A raíz de la decisión del Ministerio Público de solicitar una medida privativa de libertad contra el Alcalde de Maracaibo Manuel Rosales, la oposición lejos de asumir una conducta ética, apegada a las más elementales normas de la moralidad, acorde con los valores y principios del humanismo, arraigados ancestralmente en las tradiciones del pueblo venezolano, asume automáticamente una suerte de solidaridad que deriva en complicidad con la corrupción administrativa que se le imputa al Alcalde de Maracaibo. Este comportamiento anómalo nos llama a la reflexión ya que una de las tantas motivaciones que tuvo el pueblo venezolano para despertar tras la clarinada del 4F, fue el deterioro ético y pérdida de la moral pública.
Por lo cual inferimos que no aprendieron la lección y en vez de corregir, demuestran una exacerbada simpatía a la corrupción apoyando con sus declaraciones el enriquecimiento ilícito de Manuel Rosales, que motivó la decisión de la Fiscalía. Es importante acotar que ésta decisión se produjo en virtud del contenido de la Declaración Jurada de Patrimonio presentada ante la Contraloría General de la República por el propio Rosales y al hacerle la verificación patrimonial se determinaron insustentables los niveles de enriquecimiento en comparación con las remuneraciones recibidas por el Gobernador del Zulia para ese entonces, lo que ratifica que la imputación del delito de enriquecimiento ilícito contenido en el Art.73 de la Ley Contra la Corrupción, se hace por confesión de parte ya que la Declaración Jurada fue consignada y firmada por él mismo y dicha imputación y comparecencia ante el tribunal de la causa, es para que justifique ese incremento patrimonial desproporcionado.
En una sociedad democrática, esta acción se asume como un acto de control fiscal y jurídico y la oposición mediática venezolana en vez de asumir una postura seria en la lucha contra el flagelo de la corrupción y dejar que las instituciones cumplan su rol dentro del Estado, inician una campaña comunicacional denunciándolo como: Un atentado a la democracia o acto de persecución política bajo la egida de que hoy es Rosales y mañana pueden ser ellos, confesión ésta que deja implícita su relación con actos de corrupción y temor a ser descubiertos.
Debemos recordar que esta actuación encubridora de delitos no constituye un hecho aislado en la oposición, pues tenemos otros aborrecibles actos donde se ha comportado igual, como son los casos de: La violación de Nixon Moreno a la funcionaria policial de Mérida Sofía Aguilar; la apropiación de millón y medio de dólares por parte de Tobías Carrero y Luis Miquilena que fueron donados por el banco BBVA para la campaña presidencial de 1998 del para entonces candidato Hugo Chávez; los comisarios Simonovis, Forero, Vivas y ocho policías metropolitanos imputados por homicidio calificado y lesiones graves durante el golpe del 11 de Abril; la protección a un grupo de militares activos a quienes les encadenaron sus medios de comunicación para que llamaran a la FAN a levantarse en armas contra el gobierno del Presidente Chávez; el asedio a la Embajada de Cuba perpetrado por el gobernador de Miranda Capriles Radonski. En fin son innumerables los casos donde el opocisionismo venezolano no asume una conducta ética y moral para lograr así la tan cacareada reconciliación, metiéndose de una vez por todas por el redil de la democracia con actitud seria, siguen en contubernio contra los supremos intereses de la nación con doble moral, asumiendo un flaco servicio a la búsqueda de la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
pedrocarrenoe@gmail.com
