Para ser funcionario público de carrera no necesariamente hay que ser simpatizante del gobierno, ni aspirante a ser miembro del PSUV que está en plena construcción como palanca indispensable para la consolidación y garantía de éxito hacia el socialismo el Siglo XXI, pero en paralelo a esa afirmación se hace necesario precisar de forma muy contundente para que no hayan confusiones de ninguna índole, que así como estamos convencidos de que ese tema burocrático no debe ser manejado de otro modo, también lo estamos en cuanto a que una cosa es eso y otra es que se admita y se tolere que no lo sean aquellos servidores del Estado que ocupan cargos de gerencia y/o de coordinación a todos los niveles.
Estamos absolutamente convencidos de que esas posiciones tenidas como de “confianza”, sobre las cuales descansa la inmensa responsabilidad de la ejecución de las políticas gubernamentales, solamente pueden ser desempeñadas por gente comprometida con el proceso revolucionario, como única garantía para impedir que se promuevan en el seno del gobierno sabotajes, actos de corrupción, enredos y complicaciones en los procedimientos que impongan posponer y hasta impedir que políticas acordadas en los más altos niveles de los estamentos del Estado, sean ejecutadas, así como para que queden sin sanciones conductas reprochables en el manejo de fondos públicos. El reciente informe del Contralor a la Asamblea Nacional, correspondiente a su gestión del pasado año, registra más 4 mil doscientas obras públicas paralizadas, de las cuales un alto porcentaje es muy posible que lo estén por causas originadas en el sabotaje de esa “quinta columna” y el Fiscal Rodríguez, por su parte, al comparecer al mismo poder legislativo soltó una noticia que nos impactó: su despacho solamente recibe en el año no más de 8 o 10 expedientes administrativos del órgano contralor, lo cual resulta increíble.
La política sectaria de exigir carné de militancia partidista o la recomendación de un alto jefe “político” fue una constante durante los cuarenta años de la cuarta república para el ingreso a cualquier nivel burocrático de la administración del Estado, por más insignificante que pudiera haber sido el cargo. Se dieron casos donde fue posible sortear esas iniquidades, pero, de seguro, sus cifras no lo fueron nada significativas.
Para el desmontaje de esa burocracia obstruccionista y golpista basta que haya la voluntad patriótica de hacerlo y en un revolución es inaudito que falle esa voluntad, pues existen vías legales bien expeditas para ello a partir de, por ejemplo, las reestructuraciones que facilitan sin mayores complicaciones el despido de ese tipo de personal que pueda sentirse atornillado y además “guapo y apoyado” al amparo de la ley de carrera administrativa.
Hemos dicho reiteradamente que los funcionarios de bajo rango, es decir aquellos que no tienen atribuciones de decisión pueden pensar políticamente como quieran, pues ese derecho se los garantiza la Constitución Bolivariana, aun cuando es necesario precisar igualmente que por ello jamás podrán dejar a un lado sus obligaciones como trabajadores responsables y convertirse en boicoteadores de oficio, pues de ocurrir, las normas también contemplan sanciones severas que incluyen hasta la destitución si se les comprueba la desidia, la irresponsabilidad reiterada o el desempeño descarado en favor de un proselitismo que atente contra las instituciones de la democracia.
Es inadmisible que los saboteadores al servicio del golpismo continúen haciendo de las suyas en el Estado disfrazados de rojo. Se impone que estemos alertas para denunciar todo tipo de chantaje que pretenda en nombre de la propia democracia y la revolución, la consolidación de una importante fuerza opositora en el propio seno del gobierno.
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