La realidad actual
es otra, el aumento de las muertes por encargo e incluso la existencia
de personas que no necesariamente forman parte de verdaderas organizaciones
criminales y que se dedican a esta actividad en los distintos Estados
del país, hicieron que el actual legislador pusiera en marcha el proceso
de criminalización y tipificara esta conducta, ahora sí, de manera
directa en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, asignándole
una elevada pena, buscando mediante este mecanismo punitivo y represor
su no ejecución, con miras a proteger los bienes que resultan lesionados.
El artículo 12 de la Ley de Delincuencia Organizada, establece:
“Artículo 12. Quien dé muerte a alguna persona por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será penado con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena será castigado quien encargue la muerte, y los miembros de la organización que ordenaron y tramitaron la orden”.
De la transcripción
del tipo, se evidencia que se trata de un delito autónomo, que contempla
una pena específica (prisión de veinticinco a treinta años)
dirigido a un sujeto activo indeterminado (puede ser cualquiera)
que realice la conducta típica y antijurídica allí descrita, que
consiste en dar muerte a alguna persona, en circunstancias claramente
diferenciadas: por encargo o cumpliendo
órdenes de un grupo de delincuencia organizada. En consecuencia,
comete el delito de sicariato aquel que haya dado muerte a alguna persona
porque se lo hayan encargado, como aquel que lo haya hecho cumpliendo
órdenes de un grupo de delincuencia organizada.
A los efectos de este,
en diversas sentencias la sala de Casación Penal ha llamado la atención
a los distintos tribunales del país por falta de aplicación del artículo
12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada ya que erróneamente
interpretan la misma a través del Código Penal.
Hechas las consideraciones
anteriores, debo decir que el sicariato es una realidad que tiene que
asumir el Estado Venezolano, no debemos descuidar este grave flagelo
que apenas hemos visto la punta del iceberg. Las autoridades manejan
cifras alarmante y en crecimiento sobre esta conducta sobre todo en
los sindicatos (Obreros y campesinos)
y por esta razón se va a implementar planes de desmantelamiento.
Abogado.
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