El heroico pueblo venezolano consciente del irreductible compromiso que tiene de darle perdurabilidad a la memoria y el legado de nuestro comandante eterno, estableciendo como premisa para lograr la suprema felicidad social, terminar con el capitalismo y construir el socialismo bolivariano, para acabar con la pobreza e implantar la justicia social. Ha decidido apoyar hasta con su vida si fuese necesario al compañero presidente Nicolás Maduro en esta batalla contra la derecha internacional y sus cipayos radicados en el país, a quienes les cabe perfectamente el calificativo de anti-venezolanos.
Es así como la derecha parasitaria, inmoral y antidemocrática, ante la imposibilidad de lograr el poder por la vía electoral y habiendo fracasado en su obcecado intento de posicionar la manipulada tesis de fraude del 14 de abril, se monta bajo la dirección del Caín de América, el narco-paramilitar Álvaro Uribe Vélez y supervisión de la embajada de los Estados Unidos en Caracas, en un plan golpista utilizando la estrategia de “Golpe suave” la cual a través de métodos no violentos, busca crear ingobernabilidad aplicando operaciones psicológicas y boicots económicos, para generar sistemáticamente el quiebre de la patria.
Acompañado por otro siniestro plan faccioso diseñado por la empresa Otto Reich Consulting, financiado por el agiotista banquero Oscar García Mendoza a través del asistente de Reich, Ezequiel Vásquez, vinculado al periodista argentino que estuvo preso en Venezuela por espionaje Jorge Lanata. Donde se establecen las acciones de la guerra psicológica y desprestigio internacional contra el gobierno bolivariano.
Ante este escenario insurreccional, la oposición juega a dos carrillos; por un lado busca materializar un criminal golpe de estado, y si no, generar las condiciones subjetivas para cobrar con réditos electorales el 8D. Es que el presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión de implementar un régimen de inspección a los distintos expendedores de bienes y servicios, quienes a través de la usura, la especulación y el acaparamiento atentan contra el salario del pueblo venezolano, mientras los medios de la derecha acuñan la matriz de opinión, que ello obedece al incremento de la inflación.
Surge así la imperante necesidad de aprobar una Ley Habilitante, que faculte al presidente Nicolas Maduro para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley que le permita hacer frente a la guerra económica desatada contra la patria y diseñar una sólida legalidad para actuar sin dilación, impidiendo que los corruptos y corruptores sigan desangrando a Venezuela, logrando así implementar la ética en el ejercicio de la política y la transparencia e integridad en el manejo de los fondos públicos para afianzar la liberación nacional de nuestro pueblo.
