05-04-22.-«El patrón común que tienen los casos de militantes comunistas asesinados en el país es que todos eran dirigentes sociales y habían denunciado mafias e irregularidades en sus municipios», afirmó Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela en el programa Vox Populi del connotado periodista Manuel Isidro Molina, transmitido por Radio 1(1340AM) y el Circuito Caribe.
Molina invitó al diputado del Gallo Rojo a su espacio para conversar acerca de lo que denominó como una «cacería» de militantes comunistas en Apure donde en menos de tres meses han ajusticiado a dos cuadros del PCV.
El Ministerio Público no se ha pronunciado oficialmente ni ha iniciado una investigación al respecto aunque, tras un plantón organizado por el PCV para exigir justicia frente a la sede la fiscalía, una funcionaria recibió a una delegación de esa organización política.
«Hemos solicitado una reunión al Fiscal General Tarek Willian Saab para plantearle nuestra posición y no ha sido posible. En siete años nos han asesinado a cinco militantes y uno se encuentra desaparecido. No tenemos información de que se haya abierto investigación en ningún caso y mucho mesnos de algún avance. Todos estos crímenes contra cuadros comunistas permanecen impunes», destacó Figuera.
Por su parte, Molina abogó porque «se detenga el sicariato de militantes comunistas en Apure donde hay una situación muy convulsa por la extensión del conflicto colombiano a nuestro territorio».
«En la frontera convergen mafias que ejercen distintos tipos de violencia y en algunos casos hay denuncias de complicidad por parte de funcionarios del Estado venezolano que cuentan con padrinos de alto nivel», prosiguió Figuera.
El dirigente comunista advirtió que en Apure hay un enfrentamiento directo entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos armados irregulares colombianos y venezolanos.
Figuera señaló que el comunicador popular José Urbina fue ajusticiado en su casa, casi frente a su familia, recibiendo más de 27 impactos de bala en una práctica que es propia de los paramilitares.
«Hay numerosas denuncias que apuntan a la construcción de alianzas de esos grupos irregulares con elementos del Gobierno. Urbina hizo públicas las amenazas que recibió por parte de un alto oficial de la GNB a quien acusó de crear falsos positivos para amedrentar y violar los derechos de la población de Puerto Páez escudándose en la lucha contra lo que ellos llaman Tancol», explicó.
«El camarada Juan de Dios Hernández, asesinado el 27 de marzo en Apure, era parte del equipo de trabajo social de José Urbina, militaban juntos. En esa región fronteriza hay diversidad de grupos actuando y hay funcionarios cuyo propósito no es la defensa de la soberanía y del territorio sino de sus intereses particulares», subrayó.
«En el Ministerio Público nos recibió una funcionaria que nos aseguró que en estos casos las investigaciones eran difíciles porque los fiscales designados corrían también riesgo. Prácticamente nos manifestó que los poderes que están por encima de estos hechos hacen que las investigaciones no lleguen al nivel que tienen que llegar», finalizó Figuera.
