Como habían previsto el 27 de febrero distintas organizaciones se concentraron en la Plaza Parque Carabobo (27-F... A 24 años del Febrero Rebelde: Nos concentramos a las 10 ...) e introdujeron ante la Fiscalía General de la República un documento firmado por los asistentes a la concentración donde exigieron a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz que se activen los juicios y se produzcan sanciones judiciales contra los responsables de la masacre de febrero de 1989  y, a su vez, solicitaron se abra una investigación y se designen Fiscales Especiales para auditar el desfalco que se hizo contra la Republica por hechos vinculados al régimen cambiario.   A las 2:00 p.m. una comisión conformada por Jairo Hernández, Iris García,  Zulay Gavidia, José Pereira y Eduardo Samán, miembros del equipo promotor del Encuentro Nacional del Pueblo Bolivariano en Lucha, fueron recibidos por el Director General contra la Delincuencia Organizada: Dr. Alejandro Castillo y la Directora General contra la Corrupción: Dra. Neida Rodríguez, quienes recibieron el documento con las exigencias y se comprometieron a nombrar los Fiscales Especiales para iniciar la investigación y, a su vez,  manifestaron que la misma quedaba abierta para introducir nuevos elementos probatorios que se irán acumulando en el expediente a fin de avanzar a los procesos judiciales del caso y donde se producirán las sanciones a que den lugar.

Por otra parte, para el día de hoy viernes, a las 5:00 pm en Catia TV, están convocando al balance de la concentración del día 27 de febrero y debatir sobre las tareas pendientes sobre el Encuentro Nacional y las que se derivan de la exigencia hecha a la Fiscalía General de la República.

A continuación el documento introducido en la Fiscalía General de la República y más adelante las gráficas del Conversatorio Popular que estaba previsto para ese día:

Caracas, 27 de Febrero de 2013

Ciudadana

Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela

Dra. Luisa Ortega Díaz

Su Despacho.-

Nosotros,  hombres y mujeres de nuestro pueblo, miembros del poder popular, actuando de conformidad con los principios de corresponsabilidad establecidos en el nuevo modelo de Estado Democrático de Derecho y de Justicia plasmados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acudimos a su competente autoridad  a fin de denunciar los graves hechos que a continuación señalamos:

LOS HECHOS:

En fecha 8 de Febrero 2013, Ministros del área económica del Gobierno Bolivariano, Jorge Giordani y Nelson Merentes, anunciaron a través de los medios de comunicación en cadena nacional un conjunto de medidas en materia económica y financiera, dentro de las cuales destacó por su gran impacto en la economía venezolana el denominado: ajuste cambiario, de US$ 4,30 a US$ 6,30 con el consiguiente impacto en el valor real de la moneda de curso legal: El Bolívar.  Tales hechos a juicio de las organizaciones y firmantes que suscriben la presente denuncia, no pueden ser analizados en forma aislada sino en el contexto de la excepcional coyuntura política y social que atraviesa nuestro país, especialmente por los quebrantos de salud que atraviesa nuestro líder y presidente HUGO CHAVEZ FRÍAS.  En tal sentido las medidas anunciadas en tanto afectan el poder adquisitivo del venezolano y el deterioró la moneda nacional, además actúan como catalizador del incremento exponencial de los niveles de inflación con la consabida incidencia en el salario y el poder adquisitivo del pueblo que solo vive de su trabajo (fenómeno que había sido controlado bajo los lineamientos impartidos por nuestro Presidente a su gabinete económico con las medidas de control de cambio vigentes desde 2010).

Resulta un hecho notorio y comunicacional la presencia de “mafias” y/o grupos económicos y financieros que han “crecido” a la sombra del mercado paralelo de divisas, desnaturalizando la esencia de un régimen de control de cambios en el cual se busca proteger al Estado y al Patrimonio Público de la fuga de capitales y darle prioridad a ciertas rubros esenciales de la economía que mejoren la existencia de las condiciones de vida de la población, creando a tal efecto organismos especializados  como CADIVI y el SITME que debían trabajar mancomunadamente con el Banco Central de Venezuela y otros entes públicos para el cumplimiento de sus objetivos: lo cual a todas luces se incumplió y así se evidencia de las declaraciones de los distintos voceros de nuestro gobierno, quienes entre otros argumentos han expresado que no hubo control posterior al otorgamiento de las divisas por parte del órgano administrador.  Aunado a esto se  originó una gigantesca ola especulativa en los precios de bienes y mercancías bajo la premisa de compra de dólares en el “mercado paralelo”; por ello se aprecia una grave presunción de comisión de distintos delitos que atentan contra el patrimonio público, el orden económico, financiero del Estado y el salario del pueblo trabajador.  Tales actuaciones de carácter delictivo estarían previstos en distintos cuerpos normativos tales como el Código Penal, la Ley Contra la Corrupción,  Ley de Ilícitos Cambiarios, Ley Contra la Delincuencia Organizada,  Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, entre otros instrumentos legales.

De tal forma, que le solicitamos:

• Apertura de una exhaustiva investigación que contemple la realización de auditorías contables, financieras y fiscales de todas las instituciones financieras, personas jurídicas y naturales que hayan solicitado en forma continuada divisas para la importación de bienes de consumo y de capital así como también cualquier otro concepto y que se pueda evidenciar el uso y el fin de las divisas autorizadas por el ente rector.
• Establecer la vinculación de empresas y personas naturales relacionadas con un mismo grupo económico, que se determine los beneficiarios, montos y frecuencia  de las solicitudes aprobadas y transferidas y su relación con la importación real de bienes y mercancías.
• Establecer la cuantía y mecanismos legales para resarcir el daño patrimonial ocasionado al país, del cual como venezolanos y venezolanas somos víctimas directas.
• Sea investigada la actuación de todos los funcionarios públicos que pudiesen estar involucrados en procesos funcionales y operativos  en calidad de autores, cómplices o encubridores  de los delitos que resulten de la investigación.
• La designación de un grupo de Fiscales Especiales para el conocimiento de la presente denuncia.

Finalmente y amparados en el Artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reza: "la Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho", y en el Artículo 62 que establece: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”, esperamos de Usted la mayor celeridad y esmero en la investigación que solicitamos a objeto de que no quede impune esta nueva estafa, que por las declaraciones públicas de funcionarios del gobierno, constituyen un atentado contra el Patrimonio Público de Venezuela.

Por otra parte, a veintisiete (27) días del mes de febrero del 2013 y a 24 años de la Jornada Rebelde y Febrerista de 1989, la exhortamos igualmente a que de manera detallada presente ante el Pueblo de Venezuela una balance público de la actuación de la Fiscalía General de la Republica sobre los hechos acecidos durante el mes de febrero de 1989, prolíferamente denunciados por organismos de derechos humanos, que no han avanzado en sanciones ejemplares contra los perpetradores de la conocida masacre  referida y que requieren de su actuación para no dejar impune los hechos criminales que impactaron a la comunidad nacional e internacional durante aquellos momentos.

A la espera de su más diligente actuación: