25 de marzo de 2017.- La Comisión por la Justicia y la Verdad presentó este viernes el informe final de sus investigaciones sobre asesinatos, torturas y desapariciones en todo el país entre 1958 y 1998. La indagación, más allá de las acciones penales que deriva, plantea ahora una nueva responsabilidad histórica: la difusión de los crímenes de lesa humanidad vividos en los gobiernos puntofijistas como garantía de reparación, de paz y de respeto a los derechos humanos.

"Los hechos narrados en este informe son parte de un lamentable momento de nuestra historia que no podemos borrar; por el contrario, debemos mantenerlo más vivo y tener conciencia de lo que ocurrió y entender la necesidad de respetar las diferencias, entender que todos somos venezolanos, que una de las formas de lograr la paz es el respeto, la tolerancia y las garantías de los derechos constitucionales", expresó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en la exposición del documento.

Durante la presentación, efectuada en el Teatro Principal, en Caracas, destacó que el trabajo realizado durante cuatro años, en conjunto con el Ministerio Público, en el que se registraron 10.071 víctimas de torturas, desapariciones y otras violaciones de garantías fundamentales por organismos policiales y militares de la Cuarta República, debe ser considerado como un instrumento para que se conozca la historia y se respeten los derechos humanos.

"Una de las premisas de este grupo de venezolanos que se reunió para buscar estas pruebas, es que se mantenga viva la memoria histórica del pueblo para que los venezolanos conozcan y recuerden cómo se movilizó la sociedad en aquella época para que su voz fuera escuchada y cuál fue la respuesta represiva de los gobiernos de turno", indicó.

Durante los gobiernos de Acción Democrática (AD) y Copei fueron suspendidas las garantías constitucionales, se ilegalizaron partidos políticos de izquierda, se realizaron allanamientos a las universidades y se creó la Ley Vagos y Maleantes, con la que satanizaron a dirigentes progresistas.

Para honrar a las víctimas de esos crímenes, la comisión difundirá en instancias nacionales e internacionales la verdad de lo ocurrido durante el puntofijismo, para que en futuros escenarios se garantice el derecho a la verdad, se sancione a los responsables de violar los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, se rescate la memoria histórica y la reivindicación moral, honor y dignidad de las víctimas.

La represión propiciada por gobiernos adecos y copeyanos debe ser hoy un ejemplo para que no se atente contra un pueblo que exige sus reivindicaciones, indicó Esther Macías Añez, una de las víctimas del puntofijismo.

"A pesar de todas las cosas que nos hicieron hoy estamos bajo la consigna de que no nos derrotarán; hoy tenemos una gran responsabilidad porque debemos ser el ejemplo de la verdad, de llevar al mundo lo que aquí se hizo y evitar que eso vuelva a ocurrir en el futuro", manifestó.

Indicó que quienes integraron la Comisión por la Justicia y la Verdad pasarán a una segunda fase que comprende la conformación de un ejército "que no descansará en la búsqueda de la verdad, de la justicia, porque se debe reivindicar la memoria de quien tenga que ser reivindicado".

En tanto, el padre Numa Molina García, uno de los miembros principales de la comisión, exhortó a todo el pueblo venezolano a comprometerse en mantener un sistema de justicia que respete sus voluntades.

"Nuestra lucha sigue porque ahora tenemos memoria, porque ahora ya escucharemos el grito de aquellos que quieren ser escuchados. Los venezolanos ya despertamos, y el compromiso es que sigamos en la lucha por los pueblos y seamos capaces de dar la vida por el pueblo", puntualizó.

La Comisión por la Justicia y la Verdad fue instalada el 27 de febrero de 2013. Desde ese momento y hasta la fecha se determinó que de los 10.071 casos investigados por la instancia, 1.412 corresponden a asesinatos, 8.200 a detenciones arbitrarias y 459 a desapariciones forzadas.