Los graves casos de corrupción detectados en la Industria Petrolera PDVSA que están siendo procesados por la Fiscalía General bajo la rectoría del poeta Tarek William Saab, y donde aparecen como sus directos responsables casi un centenar de gerentes de sus más altas instancias, es una excelente señal de que andamos por el camino correcto en la lucha frontal contra ese terrible flagelo...

Los esfuerzos por destruir a los corruptos hay que potenciarlos cada día con mayor voluntad y decisión. Allí no puede haber tregua. Es una confrontación que hay que darla minuto a minuto y ante las instancias que sean, por más poder que esos sujetos puedan tener.

Pero, debe quedar bien claro que no sólo son corruptos aquellos que directa o indirectamente están involucrados por sí, o a través de terceros, en actividades que comprometan el pulcro y transparente manejo de los dineros y bienes públicos, sino los que de manera abierta o solapada sabotean el cumplimiento de las metas y programas que se ha trazado el Gobierno Nacional, en cualquiera de sus instancias.

Hay que terminar de entender, por otra parte, que esa lucha no solamente le corresponde librarla al gobierno central y menos aún al Presidente Nicolás Maduro, como jefe mayor del Ejecutivo Nacional, sino a los restantes cuatro Poderes del Estado, a todas las organizaciones comunales y sociales que hacen vida en cada rincón del país y más aún, a cada uno de los ciudadanos en particular, pues como sabemos, los actos ilícitos contra los dineros públicos y el sabotaje se propician en cualquiera de las instancias de gobierno de cada uno de los poderes nacionales, regionales, municipales y, obviamente, en toda organización comunal.

Es una obligación moral inexcusable, no podemos cruzarnos de brazos si detectamos una irregularidad o si se nos advierten de alguna otra que pudiera estar fraguándose y que optemos por voltear la cara hacia otro lado…!!!

El robo y la dilapidación de los recursos públicos son actos que se perfeccionan, a todo evento, entre dos partes, aquella que administra y/o ejecuta las decisiones que se toman acerca del uso y destino de esos dineros y la otra que, sin tener responsabilidad pública alguna, sino sólo y únicamente sobre sus propios intereses particulares o de grupo, se avienen para repartirse entre ambas una determinada "coima" de algún contrato de obra pública o de aquellos otros para adquirir bienes o servicios requeridos por la entidad gubernamental de que se trate, por la vía muy fácil de los sobreprecios a falta de los controles preventivos que en la mayoría de los entes del Estado no funcionan y vale también agregar esa otra práctica aberrante, la que se ha venido generalizando de modo abierto y descarado, de exigir el pago de prebendas, por cierto hoy en día en dinero en efectivo, a todo ciudadano que solicite la prestación de servicios públicos de muy variada índole, sin expedir los correpondientes recibos como sucede con los trámites del tipo que fuese en las Inspectorías del Tránsito Terrestre del todo el país, o para la reparación de la línea telefónica, o por fallas del servicio del agua, de la electricidad o por problemas en la red de tuberías del gas, etcétera, etcétera…(*)

El saboteo, por su parte, se manifiesta de mil formas y las más evidentes son: la demora injustificada para tomar decisiones o cuando se adoptan se lo hace en el marco de una planeada acción de la mayor lentitud y, además, interferida hasta por asuntos nimios; el trabajo deficiente, para el cual no se hizo fiscalización alguna o, simplemente, no se cumplió con el rigor técnico debido o, peor todavía, se hizo caso omiso a una orden superior para la ejecución de obras o actividades de carácter social previstas en el programa de gobierno; las contrataciones de personal innecesario; el trato déspota a los integrantes de los equipos de trabajo; las órdenes impartidas para confundir y generar ambientes tensos en las relaciones interpersonales en los centros de trabajo; el irrespeto al ciudadano que exige un servicio al que tiene pleno derecho, pero cuya atención deja mucho que desear por el maltrato que recibe o, sencillamente, porque se le somete a un "ruleteo" interminable, como aún sigue sucediendo en algunas instancias gubernamentales, así como igual ocurre en las instituciones encargadas de administrar justicia...

Pero veamos los instrumentos legales que están hoy a la disposición del pueblo para llevar adelante todo propósito dirigido a infligirle la mayor derrota a todo espécimen que decida optar por hacerse rico a costa de los dineros y bienes públicos, o que haga parte actora en la ejecución de acciones de sabotaje para la desestabilización de las Instituciones del país…

La Constitución Bolivariana en su artículo 62 prescribe que: "Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La Participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individualmente como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica".

Como desarrollo de ese mandato, se han puesto en vigor, por un lado la reforma de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y dos instrumentos adicionales: la ley Orgánica del Poder Público Municipal (diciembre/2010) y la ley Contra la Corrupción (noviembre/2014), las que, en conjunto, propician una realidad indiscutible para que ese protagonismo tenga su propio sustento legal.

Ese amplio basamento jurídico no solamente habilita en términos bien interesantes el mayor protagonismo y participación de los ciudadanos en la función del control público, sino que hace obligante esa participación y veamos por qué lo afirmamos:

Reforma de la ley de contraloría indica:

"Artículo 75:…..

1) Atender las iniciativas de la comunidad organizada, en el marco del proceso de participación ciudadana, en el ejercicio de la contraloría social o comunal;

2) Ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias ciudadanas que provengan de las instancias que ejercen la contraloría social;

3) Facilitar el seguimiento, vigilancia, supervivencia y control de la ejecución de los planes realizados por la Unidad de Contraloría Social, de los proyectos comunitarios presentados por los consejos comunales o las comunas;

4) Establecer estrategias de formación y promoción de la participación contralora y ciudadana para coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal;

5) Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto económico, financiero y social;

6) Promover mecanismos para el fomento y ejecución efectiva del control fiscal, con la participación democrática y protagónica de las unidades de contraloría social que forman parte de los consejos comunales o las comunal;

Artículo 76:

El Poder Popular, a través de los consejos comunales o las comunas, podrá postular candidatos para los órganos de control fiscal de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley."

Por su parte, la ley del Poder Público Municipal, en su artículo 2, prescribe:

"El Municipio constituye la unidad política primaria de la organización nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Sus actuaciones incorporarán la participación ciudadana de manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados.

De otra parte, la Ley Contra la Corrupción, nos otorga a todos los ciudadanos, además, derechos en materia de control sumamente importantes, como por ejemplo, que en su artículo 10, contempla: "Los particulares tienen el derecho de solicitar a los órganos y entes cualquier información sobre la administración y custodia del patrimonio público de dichos órganos y entes. Asimismo, podrán acceder y obtener copia de los documentos y archivos correspondientes para examinar o verificar la información que se le suministre, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, salvo las excepciones que por razones de seguridad y defensa de la Nación expresamente establezca la ley.

Los ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones de base del poder popular cuando tengan conocimiento de la comisión de hechos sancionados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en donde se encuentren involucrados recursos públicos, deberán acudir a las autoridades competentes, a los fines de denunciarlos."

De manera que hay toda una articulada estructura jurídica a la mano para que todos cooperemos en esa lucha que tiene que ser frontal contra la corrupción y contra el burocratismo aberrante, tanto el apuntalado en una infame cultura heredada de la Cuarta República, como aquél que ha resuelto en esta época de cambios sociales inevitables, seguir en sus aberrantes andanzas y provocando malestar al mayor grado y desestabilización de las instituciones.

No puede ser que nos quedemos con los brazos cruzados mirando cómo se le engaña y se le roba al Estado y, además, de cómo se entorpecen y se le sabotean las tareas al gobierno. Todos debemos incorporarnos a esa lucha con una conducta ética y moral inquebrantable para destruir ese morbo de la corrupción y ponerle freno a quienes pretenden hacerle daño a la Patria, estén donde estén...

El presidente Chávez durante su mandato fue un adalid en la vocería de muy alto tono para enfrentar la corrupción y castigarla con todo rigor. En esa dirección hay que marchar le dijo una y mil veces a todos sus equipos de gobierno, de manera persistente, firme, sin vacilaciones y sin importar dónde y quienes sean los que pudieran manejarla y estimularla. Ciertamente, él jamás perdió ocasión alguna para exigir, además, la mayor atención y el mayor rigor a todos los venezolanos para que nos mantengamos vigilantes y muy atentos para impedir que aquellos que han decidido cabalgar en el marco de esas condenables desviaciones, exigiendo y cobrando comisiones "aquí, allá y acullá" o actuando a la libre y sin concierto con la línea gubernamental, hagan de las suyas.

Hay que actuar ya y a fondo. Debemos ganar esa batalla y para ello se impone el concurso honorable de todos, empezando, -obviamente- por quienes tienen bajo su responsabilidad los organismos del control público, los cuales deben asumir con toda valentía y rigor, la gerencia de esa batalla que muy seguramente será cruenta, pero que no podemos ni debemos evadirla.

Es demasiada importante y aleccionadora la detección de graves irregularidades en nuestra primera industria PDVSA por parte de la Fiscalía General, hoy en manos del poeta Tarek William Saab, las que en su momento habían sido advertidas a la anterior titular del cargo, la Dra. Ortega Díaz, por parte del Presidente Maduro, a quien le habían hecho llegar fundadas sospechas de ellas, pero que, de acuerdo al nuevo Fiscal, la señora Ortega optó por engavetarlas y utilizarlas para el chantaje, al punto de que -así lo informó él al país- montó en la Fiscalía una red de extorsión que manejaba su esposo el diputado Germán Ferrer, con la complicidad de bufetes privados y cobraban en dólares las no imputaciones por delitos que estaban suficientemente probados en autos, a partir de suficiente documentación irrebatible y que ahora todo ha sido corroborado por confesiones de sujetos que han sido detenidos por esas causas...

Pero reiteramos, no sólo es el Presidente de la República quien tiene la responsabilidad de denunciar aquello que anda torcido en el tema del manejo de recursos públicos, es a todos y cada uno de los venezolanos y extranjeros que han resuelto adoptar nuestro suelo como su lugar de residencia, los que tenemos igualmente esa responsabilidad y de no cumplirla, no solamente estamos siendo cómplices de esos delitos, sino que nos convertimos en sujetos proclives a que seamos incriminados por ello…

No tenemos ninguna duda de que el pueblo organizado es mucho lo que puede aportar para garantizar el triunfo en esa contienda, pero sólo y sin el apoyo decidido, insistimos en ello nuevamente, de las Instituciones del Control Público y aquellos que integran el sistema de justicia, sus esfuerzos serán en vano…

Esta es una reflexión que nunca perderá actualidad, de manera que sobre ella jamás dejaremos de cabalgar y menos en nuestro caso particular, sencillamente, porque estuvimos al servicio del control de los dineros y bienes públicos por más de 32 años, de los cuales casi 25 desempeñando relevantes posiciones de gerencia en la Contraloría General de la República (1961/1985), por lo que en esta prédica no habrá de nuestra parte descanso alguno, mientras tengamos vida…!!!

Nota:

(*) Se han hecho éstas prácticas demasiado asquerosas, a la luz del día, como parte de una rutina que sus protagonistas ya no piden la coima como una "ayuda" o una "colaboración". No, van directo al grano y la exigen, porque de lo contrario no prestan el servicio y debido a la dificultad para conseguir hoy en día dinero en efectivo, dan sus datos personales al ciudadano que ha solicitado el servicio público y hasta el número de sus cuentas bancarias para que se las transfieran allí...