La Comisión por la Justicia y la Verdad, basada en la Ley para sancionar los crímenes y otras violaciones por razones políticas entre 1958 y 1998 lanzará una cruzada para que las víctimas o familiares de víctimas de la acciones terroristas del estado entre 1958 y 1998 procedan a realizar la denuncia de sus casos en los organismos nacionales regionales o locales de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo en todo el territorio del país.
Para ello se han dispuesto diversos mecanismos de contacto entre otros el correo comisiónverdadvenezuela@gmail.com, los teléfonos 0800-887323, y el 02124087210, para quienes fueron afectados según lo indicado en la Ley, puedan hacer sus denuncias y de esta manera la Comisión remitir a la Fiscalía los recaudos a objeto de iniciar un proceso de investigación judicial y penal, como hasta ahora se han hecho en centenares de casos que están en proceso de investigación y que algunos ya han concluido con sentencias firmas contra funcionarios que aplicaron operaciones y acciones contra ciudadanos fuera del estado de derecho. El TSJ tienen la palabra para acelerar esos procesos.
Los actos de justicia a través de los tribunales sabemos que son lentos pero debemos tener confianza en que por fin la probidad y la verdad tome los espacios de la impunidad que ha reinado por tanto años para que haya paz y que las familias víctimas reivindiquen y dignifiquen su condición moral.
En el mundo han existido comisiones de la verdad dedicadas a investigar violaciones a los derechos humanos, pero a la de Venezuela le ha tocado investigar el período más largo de acciones violatorias de los derechos humanos por parte del estado (1958-1998), eso le confiere una inmensa responsabilidad a estos ciudadanos que han tenido que revisar sobre 40.000 mil expedientes, sin recibir sueldo, con recursos exiguos y en un tiempo reducido de tres años,
Sin embargo las estrategias que implantó a la Comisión organizando equipos de apoyo regionales en todo el territorio nacional han dado como saldo satisfactorio un número cercano a 7000 casos de violaciones a víctimas directas de DDHH revisados y certificados en expedientes de los cuerpos de seguridad y el Tribunal Militar, pero es necesario que los casos aún faltantes sean denunciados para que sean reconocidos y procesados con pruebas o testimonios ante el Ministerio Público y se pueda iniciar el procesamiento judicial respectivo.
El pueblo venezolano más que nunca hará respetar los derechos humanos como un tesoro de dignidad y de soberanía y no como una plataforma demagógica tal y como la derecha ha intentado utilizarlos contra la Patria.
