Las cosas como son: los hechos ocurridos días atrás en la Chiquitanía fueron actos de pura y dura barbarie fascista. No existe –no puede existir- otra consideración para los mismos.
Merecen la total condena no sólo de todos los bolivianos sino de la comunidad internacional. Merecen el rechazo rotundo de todos aquellos que se consideran demócratas y merecen una alerta crítica y una vigilancia estricta de quienes apoyan los derechos de los pueblos indígenas, porque –las cosas como son: las organizaciones indígenas han estado en la mira brutal de los agresores, el odio y la intolerancia se cebaron contra ellos, contra los hermanos chiquitanos y guarayos, los convidados de piedra de ese desarrollo acelerado y desordenado del departamento de Santa Cruz que ha potenciado a los grupos de poder económico y político que han desatado esta furia racista contra los habitantes originarios del Oriente boliviano y contra otros grupos sociales que radican allí como son los migrantes andinos.
Es intolerable que estos hechos sucedan en un mundo que empieza globalmente a valorar la diversidad cultural y el respeto y la tolerancia entre culturas como la base de la convivencia armónica y justa entre los pueblos y las naciones.
Es intolerable que tales manifestaciones de racismo y discriminación sucedan hoy cuando Bolivia es vista en el mundo como un ejemplo de madurez democrática –producto de la elección más limpia de la vida democrática del país de la cual se cumplió apenas un año y que llevó, por primera vez en la historia, a un representante de las mayorías indígenas nacionales a la Presidencia de la República como es el caso de Evo Morales Ayma- y como un ejemplo de sociedad intercultural pacífica.
Ni Bolivia y menos Santa Cruz son una isla; ni en una América que empieza a reconocerse india y negra, chola y mulata, como es su gente, su pueblo, sus mayorías; ni tampoco en un mundo que quiere dejar atrás el recuerdo nefasto de los nazis genocidas, de las atrocidades cometidas en Argelia y en Vietnam, del genocidio de Ruanda y de Kosovo, de las masacres de indios y trabajadores cometidas por las dictaduras militares y los gobiernos reaccionarios que han jalonado la historia de este lado del planeta.
Los hechos ocurridos en la Chiquitanía no sólo huelen a eso, podrido y rechazado por todos, no sólo nos recuerda eso, nefasto y deseosos de superarlo para siempre, sino que son, en esencia, lo mismo. Si no se pone un freno a la barbarie, hoy podrán atacar y quemar las oficinas de las organizaciones indígenas y amenazar con linchar a los dirigentes y a los compañeros de base; mañana los asesinarán –como, insisto, ha sucedido tantas veces, en Pananti, El Chapare, tantas veces- o los confinaran y les encerraran en campos de concentración y de exterminio. Este es el huevo de la serpiente –y no los que la derecha boliviana se ha encargado de buscar inútilmente estos días para justificar lo injustificable, para apañar lo despreciable, para amparar a quienes no son más que delincuentes.
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) ha denunciado pública y valientemente los sucesos “ocurridos el día 15 de diciembre de 2006 en las localidades de San Julián, Guarayos, San Ramón, San Javier y Concepción en el Departamento de Santa Cruz, donde se procedió a atentar contra la vida e integridad física de los dirigentes de los pueblos indígenas de las localidades de San Javier, Concepción y Guarayos y a la destrucción de las oficinas, equipos y vehículos de la Central Indígena Paiconeca de San Javier y de la Central Indígena de Comunidades de Concepción y contra dirigentes y pobladores de la localidad de Guarayos”. Pero alertan que la violencia continúa porque “la democracia ha sido secuestrada por los grupos de poder, pues ninguna persona u organización puede disentir públicamente contra lo que impone la Prefectura y el Comité Cívico, ya que inmediatamente lo tildan de masista, colla, indígena traidor, anticruceño, prueba de ello es que en la Av.
Monseñor Rivero al pié del Cristo Redentor han colocado una horca para ajusticiar a los “traidores””.
El gobierno de Evo Morales envió una comisión encabezada por dos ministros y secundada por el Defensor del Pueblo para “pacificar” la región. La paz, lo afirma la misma iglesia –que, para lo que nos ocupa, no ha condenado los hechos con la vehemencia que suele tener en otras ocasiones-, es producto de la justicia. Los indígenas del Oriente boliviano han sido siempre postergados, discriminados y sometidos; ahora sus sedes han sido quemadas y destruidas, sus dirigentes golpeados y humillados. Pero ya son 16 años que han alzado la voz y su reclamo no es otro que el de justicia. Es urgente que todo el mundo tome nota de eso.
Las cosas como son: el odio contra el indio, contra el pobre, contra el campesino, contra el humilde, no puede ser tolerado. Es fascismo puro. Mientras alcancen las palabras, nos sumamos al reclamo y a la denuncia de la CIDOB y decimos: “¡Basta de violencia racista! ¡A los que se dicen demócratas reclamamos respeto al estado de derecho y a la ley!”.