Hemos sido persistentes a través de los años en la prédica de que la corrupción hay que atacarla sin piedad, provenga de donde provenga, independientemente del poder político o económico que tenga la persona o los grupos que sean señalados como incursos en delitos contra la cosa pública.
La experiencia que hemos acumulado en el área del control por haberle servido por muchos años (1961/85), nos indica que, ciertamente, la tarea de enfrentarla no es fácil, sencillamente porque quienes incurren en tales delitos no dejan huellas. Hacen hasta lo imposible para borrar cualquier evidencia que los pueda incriminar, por lo que hemos estado sugiriendo en esa prédica que una política anticorrupción tiene, necesariamente, que contemplar no solamente la posibilidad de aceptar la denuncia, de cualquier tipo, como indicio o presunción de un hecho irregular, cuya investigación determinará si es no falsa, sino que los órganos contralores responsables actúen de inmediato por “notitia criminis”, pues ambas cosas coadyuvan objetivamente en una lucha efectiva contra los corruptos.
Damos testimonio de que en un alto porcentaje las investigaciones que debieron abrirse en la Contraloría durante el lapso que ejercimos allí funciones fiscales, fueron impulsadas por escritos anónimos y en muchas ocasiones por denuncias formuladas a través de los medios de comunicación, quienes para entonces no era extraño que algunos cumplieran con el rol de informar con objetividad, veracidad y ética.
De un significativo porcentaje de averiguaciones así abiertas, recordamos que la mayoría arrojó claras evidencias de actos de corruptelas de muy diversa índole. Claro, es interesante resaltar que al final casi nadie de los que resultaban involucrados eran sancionados o cuando mucho el que lo era, se le declaraba sólo “responsable en lo administrativo”, pues las sanciones penales que de ello se generaban, se quedaban en el camino en expedientes que eran escondidos (o extraviados) por presiones de padrinos y compadres de alto coturno, hasta que les llegara la prescripción, tanto en las propias instancias de la Fiscalía, como en los Tribunales. Recordamos pocas multas y ninguna inhabilitación.
Esta política anticorrupción que propugnamos apuesta a enterrar esas perversiones y complicidades del pasado, siempre y cuando se adopten las previsiones necesarias de manera de garantizar que no se desvíe en sus propósitos por presiones de ninguna índole. Para nadie es un secreto que cuando la política en letra minúscula interfiere en las investigaciones, todo termina en una confusión de tal magnitud que al final sale triunfante la malhadada impunidad y los ladrones continúan haciendo de las suyas en otras áreas de la administración pública, donde –por seguro- logran pasar desapercibidos.
Es necesario que todos quienes sentimos verdadera y auténtica preocupación por el país y sus gentes, hagamos de esa lucha una bandera común, pues el corrupto no debe tener cabida en ninguna organización social de Venezuela, cualquiera sea su estructura o sus objetivos y, ¡ojo…!, no olvidar que junto al funcionario delincuente operan sujetos externos que actúan, generalmente, por mandato expreso de las empresas y corporaciones a las cuales les prestan sus servicios, muchas de ellas, por cierto, de muy alto vuelo. Sobre ellos, obviamente, también debe caer todo el peso de la ley.
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