Quizás alguien de la audiencia pueda presentar alguna evidencia de experiencias de contraloría social exitosa en algún ámbito. De seguro, no será fácil conseguir estas experiencias, especialmente en nuestro Estado Mérida. Es claro que existe una gran brecha entre lo que ofrece la teoría y lo que nos entrega la práctica en este respecto.
Cada dependencia pública, comenzando por el ejecutivo nacional, pasando por todas las instancias nacionales, regionales, municipales y hasta comunitarias, pueden ser objeto de la acción popular que garantice el sano y transparente ejercicio de las mismas. Es más, la contraloría social está llamada no sólo a regular el desempeño de los funcionarios públicos y las dependencias del Estado, sino que debe convertirse en el centro de regulación de las relaciones económicas, tal como fue discutido en el número anterior de Sindéresis.
La contraloría social habrá de convertirse en el principal ejercicio democrático. Atrás quedará la idea de que la soberanía de un pueblo se restringe a participar con los votos en los procesos quinquenales, como ocurría hasta hace muy poco en nuestro país. El verdadero gobierno del pueblo se establecerá cuando los servidores públicos no sean más que eso y cuando el pueblo tome consciencia de su papel en la sociedad.
Apartando la utopía anarquista de la superación de la necesidad del Estado, en la sociedad deben establecerse controles de distinta naturaleza. Cada entidad o funcionario debe ser controlado en principio por sí mismo, luego por la contraloría administrativa, por el control político–parlamentario al nivel legislativo que corresponda, por los controles policiales y judiciales, y por el control popular. Hoy por hoy, el control popular está prácticamente restringido al voto premio o castigo a los ejercicios previos o presentes de los funcionarios en términos de elecciones o referendos. Sin embargo, el auténtico control popular debe tener un carácter más directo y profundo.
El verdadero control popular debe apoyarse primero en la difusión de la información sobre el funcionamiento de las dependencias del Estado, lo que ha sido denominado Gobierno Electrónico. No se trata tan sólo de proveer a las instancias gubernamentales de instrumentos informáticos para su mejor manejo administrativo, sino que se trata que a través de las tecnologías de información y comunicación el Pueblo conozca lo que allí se hace.
Más allá de estar informado, el Pueblo debe participar en las decisiones más importantes. Dentro de estas, la definición del presupuesto debe ser auténticamente participativa y en tal sentido deben instrumentarse mecanismos para recoger el verdadero sentimiento popular.
Por otro lado, no tiene sentido hablar de control si no se pueden establecer acciones correctivas tras diagnosticar desviaciones en el desempeño de funcionarios y dependencias. La verdadera contraloría social ocurrirá cuando se ejerza un verdadero impacto sobre las decisiones administrativas y judiciales y sobre la reducción de la corrupción administrativa y el incremento de la eficiencia y eficacia gubernamental.
Tal como se ha venido precisando en las últimas discusiones sobre estrategia socialista, es necesario enfocarnos en cinco aspectos para consolidar el poder popular: información, conocimiento, organización, capacidad de negociación (o en este caso presión) y consciencia del papel fundamental en la sociedad. Dentro de estos, hay que destacar la importancia de la organización. No se puede clasificar como contraloría social las acciones ejercidas por individualidades. En todo caso los individuos pueden tener suficiente liderazgo para activar determinados mecanismos de control que permitan realizar correctivos. Sin embargo, la verdadera contraloría social debe tener una conformación organizacional que se corresponda al alcance y jurisdicción de la dependencia a controlar. Si se trata de establecer contraloría social sobre las autoridades de la Universidad de Los Andes, por ejemplo, entonces los universitarios ulandinos deberán organizarse para tener progresivamente mayores niveles de información, conocimiento sobre la labor de las autoridades, y capacidad de ejercer acciones efectivas. En otro ejemplo, si se quiere establecer contraloría social sobre el Presidente de la República, es necesario que una basta red de ciudadanos venezolanos nos pongamos de acuerdo para ejercerla. Esto puede sonar como una posibilidad remota, pero se hará realidad en la medida que el pueblo vaya ganando poder.
Una red popular de contraloría social es fundamental dentro de este proceso. En estos momentos se están dando tímidos pasos para conformar una red de control de precios y abastecimiento en el mercado merideño. No obstante, hace falta retomar la idea de la sinergia cibernética (planteada en otra edición de Sindéresis) y poner la tecnología al servicio del pueblo. La verdadera esencia del socialismo del Siglo XXI está en su carácter profundamente democrático en el sentido del protagonismo popular, a diferencia de las versiones socialistas anteriores que colocaban el énfasis en el control absoluto del Estado sobre la sociedad. Dentro de este marco, el papel del Estado Socialista es el de fomentar el poder popular, comenzando por proporcionar tecnologías con una visión emancipadora.
Finalmente, se hace necesario que se abandone la retórica hueca de hablar del ejercicio real de la contraloría social en el presente. Con afiches y grafitos donde se muestra un Pueblo contento por que está ejerciendo contraloría social no vamos a cambiar la realidad. El burocratismo y especialmente la corrupción están mellando la creencia del pueblo en el gobierno y consecuentemente en el proceso. Está claro que la salida de estas perversiones no se encuentra dentro del mismo aparato estatal. Sólo el pueblo salva al Pueblo y el Pueblo exige protagonismo.
Miembro del Foro Socialista de Ingeniería
pachano@ula.ve"
