08-11-21.-Ocho indígenas del pueblo Jiwi fueron despedidos por parte del Instituto Nacional de Parques del estado Amazonas (Inparques-Amazonas). Este despido injustificado ocurrió el 10 de mayo de 2021, según publicó Provea.
Señalan a la directora de RR.HH de Inparques – Amazonas como la responsable de la acción. De acuerdo con Provea los ocho originarios fueron despedidos principalmente por hablar su idioma nativo dentro de su ámbito laboral.
“Fuimos maltratados verbalmente por expresarnos en nuestra lengua materna. Eso molestó tanto a la funcionaria que nos echó del lugar como animales, nos gritaba diciendo que todos los indígenas son unos irracionales(…) Además dijo que está prohibido hablar de esa forma en Inparques», denunció Samuel Herrera Chipiaje, uno de los despedidos.
Además del impedimento de hablar el idioma en su propio hábitat dentro del ámbito laboral, otras exigencias por parte de los afectados habrían sido los motivos del despido.
De acuerdo con una publicación de Provea, los despedidos son bomberos forestales de la comunidad indígena La Reforma, municipio Atures, al sureste de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas.
Durante una reunión, los ocho indígenas Jiwi despedidos, y otros dos ciudadanos exigieron ante la dirección de Inparques algunas mejoras laborales.
En esta reunión solicitaron dotación de uniformes, herramientas para combatir incendios forestales. Además pidieron no ser trasladados a la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Tal petición fue debido a que la dirección de Inparques había manifestado su intención de trasladarla a la ciudad.
La negativa de los trabajadores se debe a que no tienen residencias en la ciudad porque viven en comunidades aisladas, y tampoco cuenta con transportes o recurso monetario para poder costear su traslado todos los días desde sus comunidades hasta Puerto Ayacucho.
Ante la falta de transporte, los trabajadores deberían caminar una hora y medida para ir y otra hora y media para retornar, lo que implica una caminata de tres horas diarias.
Ante lo ocurrido, los trabajadores despedidos exigen su reenganche inmediato y la asistencia por parte del Estado venezolano.
Por su parte, Provea denunció que en el estado Amazonas existe grandes limitaciones como es el acceso a los derechos sociales, además también se registran hechos por discriminación racial.
