17.08.21 - El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Bolivia presentó este martes su informe final sobre las violaciones a los derechos humanos registradas del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, confirmando esas masacres y que en la represión de diversas protestas sociales ocurridas ese año, 38 personas fueron asesinadas, por lo que es necesario iniciar un proceso de reparación para que las víctimas y sus familias obtengan justicia.

La presentación, que se realizó en el auditorio del Banco Central ubicado en La Paz y que analiza una de las etapas más dolorosas sufridas por la sociedad boliviana, tuvo una fuerte carga emotiva, ya que familiares de las víctimas recordaron entre lágrimas y gritos de "¡justicia, justicia!" las vejaciones sufridas.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó este martes que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ratifica que en el golpe de Estado de 2019 hubo graves violaciones a los derechos humanos (DD.HH.), se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del Gobierno de facto.

Durante un acto celebrado en el Auditorio del Banco Central, el jefe de Estado subrayó el compromiso de su Gobierno con buscar la verdad histórica y hacer justicia en el caso de las víctimas de hechos de violencia y vulneraciones de DD.HH. ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Arce recibió el informe elaborado por el GIEI sobre esos hechos, donde se documentan ampliamente las violaciones (en las que murieron 38 personas y varios centenares fueron heridas) y se formulan más de 30 recomendaciones.

"Hoy aquí honramos la memoria de todas las víctimas mortales. Ya que los culpables nunca lo hicieron, a nombre del Estado les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias", dijo Arce después de recibir el documento que abarca la recta final de la presidencia de Evo Morales, quien dejó el cargo al sufrir un golpe de Estado, y los primeros meses del régimen de la autoproclamada expresidenta Jeanine Áñez.

Agradeció a expertos del GIEI por su contribución a la verdad, y reiteró que se hará justicia de acuerdo al ordenamiento legal y el debido proceso. Expresó que su Gobierno asume el compromiso de implementar las recomendaciones.

Al respecto, anunció la creación de una comisión al más alto nivel para realizar un censo de las víctimas y proceder a su reparación integral. Refirió que se derogará el Decreto Supremo 4461, lo cual permitirá juzgar a efectivos de las fuerzas de seguridad involucrados en los hechos.

El líder boliviano agregó que, siguiendo la sugerencia del GIEI, se va a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralelas al Estado, que en las jornadas del golpe de Estado actuaron como grupo de choque para reprimir las protestas.

También instó al Ministerio Público a implementar las acciones que se recomiendan en el Informe del GIEI, y en el caso de la Asamblea Legislativa, a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de DD.HH.

"El informe relata de forma desgarradora las vivencias y momentos de sufrimiento de muchos bolivianos y bolivianas. Sobre la base de pruebas científicas podemos identificar las graves violaciones a los derechos humanos, las masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado que se gestó meses antes", aseguró.

La investigación de los expertos internacionales el GIE abarcó ocho meses, durante los cuales entrevistaron a 400 personas y analizaron una cifra superior a los 120.000 expedientes. También escucharon testimonios de organizaciones sociales y de testigos de los hechos de violencia e instituciones. Sus resultados se socializarán en varios departamentos bolivianos hasta el 21 de agosto.

Durante el acto de presentación del informe también intervinieron Gregoria Siles Villaroel y Gloria Quisbert Ticona, que forman parte de las asociaciones de víctimas de las masacres de Sacaba (Chapare, 15 de noviembre) y Senkata (El Alto, 19 de noviembre), respetivamente. Ambas lideresas brindaron sentidos testimonios de aquellos hechos y recordaron que exigen justicia, no venganza.

Las organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas que rodearon el Banco Central para acompañar la presentación del informe expresaron su confianza en que el documento ayudará a iniciar un proceso de reparación que incluya juicios y condenas contra los responsables de los abusos a los derechos humanos sufridos años.

Con información de Telesur / Actualidad RT