El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, constituye una afrenta al pueblo venezolano al plantear presuntas situaciones en las que se vulneran derechos humanos en nuestro país. Este hecho se viene presentando de manera sistemática y recurrente desde el 2002, con el único objetivo de satanizar al gobierno bolivariano, utilizando sus informes como un mecanismo directo de intromisión en los asuntos internos de los pueblos libres y soberanos, con el agravante de que obvia lo establecido en el protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 3, el cual indica que se consideran inadmisibles las comunicaciones anónimas.
El referido informe emite objeciones sin determinar la fuente y en la mayoría de las oportunidades que las coloca, cita fuentes hemerográficas y para el caso de nuestro país todos los venezolanos somos testigos de excepción de la falta de veracidad y parcialidad notoria que tienen los medios de comunicación de radio, prensa y televisión contra el gobierno del presidente Chávez, pues muchos de ellos participaron activamente en el golpe de Estado de abril de 2002 y en el paro empresarial-petrolero de 2003. Tiene razón el líder cubano Fidel Castro al calificar el informe de "basura pura".
Con este ignominioso informe, la CIDH pone en evidencia que no tiene ningún interés en velar por el respeto de los derechos humanos en la región, al convertirse en un instrumento político de los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional, ya que establece duras críticas al gobierno venezolano por la soberana decisión de expulsar de Venezuela, por intromisión en asuntos internos, al representante de la dictadura de Augusto Pinochet ante la CIDH (1986-1989), José Miguel Vivanco, y a Daniel Wilkinson, director ejecutivo y subdirector de la división de las Américas de Human Rigth Watch.
Fustiga la libertad de culto y religión en nuestro país aduciendo como incidente antisemita la profanación y pintas en la sinagoga. Todos los venezolanos conocemos los móviles de este hecho y la enérgica acción de nuestros organismos policiales para aclararlo en tiempo récord. Sin embargo, para la infamante CIDH esto es una acción del gobierno.
Vale la pena resaltar que al referirse a Colombia el cinismo es tal, que mientras elogia las acciones del gobierno, atribuye la situación de violencia y violación de derechos humanos a los grupos narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros.
El colmo del descaro son las alusiones contenidas en 45 páginas dedicadas a Cuba, cuando la competencia de la CIDH establece claramente su creación para observar la situación de sus Estados miembros, citando el risible y cantinflérico argumento que la resolución sexta de la octava reunión excluyó a Cuba y no al Estado.
Sin embargo, es de hacer notar que en su contenido se obvia Guantánamo, omitiendo la violación de derechos humanos que allí se cometen como lo son el reconocimiento de métodos alternativos de interrogatorio (torturas), la colocación de los internos fuera del alcance de la ley, a pesar de que desde el año 2006 han pasado por allí más de 500 personas de 35 países bajo la acusación de desarrollar actividades vinculadas con el terrorismo, sin ser procesados y en innumerables casos sin tener derecho a un abogado.
Motivado a que los señalamientos que efectúa la comisión carecen de metodología fundamentada en objetividad y transparencia, el presidente Chávez dejó ver la posibilidad de que nuestro país deje la OEA como mecanismo para librarnos de esos viejos instrumentos de dominación.
