Hemos escrito y dicho siempre con mucha persistencia que la prédica anti-corrupción debe ser una constante, así como los esfuerzos que se hacen para que se adopten rigurosos mecanismos de control interno a todos los niveles de la propias instituciones del Estado, como buenas fórmulas para contrarrestar todo intento de apropiación y dilapidación de los dineros públicos, pero igualmente hemos sostenido con la misma vehemencia que esas actividades no son nada suficientes en tanto quienes han venido siendo señalados como responsables directos en cientos de estafas cometidas al Estado en sus diferentes aparatos administrativos, como ha ocurrido con los casos escandalosos del complejo azucarero “Ezequiel Zamora” de Barinas, el del Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade) y el de la empresa Microstar con los 37 millones de dólares de CADIVI, entre otros muchísimos más, continúen disfrutando de la vida felices y muy contentos como sino hubieran roto un plato y a lo mejor con todos sus asuntos personales y familiares en regla, de manera que si por mala suerte sienten que los ha empezado a rondar la mano de la justicia, puedan salir del país sin mayores problemas, como ocurrió con el magistrado Velásquez Alvaray, quien a raíz de las graves acusaciones que se le hicieron por el pago de abultados sobreprecios en la compra de edificaciones para las sedes judiciales, optó por irse del país y así cuajarse de la risa del sistema judicial venezolano, con el agravante de que fue él, precisamente, quien impulso la reforma de su aparato burocrático dizque para eliminarle los vicios que venía arrastrando del pasado.
De manera que si bien es importante al discurso contra el flagelo de la corrupción y la instrumentación de estrictos controles internos, es imprescindible despertar de su sospechosa apatía e indolencia a los organismos jurisdiccionales encargados de imputar y sancionar tan graves delitos, pues no puede ser que por su culpa la Venezuela que avanza hacia estadios de mayor progreso y bienestar para todos, según lo atestiguan las cifras de su desempeño en casi todas las áreas de la economía, tenga que soportar tanta irresponsabilidad que no hace otra cosa que contribuir a que prosiga campante la impunidad, quizás uno de los mayores males que ha heredado el país de la Cuarta República.
El presidente en su programa del pasado jueves llamó a “enfrentarse a muerte contra la corrupción”, lo cual aplaudimos con todo entusiasmo, pero mientras no se enrolen en esa dura lucha los organismos jurisdiccionales competentes, todo esfuerzo que se haga en esa dirección será irremediablemente perdido.
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