El presidente Nicolas Maduro recientemente propuso incorporar, mediante una Reforma Constitucional, la pena de cadena perpetua para quienes en el desempeño de cargos públicos incurran en hechos de corrupción.
Después de más de un año del “Caiga quien Caiga” luce desacertado, por decir lo menos, que a pocos días de presentar al “jefe de la banda”, junto a algunos de sus cómplices, que desfalcaron a PDVSA la respuesta del presidente sea apenas poner sobre el tapete una propuesta política como lo es una Reforma Constitucional como solución al problema de la corrupción en el país. Mientras nada se nos informa sobre el dinero desfalcado, incluso hay opacidad sobre la cuantía de los montos desfalcados a la Republica. Aparte de los relatos de la Fiscalía, que no goza de la credibilidad que el caso amerita, hay mucho que informar sobre una trama de corrupción que durante años se cebo en las arcas públicas.
Basta un ligero vistazo a las redes sociales para recordar que desde el año 2013 (hacen ya 11 años) un notable periodista denunciaba públicamente al entonces poderoso Tareck El Aissami, acusándolo de corrupto.
Tampoco se dice nada sobre aquellos que con vínculos públicos y notorios con el Sr. El Aissami, aun desempeñan cargos de relevancia en instituciones del Estado, siendo el caso mas notable el del actual Presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea.
Sin pretender desconocer que las responsabilidades en hechos de corrupción son absolutamente individuales, como lo establecen las leyes, no es menos cierto asumir que la naturaleza mafiosa con la que operaron los corruptos en el desfalco a PDVSA, obliga a sospechar de todos los que mantuvieron estrechos vínculos con los hoy procesados.
No plantear una intervención inmediata y la respectiva depuración en las instituciones que fueron objeto del desfalco arroja serias dudas acerca de que realmente se estén llevando a cabo acciones serias dirigidas a enfrentar los vicios y corruptelas.
Alguien recuerda que la Asamblea Nacional, a los pocos días del “caiga quien caiga”, discutió y aprobó por mayoría una Ley Orgánica de extinción de dominio, ¿para que ha servido esta ley?.
Es sospechoso que no se haya anunciado, ni antes ni ahora, que muchas instituciones del Estado han sido intervenidas, de pie a cabeza, a los fines de desmontar el viejo entramado que por años se construyo bajo el ala de un “alto dirigente del Partido” que ocupo durante muchos años altos cargos públicos.
Hay que ejercer acciones reales y contundentes contra la corrupción, no hacen falta nuevas leyes, ni inventar el agua tibia para luchar contra corruptos que desfalcaron al Estado. No son soluciones para el futuro que demandamos los venezolanos, son acciones y resultados concretos que esperamos ansiosos que dejen claro que quienes cometan actos de corrupción recibirán castigos ejemplarizantes.
Lo que ocurrió en PDVSA no debería ser tratado desde un enfoque electoral, porque la lucha contra la corrupción debe ser asumida frontalmente, más allá de las diferencias ideológicas y partidistas. No puede haber “corruptos buenos” (los de mi partido) y “corruptos malos” (los del partido contrario).
