el control del CNE para sabotear este proceso. Sin embargo, esta recolección de firmas tendrá un efecto altamente moralizante en los movimientos sociales que se deben consolidar.
Hago un llamado a los distintos movimientos políticos que nos inscribimos en la iniciativa de cambio a que consideren este documento. Asimismo llamo a los medios de comunicación a que le den difusión a esta posibilidad. Mucho me gustaría que al menos se discutiera.
Con todo respeto y compromiso revolucionario.
