Hace algunos días me detuve a observar y analizar la actitud de los principales voceros sobre la denuncia de la venta ilegal de material estratégico (chatarra) en la alcaldía de Cabimas y llegué a la conclusión de que tenían poco o nada que aportar como elementos de prueba y la "focalización" de la Contraloría Municipal en la Dirección de Transporte.
Lo anterior me hizo suponer que era la justificación exacta para sancionar al funcionario encargado de esa dependencia liberando de responsabilidades al alcalde pero se les olvidó un detalle, tengo en mi poder el inventario de bienes muebles e inmuebles del municipio y conozco el historial del mismo desde la fundación de la alcaldía.
Por esta razón he decidido producir un documento y publicar el inventario de bienes muebles e inmuebles que le recibió el alcalde el pasado 10 de diciembre de 2021, dejando constancia de que ellos, el gobierno Municipal que asumió ese día, tuvo un lapso de 120 días hábiles para verificar y actuar legal o judicialmente sino estaban conformes pero ese periodo se venció en abril.
Otro detalle que muchos ignoran, muchos alcaldes en gestiones anteriores y a nivel nacional han realizado subastas, donaciones y comodatos cumpliendo los procedimientos pautados por la Contraloría General de la República mediante la Publicación 21 sobre el manejo contable de Bienes Muebles e Inmuebles pero lo que echa por el fango el intento desesperado de los asesores del alcalde por justificar la acción ilegal es la vigencia del Decreto Presidencial sobre el manejo del material estratégico (chatarra) que las alcaldías, gobernaciones y demás dependencias de la administración pública central deberían poner a disposición de la Corporación Ezequiel Zamora.
Cómo dije al principio, me aparte para observar y evaluar pero llegó la hora de salir al ruedo con las pruebas en la mano.
El inventario de los bienes recibidos por el alcalde en diciembre de 2021 son una prueba contundente ya que se demostrará el faltante en todas las direcciones y paramunicipales que justifican la acción del Ministerio Público y la sanción condenatoria del tribunal competente.
"Porque no pueden echarle cuentos a quien escribe historias".
