omo se sabe, Estados Unidos está en guerra contra el terrorismo. Terrorista, en esta guerra, es todo aquel que los Estados Unidos considere como tal.
En fecha reciente la encargada de asuntos legales de la misión estadounidense ante la ONU, Caroline Willson, declaró que no hay pruebas suficientes contra Luís Posada Carriles. Sin embargo hace dos años el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos en Miami, Robert E. Jolicoeur, señalaba que se le debía negar la libertad por su "largo historial de acciones criminales y violencia que implican a civiles inocentes’".
"Su liberación representaría un peligro tanto para la seguridad de la comunidad como de la nación’’, declaraba Jolicoeur, subrayando las acusaciones venezolanas por la participación de Posada en el atentado contra un avión cubano que costó la vida a 73 pasajeros en 1976; su arresto en Panamá, en el 2000, en conexión con un plan de atentado contra el líder cubano Fidel Castro; su admisión pública de haber organizado una campaña terrorista contra instalaciones turísticas de La Habana en 1997; y su estrecha relación con otros terroristas.
Sin embargo, en respuesta a los planteamientos de Cuba y Venezuela, Willson señaló hace unos días con candor que su país "ha seguido cuidadosamente los procedimientos legales vigentes en el caso de Posada Carriles’", según el reporte de EFE.
"Como sucede en las democracias del mundo, una persona no puede ser procesada o extraditada si no hay suficientes pruebas de que cometió el delito de que se le acusa".
Agregó que el magistrado de inmigración que autorizó la deportación de Posada Carriles, tras su ingreso ilegal al país en 2005, impidió su entrega a Venezuela o Cuba `por temor’ a que el ex agente de la CIA, que fue torturador con la Disip venezolana, "sea torturado" en nuestro país.
Esto lo dice la funcionaria de un gobierno que acaba de vetar la anulación de una ley que permite la tortura. En cambio George W. Bush considera suficiente la declaración de un policía colombiano, basada en las supuestas laptops, para denunciar a los presidentes Chávez y Correa como aliados de las FARC y, por ende, terroristas o poco menos.
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