Domingo, 02 de octubre de 2016.- Gustavo Márquez fue directo al meollo del asunto cuando le preguntamos que hacía por los predios del TSJ: Vengo conjuntamente con la plataforma por la nulidad del decreto del Arco Minero para solicitar que se movilicen las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, concretamente que se dicten de una vez las medidas cautelares para paralizar este exabrupto, que sin duda no tiene parangón en la historia de Venezuela.
Se trata pues de un decreto que prácticamente hace una apertura minera a la gran minería que va a operar 111800 Km2 que incluyen los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas y que va a desarrollar de manera intensiva y extensiva la gran minería, que como sabemos produce daños irreversibles en los ecosistemas, destruye las fuentes de agua, los ríos.
La represa del Guri va a ser muy afectada con la sedimentación y la merma de agua que precisamente tributan todos estos ríos que van a ser prácticamente destruidos con este sistema que remueve toda la tierra, toda la capa vegetal, destruye los bosques húmedos y eso es irreversible, no van a poderse reponerse en el futuro porque se trata precisamente de una gran riqueza de biodiversidad, de un sistema que produce el agua que hace que Venezuela sea el décimo país con mayor potencial de agua dulce en el mundo y esa es la gran riqueza nuestra.
Detrás de este proyecto lo único que hay es la ampliación del extractivismo primario exportador que va a profundizar el rentismo y que va a hacer mas dependiente a Venezuela.
La Constitución es muy clara, tienen que hacerse los estudios de impacto ambiental , tienen que además hacerse los estudios de impacto sociocultural, porque en esos espacios habitan poblaciones indígenas.
Las condiciones de estas contrataciones realmente son inéditas, en América Latina no existen, se está desmontando la Constitución, las leyes de ambiente, la ley que protege los derechos de los pueblos indígenas, la Ley de Contraloría, porque estas empresas mixtas en las cuales el Estado va a tener la mayoría, sin embargo van a gozar del privilegio donde el 45 % de la transnacional va a permitir que prácticamente tengan una normativa que prácticamente deroga o elude el control de la Contraloría General de la República.
Lo mas grave de todo es que aquí se criminaliza prácticamente la protesta, se levantan los derechos fundamentales, porque por ejemplo, los pueblos, los ciudadanos que protesten en contra de estos desmanes de la megaminería no van a poder hacerlo porque van a ser perseguidos por los cuerpos de seguridad, se trata de un territorio que va a ser militarizado, prácticamente descolgado del mapa del territorio de Venezuela.
Nosotros aspiramos que el tribunal Supremo de Justicia se pronuncie, que tome las medidas cautelares, que asuma su responsabilidad histórica porque no es cualquier cosa lo que tiene entre manos.
Tenemos que organizarnos para avanzar y luchar y evitar que se adelante este proyecto que destruye el patrimonio natural y cultural no solo de esta generación sino de las generaciones futuras.
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