"La libertad es la libertad de aquellos

que piensan de otra manera"

Rosa Luxemburgo

Los enfrentamientos ocurridos en La Vega el pasado fin de semana no son más que la continuación de un proceso que viene gestándose y consolidándose desde hace años a lo largo del territorio nacional y del cual el gobierno nacional viene haciéndose la vista gorda.

Para nadie es un secreto que los sectores oficiales de Colombia han tenido una práctica pública y notoria, una política de Estado dirigía a exportar sus contradicciones políticas hacia Venezuela, situación que se concreta en una invasión silente de sus habitantes hacia nuestro país, algunos huyendo de la violencia, asesinatos, sicariato que a diario ocurre en ese país, otros como agentes del gobierno para ir ocupando espacios y preparar a la población venezolana en contra del Estado Venezolano a través de la creación de zonas liberadas (campamentos) y comandos armados denominados paracos, entrenados política y militarmente en amedrentar, atemorizar, aterrorizar, extorsionar a la población venezolana e inducirla a delinquir, consumir, comercializar y trasladar droga, armamento, explosivos como forma de lograr recursos para preparar un avance en su estrategia.

Esta situación, que tiene sus orígenes históricos desde la desintegración de la Gran Colombia, se incrementó a partir del asesinato de Gaitán en 1948 situación que conllevó a una permanente guerra civil en la República de Colombia que persiste hasta nuestros días y que se ha mudado hasta territorio venezolano.

Durante los últimos gobiernos de la Cuarta República se agudizaron las tensiones entre el Estado Venezolano y el Estado Colombiano que incluso llegaron a generar situaciones casi bélicas entre ambos países como lo fue el caso de la Corbeta Caldas en el año de 1987.

Esta situación incrementó el enfrentamiento entre la población goda de Colombia en contra de los venezolanos, así como el odio de algunos sectores de Venezuela auspiciado por la oligarquía venezolana contra los colombianos.

Hoy día viene avivándose con la xenofobia de los gobiernos colombianos y la crisis actual del país originada por la pandemia, el bloqueo, la migración de venezolanos hacia Colombia.

Con el advenimiento del Cte. Chávez al poder las tensiones entre la población colombiana y el gobierno nacional fueron distendiéndose, no así con los sectores de poder (Estado y Gobierno) y la población goda, quien siempre ha tenido deseos de invadir a nuestro país para ocupar los espacios que, según ellos, históricamente les pertenece.

El Comandante Chávez logra un acuerdo con la Guerrilla Colombiana (FARC y ELN) para evitar que penetren en el territorio nacional en su huida contra las arremetidas del ejército colombiano contra sus efectivos y con ello evitar que el ejército colombiano viole los límites del país.

A pesar de este acuerdo, con el debilitamiento de las guerrillas, los paracos ( paramilitares colombianos) han continuado con la invasión silente a nuestro territorio y han levantado campamentos, creado comunidades, instalado empresas a lo largo de la frontera (Táchira, Mérida, Barinas, Apure, Zulia) y han avanzado hacia zonas internas del país como lo son Trujillo, Lara, Yaracuy, Cojedes, y por la parte sur Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas en los cuales han ocupado espacios, instalado campamentos, y creado destacamentos con los cuales han creado el terror en la población a través de atracos, asesinatos, extorsión, linchamiento entre otras cosas.

Esto se ha venido denunciando, incluso desde el mismo momento que el Comandante Chávez asume el poder. Muchas denuncias, con pruebas inclusive, se hicieron de esta situación (y se siguen haciendo) sin que el gobierno nacional las haya tomado en serio y hecho que se ha incrementado en demasía.

Ya la cosa se ha tornado en una situación de emergencia, de alerta roja. Hoy se pone en peligro la seguridad nacional del Estado, el país, la nación.

El enfrentamiento ocurrido el día sábado p.p. 9 de enero del 2001 pone al descubierto muchas cosas de las cuales tenía conocimiento hasta el gato.

En el país se viene repitiendo el fenómeno colombiano de zonas liberadas por la delincuencia. Pero esto no tendría importancia de no ser que esta delincuencia viene siendo preparada, entrenada, reclutada, armada, alimentada y pagada por los grupos paramilitares de Colombia. Y no sólo eso, que dicha situación es conocida por los organismos de seguridad sin que hasta ahora hayan procedido a su, control, desmantelamiento, detención y saneamiento.

Conocidos los casos de Aragua (El Tren de Aragua), Miranda (Valles del Tuy), Altos Mirandinos, Altagracia de Orituco, La Cota 905, Vargas, El Junquito, El 90, Petare, Bolívar, El Delta, Amazonas, Lara, entre otros, que operan bandas fuertemente armadas, cuyo armamento incluyes ametralladoras pertenecientes a la FAB, Cuerpos policiales del Estado, granadas, lanzallamas, FALN, AK, pistolas de alto calibre, uniformes, municiones, explosivos, etc., equipos de intercomunicación, visión nocturna, etc., pero de igual manera armas de alto calibre que ingresan al país no se sabe porque vía ni cómo llegan a dichos campamentos (Y lo peor es que se dice a vox populi que estos grupos están protegidos por altos funcionarios del gobierno, según rumores…)

Dos cosas son importantes señalar. La primera. ¿Cómo salen y entran al país personas que tienen auto de detención, solicitados, autores de atentados contra el Presidente de la República, con prohibición de salida del país? ¿Cómo se trasladan por las carreteras, autopistas, aeropuertos? ¿Cómo entran las armas, drones, explosivos, armas de fabricación hebrea, ametralladoras de gran calibre sin que nadie se dé cuenta?

Esto lo decimos porque en el enfrentamiento de La Vega se consiguió una ametralladora de asalto de la misma marca y modelo de la que le decomisaron en un asalto a un delincuente en La Guajira colombiana la semana pasada.

La segunda ¿Será que los organismos de seguridad del estado no tienen un sistema de información serio que les permita conocer, identificar, detener, prevenir, evitar que se consoliden grupos de delincuentes en las barriadas venezolanas?

¿O será cierto lo que dicen que dichos grupos cuentan con la protección de altos funcionarios del gobierno o que los organismos de seguridad del Estado no están preparados para cumplir esta misión?

De lo que está ocurriendo en La Vega hasta por las redes sociales se hacía publicidad. Al igual que lo que ocurre en la Cota 905, El Junquito, El 90, Petare, Altagracia de Orituco y muchos barrios del país ¿No tienen los organismos de seguridad del estado mecanismos para detectar, impedir que se llegue a esos extremos, que se tenga que aniquilar por la vía de las armas a los delincuentes, sucesos en los que pagan, por accidente, vecinos inocentes, tal como ocurrió en La Vega y en Petare?

La tercera y más importante. Si el gobierno nacional no toma en serio esta situación y le pone un parao de inmediato. Si no desmantela las bandas que operan en Aragua, Vargas, Miranda, Bolívar la cosa se le va a escapar de las manos (como al parecer está ocurriendo) y el territorio nacional se va a convertir en un territorio dominado por asesinos, traficantes, sicarios, proxenetas, drogadictos, delincuentes. Y la ejecución asesinato de inocentes, funcionarios de seguridad del estado, pobladores estará a la orden del día.

Si no diseña y ejecutan medidas para evitar que sigan proliferando zonas "liberadas" por los paramilitares, si no se crea y pone en ejecución un sistema que eduque a la población, a los jóvenes, niños y niñas, si no se organiza un sistema real de prevención y desmantelamiento de las bandas que operan en las barriadas, el país se convertirá en un segundo México, una segunda Colombia, una segunda Guatemala, por señalar tan sólo tres naciones latinoamericanas hoy agobiadas por el asesinato, tráfico de drogas, sicariato, secuestro.

La cosa es seria y necesita acciones de inmediato.

Para luego es tarde.

#SumisosNuncaRebeldesSiempre