Las luchas por la defensa de los derechos humanos tiene una data histórica longeva, si la contextualizamos desde 1958 hasta 2014, muchos de los que ayer emprendieron estas luchas todavía continúan dando la cara , como el caso de José Vicente Rangel, aunque casi nunca nombre a la Comisión por la Justicia y la Verdad y que el Presidente Chávez 15 de noviembre de 2011 mediante el ejecútese a la Ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998, mejor conocida como la Ley contra el silencio y el olvido, crea la dicha Comisión de Estado.
Mucha agua ha corrido debajo el puente de la historia luego que en 2013, el Presidente Maduro, juramentó la Comisión por la Justicia y la Verdad, encargada de hacer realidad los postulados de la Ley.
A pesar de lo lento de un estado paquidérmico, ciertamente se ha logrado alcanzar algunos frutos que dan cuenta de acciones significativas más allá de la simbología de hacer justicia en un país que se acostumbró a la impunidad. De ello pueden dar cuenta los familiares agrupados en torno al Frente de familiares y amigos de víctimas del terrorismo de estado que durante 4 décadas persiguió, asesinó, secuestró, torturó y desapareció a miles de opositores, trabajadores, estudiantes, mujeres y familias enteras incluyendo menores de edad.
La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, como Presidente de esa Comisión ha asumido la responsabilidad vertical de hacer justicia y que la verdad de los hechos sea revelada, los hechos lo muestran; 31 imputaciones y solicitudes de juicio a funcionarios policiales y militares entre otros el exdirector de la Disip Remberto Uzcategui por su posible responsabilidad en la Masacre de Cantaura (1982) y al General de División Simón Tagliaferro de Lima por su presunta responsabilidad la desaparición forzada de Víctor Rojas (1964), pero también la labor de investigación documental de los comisionados, especialmente los del Frente de Familiares que integran la Comisión de Justicia y Verdad que es la columna vertebral para que la Fiscalía General actué una vez que han sido denunciados los casos de violaciones a los DDHH por razones políticas desde 1958 a 1998.
La misma contribución han hecho la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Defensa, Cultura, Interior Justicia y Paz y otros entes oficiales en tanto que se trata de una Comisión de Estado que a poco de alcanzar el informe final tendrá que acelerar los procesos para cumplir con las metas de los centenares de casos pendientes de justicia y memoria histórica.
No es poca cosa que una familia venezolana, después de 50 o 40 años de sufrimiento por un hijo desaparecido forzosamente, confirme científicamente la certificación del hallazgo de los restos de ese familiar como es el caso de Alberto Rudas Mezones o de Noel Rodríguez, así como es significativa la apertura de procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad contra funcionarios actuantes en posibles crímenes imprescriptibles.
Estas informaciones rara vez la encontraremos en la prensa privada, incluso de manera discreta en los medios públicos del estado, aunque contra Venezuela se teje una oleada de recientes rumores sobre supuestas violaciones a los DDHH que son una cuenca vacía de evidencias, pero será la historia y la verdad la mejor muestra de los hechos y realidades que hoy podemos revelar al mundo como una nación que hace concreción de la palabra escrita en sus leyes y en los acuerdos internacionales sobre el tema.
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