Las presiones que impone el gobierno pro-imperialista, oligárquico y paramilitar de Colombia, y la intención de mantener “buenas” relaciones diplomáticas con dicho gobierno, han propiciado una situación en la cual el gobierno venezolano se está prestando para la captura y posible extradición a Colombia de Joaquín Pérez Becerra http://www.rcnradio.com/node/83396, activista revolucionario que se vio obligado a recibir asilo político en Suecia desde 1994, en el contexto del exterminio-genocidio perpetrado contra la militancia (revolucionaria) de la Unión Patriótica a finales del siglo veinte en Colombia (para más detalles de dicho contexto revisar la denominada operación “baile rojo”: http://www.youtube.com/watch?v=ODTy894tvmk; entre otros).
Resulta más que contradictorio e incoherente que el que ha desarrollado una política internacional signada por la defensa de nuestra soberanía y de nuestros intereses nacionales, por la búsqueda de la integración solidaria y franca con los pueblos latinoamericanos y caribeños, así como por su explícita oposición al imperialismo, actúe de tal manera.
No vamos a profundizar en el perfil del compañero implicado (algunos artículos lo hacen con suficiencia: http://aporrea.org/internacionales/a121984.html; http://www.corresponsalesdelpueblo.org/venezuela-ex-concejal-de-la-up-perez-becerra-asilado-en-suecia-es-detenido-en-maiquetia#content-top; entro otros), pues dichas publicaciones explicitan el carácter civil y legal de las actividades realizadas por Pérez Becerra, y además, dejan clara su condición de refugiado político y de víctima de una política de terrorismo de estado en Colombia. Tampoco vamos a elaborar una argumentación jurídica (para tal efecto referimos: http://www.aporrea.org/ddhh/a122009.html. En este caso, vamos a exponer algunos apuntes desde lo político-ideológico y desde nuestra posición de clase (sin fraseologías o citas deslumbrantes). Nos vamos a detener en la “nueva política” del gobierno venezolano respecto a su homólogo colombiano, en virtud de sus nefastas implicaciones para el movimiento popular-revolucionario en Venezuela y en América Latina.
Esta “nueva política”, en nuestra modesta opinión, no es acertada en lo absoluto. En primer término, porque pretende establecer relaciones solidarias con un gobierno dirigido por la oligarquía más reaccionaria de la región, que actúa de acuerdo con los intereses del imperialismo norteamericano.
En segundo término, porque dichas relaciones robustecen y legitiman el estado narco-paramilitar y terrorista instaurado en Colombia, al tiempo que constituye una bofetada para la resistencia popular y revolucionaria del pueblo colombiano (sea desde el movimiento civil o desde la insurgencia).
Dicha bofetada no se dirige exclusivamente al pueblo colombiano, sino a todos los pueblos de nuestra América, tal es el caso de la “anécdota” ocurrida en el encuentro Santos-Chávez en Cartagena, donde el presidente venezolano fue víctima de una emboscada (hasta donde sabemos ese punto no estaba previsto en la agenda) y por motivaciones diplomáticas estrechó su mano con Porfirio Lobo, mientras el gobierno de éste ilegitimo masacra estudiantes, docentes, campesinos, obreros y amas de casa en Honduras.
Desde nuestra perspectiva, no es posible mantener relaciones solidarias y francas con el gobierno de Colombia (detallar las razones o las pruebas ameritan un tratado). De ninguna manera es viable y favorable para la revolución bolivariana establecer una cooperación a ciegas con un gobierno que conspira permanentemente contra Venezuela y que ha intentado abiertamente derrocar al Comandante Chávez.
¿Acaso los grupos paramilitares que operan en Colombia no son preparados y dirigidos desde Colombia, con la complicidad e incluso la participación activa de agentes del gobierno colombiano? ¿Por qué el gobierno venezolano tendría que ceder ante el chantaje y ante las acusaciones de cooperación con la guerrilla?
¿En el supuesto que haya indicios de colaboración de agentes de la revolución con la insurgencia colombiana, no hay pruebas de las relaciones entre los grupos paramilitares que asesinan campesinos en nuestro territorio con agentes del gobierno colombiano y sectores de derecha que actúan impunemente en Venezuela?
¿Acaso el chantaje, las acusaciones y el bombardero mediático van a ceder si Venezuela entrega a Pérez Becerra y/o a otr@s? ¿Acaso el gobierno colombiano coopera para repeler el accionar de los grupos paramilitares contra el pueblo y contra la revolución?
¿Santos entregará a Pedro Carmona Estanga? ¿Qué haría el gobierno colombiano si tuviera detenido a Posada Carriles, lo entregaría?
La respuesta es obvia en todos los interrogantes. El gobierno de Colombia asume y ejecuta su posición en el escenario de la lucha de clases que se desarrolla y acentúa en nuestra región.
Sería un descalabro para las aspiraciones de independencia y justicia social de los pueblos de nuestra América, si el gobierno del Comandante Chávez (expresión auténtica del pueblo venezolano y del ideal bolivariano, así como referente esencial en las esperanzas de liberación), cae en el juego hipócrita de la oligarquía colombiana y del aparato mediático al servicio del imperialismo.
En todo caso, no nos oponemos a la intención del Presidente Chávez de establecer relaciones con el gobierno de Santos, estamos seguros de sus buenas intenciones y de la necesidad de desarrollar algunos tratados orientados a satisfacer necesidades comunes de nuestros pueblos (necesidades producidas por el régimen de opresión capitalista en el último siglo).
Sin embargo estamos seguros que el gobierno bolivariano no debe entregar a Pérez Becerra a
Colombia, pues este ciudadano es una víctima del terrorismo de Estado de ese país (no es una casualidad que le hayan otorgado la condición de refugiado político), además es un activista por la salida negociada al conflicto colombiano (por lo cual pretenden silenciarle, tal y como pretenden “borrar” a Piedad Córdoba).
Si oponerse al régimen terrorista que ha dominado el gobierno colombiano desde que expulsaron del gobierno al Libertador, defender la idea de una salida política al conflicto colombiano y luchar contra el imperialismo constituyen un delito, consideramos el listado de extraditables en la lógica de la “nueva política” bilateral con Colombia será engrosado con millones de compañeras y compañeros que apoyamos la revolución bolivariana hasta las últimas consecuencias.
Comandante Chávez, estamos en un escenario de agudización de contradicciones en la lucha de clases y en la lucha antiimperialista. “Al enemigo ni tantico así” Che.
¡Patria socialista, o muerte!
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