Víctor Soto Rojas y Jorge Rodríguez fueron militantes revolucionarios de una misma generación, Víctor un poco mayor que Jorge, pero ambos fueron dirigentes estudiantiles del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en la Universidad Central de Venezuela durante la década de los 60. El primero fue desparecido después de ser detenido por la Guardia Nacional y luego por la DIGEPOL en Altagracia de Orituco el 27 de julio de 1964 y el segundo asesinado bajo torturas por la DISIP el 25 de julio de 1976.

Hacemos memoria de ambos porque fueron dos vidas truncadas de manera violenta, el primero desaparecido y ahora suponemos asesinado, y el otro torturado y atormentado por sus captores en la DISIP que le destruyeron sus entrañas, pero ninguno de los dos derrotados, porque pasaron por la prueba de la flagelación de la doctrina de seguridad y defensa hemisférica que impuso el gobierno de Estados Unidos a los gobiernos del Puntofijismo, sin que por ello se doblegaran ni entregaran a sus camaradas.

Sobre el asesinato de Jorge Rodríguez se ha escrito mucho, sus captores miembros de un equipo selecto de la DISIP actuaron bajo las órdenes directas del entonces ministro de Relaciones Interiores Dr. Octavio Lepage y del propio presidente Carlos Andrés Pérez, quien era el jefe de la policía, así como lo digo, CAP sabía de la calidad militante y dirigente de Jorge Rodríguez, porque lo conocía personalmente cuando este último fue a estudiar en la Escuela Normal Experimental Gervasio Rubio, en Táchira en los años 50, por eso su ensañamiento contra este dirigente que en los 70 era Secretario General de la Liga Socialista.

Ahora con el caso de Víctor Soto Rojas, es necesario puntualizar lo siguiente: a pesar de haber transcurrido más de 50 años de su desaparición forzada, su caso no ha prescrito, según nuestra leyes y por eso hay dos imputaciones, entre otras resoluciones de la Fiscalía General de la República, que han sido públicas y notorias. La primera fue la imputación en 2013 a los oficiales Simón Tagliaferro de Lima y Edgar Reiniero Pérez Figueroa de acuerdo a la investigación que realizó la Comisión por la Justicia y la Verdad; y los procesos judiciales reiterados por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, en 2020.

Lo procedente es que estos altos oficiales imputados, pasen a la siguiente etapa de sus casos en un tribunal y que sean estos quienes dictaminen lo expresado en la ley contemplando las evidencias y hallazgos probatorios y los derechos humanos de estas personas.

¿Qué importancia puede tener para Venezuela que dos militares ancianos sean llevados a un tribunal para defenderse ante la acusación de un crimen como el asesinato de Víctor Soto Rojas y el campesino guerrillero Heriberto Cartagena?

Pues para la memoria histórica de la justicia en Venezuela y para la reivindicación de los derechos humanos hay suficientes razones para superar los más de 50 años de impunidad que solo en las primeras décadas del Siglo XXI han sido reivindicados como actos de justicia de casos engavetados o escondidos en archivos “clandestinos” para que la probidad y el Estado de derecho se concreten.

Ahora, bajo la hipótesis de que fueran declarados culpables, esos oficiales, según nuestra ley, por lo avanzado de su edad, les corresponderían casa por cárcel. Pero por razones de ética militar y en tanto se prueben los crímenes cometidos contra Soto Rojas y Cartagena, pudieran perder sus grados militares y la correspondiente deshonrar que se aplica a unos criminales.

Pero si hacemos retrospectiva histórica y revisamos investigaciones que hemos adelantado al respecto me permito citar lo siguiente para conocer lo que ocurría en la DIGEPOL en 1964:

La falta de un reglamento normativo dentro de la institución policial daba cuenta de la ausencia de criterios legales que regularan los procedimientos hasta 1965, pero aun después de haber instruido dicho reglamento fue consecutivamente violado, en tanto realizaron miles de procedimientos ilegales clandestinos, en los que se aplicó, en primer lugar, la tortura física o psicológica, la extorsión, y luego el asesinato o la desaparición forzada a miles de detenidos de 1964 a 1967.1

La Dirección General de Policía (Digepol), fue creada por Betancourt en 1959, constituyó un cuerpo policial de inteligencia integrado por cerca de dos mil miembros de la antigua Dirección de Seguridad Nacional del período de Marcos Pérez Jiménez y otros funcionarios que ingresaron durante la autoridad ministerial de Luis Augusto Dubuc (Rómulo Betancourt), y también después que Carlos Andrés Pérez asumió el Ministerio de Relaciones Interiores. Al finalizar el gobierno de Rómulo Betancourt, ese cuerpo policial se había reestructurado y consolidado. Muchos de sus funcionarios eran militantes de Acción Democrática o con afiliación a cuerpos parapoliciales creados por José Manzo González (Manzopol) o Hugo Soto Socorro (Sotopol), bajo la dirección política de Carlos Andrés Pérez, quien al perder el puesto de ministro cuando asumió la presidencia Raúl Leoni (1964), continuó siendo jefe político operativo de la policía. Por sus manos pasaban las postulaciones y la aprobación de ascensos militares durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y de Raúl Leoni; y no por el hecho de que fuera jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática en el Congreso desde 1964, sino porque realmente era el jefe de la policía, si bien no administrativamente, era de facto quien daba las órdenes. Por eso se generaron conflictos internos luego que Raúl Leoni, asumiera la presidencia y Gonzalo Barrios el Ministerio de Relaciones Interiores, sin embargo los jefes policiales recibían órdenes directas de Carlos Andrés Pérez y hacían lo que este dispusiera. Pero no fue que Raúl Leoni no supiera lo que pasó con Víctor Soto, Heriberto Cartagena y otros centenares de desparecidos forzados, al saberlo y no asumir responsabilidades era tan culpable como Carlos Andrés Pérez, era un asunto de doctrina policial y militar ya implantada por el gobierno de EEUU.

La DIGEPOL constituyó el principal “motor” policial y el mayor generador de violencia institucional desproporcionada; fue tan extrema su actuación que hubo denuncias y presión pública por los desafueros de esta policía, que obligó al Gobierno a tomar algunas medidas de restructuración de sus cuadros directivos y el remplazo de funcionarios cuestionados por las arbitrariedades cometidas contra prisioneros políticos, pero nada cambió.

Así fueron secuestrados y asesinados Trino Barrios, comandante militar, y Víctor Soto Rojas, comisario político del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora. Barrios fue fusilado en las cercanías de Altagracia de Orituco y lanzado a un barranco, donde fueron encontrados sus restos dos años después (1966). Durante esas operaciones, Heriberto Cartagena, un dirigente campesino barloventeño de Miranda, fue hecho prisionero en el caserío Batatal (Miranda) el 24 de julio de 1964 y sometido por un pelotón del Comando Sur en la Operación BACH 64, capitaneado por el teniente José Tomás Rojas Graffe, y entregado al mayor Delfín Ibarra, jefe de las operaciones en el área sur, para ser trasladado vivo y entregado al teniente coronel Victor Molina Vargas jefe del Comando de Operaciones en El Guapo, Miranda, quien se presume dio la orden para el asesinato de Víctor Soto Rojas y Cartagena hecho ocurrido el 31 de julio de 1964. Desde entonces, ambos están desaparecidos.

Según lo notificado por la Fiscalía en noviembre de 2013 y luego de una investigación documental de la Comisión por la Justicia y la Verdad ese año, los supuestos autores de estos crímenes fueron los entonces tenientes Simón Virgilio Tagliaferro de Lima y Édgar Reiniero Pérez Figueroa, ambos imputados por el Ministerio Público venezolano.

Tanto para Víctor Soto Rojas, Heriberto Cartagena (desaparecidos y presuntamente asesinados) como para Trino Barrios (asesinado) victimas del Puntofijismo en los 60 como Jorge Rodríguez (asesinado en los 70), las deudas criminales para quienes operaron estos trasgresiones como para quienes lo avalaron siguen pendientes en la justicia y en la memoria histórica del pueblo venezolano

Aldemaro Barrios Romero
Red de Historia de Caracas
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