28-08-24.-Desde el Comité de Familiares y Amigxs por la Libertad de los Trabajadorxs Presxs, seguimos denunciando la represión estatal contra miles de venezolanos que con o sin participación en las protestas del pasado 29, 30 y 31 de julio, son víctimas de criminalización.
Hoy mostramos los rostros de algunos de ellos y sus historias.
El gobierno neoliberal, antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro y el PSUV, no soporta el rechazo que a través del voto y las protestas populares ha expresado una gran mayoría del pueblo venezolano. Incluso, un importante segmento de las bases sociales que en el pasado acompañaban al presidente Chávez, el 28 de julio de 2024 votaron en contra de Maduro.
Sin embargo, como hemos explicado en los anteriores boletines, ello no nos pone del lado de la derecha reaccionaria. No tenemos nada que ver con ese bloque político de la clase dominante, sus ideas o programa. Nos oponemos a ellos tanto como criticamos las políticas antiobreras y represivas del gobierno Maduro. Ahora bien, al mismo tiempo sí defendemos el derecho del pueblo trabajador y pobre a la protesta, a la lucha por sus condiciones de vida, a expresar sus ideas y opiniones, y a organizarse.
Para contener la masiva protesta lugar que inició el 29-J, el gobierno ha puesto en marcha una oleada represiva contra la población que ha manifestado su rechazo al resultado emitido por el CNE. Esta acción represiva ha implicado la detención de cientos de hombres y mujeres inocentes en todo el país.
Nos enfrentamos a un régimen político que profundiza su carácter autoritario y represivo. La mayoría de las detenciones se han llevado a cabo en zonas populares, ejecutando redadas en las entradas de los barrios y llevándose a cualquiera. Allanan viviendas sin orden judicial, imponen restricciones a la libertad de expresión y pretenden silenciar y maniatar a millones de venezolanos. Pero no les basta con la embestida represiva. Como si ello fuera poco, hoy persiguen a los trabajadores de la Administración Pública; revisan ilegalmente sus teléfonos celulares (violando el derecho constitucional de privacidad de las comunicaciones) y redes sociales. Aquellos funcionarios públicos que expresan su apoyo a figuras de la oposición son inmediatamente despedidos.
Hace dos décadas Chávez llegó al poder levantando la bandera de los derechos de los niños y del adolescente mediante la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna), cuyo propósito era proteger los derechos de la infancia y la juventud en Venezuela, doblemente golpeada y oprimida por la violencia del hambre y de los operativos policiales en las barriadas durante la 4ta república. A su vez, materializó proyectos sociales para garantizar su acceso a la alimentación, así como a servicios de salud y educación gratuitos y de calidad.
En la actualidad, luego de una década de crisis y guerra económica, sanciones imperialistas y severas medidas neoliberales de ajuste fiscal, sólo se le ofrece a nuestros jóvenes dos opciones: jugarse la vida cruzando el Darién, o mantenerse aquí y vender su fuerza de trabajo por tres centavos, sometiéndose a largas jornadas laborales de entre 10 y 16 horas diarias, prácticamente sin ningún derecho laboral.
En la actualidad, la peor parte la viven las víctimas de la criminalización estatal. Aquellas y aquellos que se encuentran injustamente privados de libertad, ya sea por protestar pacíficamente, o simplemente como víctimas de detenciones para engordar el número de detenidos, y con ello intimidar al resto de la población.
En las propias palabras del presidente Maduro, 2229 personas habían sido privadas de libertad diez días después de las elecciones. Una escalada represiva sin precedentes en tan corto tiempo. Hay casos de menores de edad confinados en los mismos lugares de reclusión de adultos.
Se implanta el terror como forma de hacer política al canto de la consigna "perfecta unión cívico-militar-policial", y acusa públicamente a nuestros jóvenes de "terroristas y drogadictos".
Maduro señaló que los jóvenes tienen que ser "reeducados"; y lo dice el mismo presidente que ha sido incapaz de garantizarles el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad, ni a un trabajo digno; ni cumplió con el derecho a una vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales. Tampoco ha garantizado el acceso a servicios de salud de carácter gratuito y de calidad, con un suministro gratuito y oportuno de medicinas, ni tampoco el derecho a la educación gratuita. ¡Caramba qué cinismo presidente!
A esas y esos jóvenes que intentan sobreponerse al hambre y a las malas condiciones de vida a través de la lucha, los funcionarios represores les obligan a estos jóvenes a grabar videos arrepintiéndose y pidiéndole perdón a Maduro. Coaccionados por el miedo que ejercen sobre ellos los funcionarios de los cuerpos represivos, no logran resistirse a tal locura, y muchos de ellos admiten los hechos aun siendo inocentes, sólo con el propósito de escapar a los tormentos de la tortura o al terror que generan las amenazas.
Los rostros y las historias de algunos de los detenidos
Victoria Morillo es una joven de 16 años, estudiante de bachillerato, integrante del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y becada en estudios de modelaje.
Su madre, Carmen Morillo, ha explicado su situación: Victoria fue detenida el 29 de julio en Altamira, cuando salió a pasear con una prima Isabel Longa de 26 años; ambas fueron arrestadas y desde entonces sus familiares no han podido verlas. Se encuentra detenida en la zona 7 de Boleíta y fue acusada de terrorismo.
Andrés Sánchez Santiago es un joven merideño de 21 años de edad. El 29 de julio salió a caminar por las calles de su comunidad. Mientras se movilizaba fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, tras las protestas que se llevaban a cabo en toda la ciudad de Mérida.
Es importante destacar que Andrés presenta una condición de trastorno del espectro autista, lo que hace que su situación durante la detención sea aún más delicada.
Los efectivos que lo detuvieron lo cubrieron con gasolina y restos de caucho quemado, intentando hacer parecer que había participado en protestas violentas. Actualmente, está privado de libertad en el Centro Penitenciario de la Región Los Andes, acusado de terrorismo, traición a la patria, desorden público e instigación al odio.
Para empeorar la situación, en estos momentos Andrés muestra un cuadro de deshidratación, debido a una amibiasis que contrajo en el centro penitenciario.
Isabel Longa, de 26 años, es una estudiante de Administración mención Mercadeo, quien trabaja muy duro para poder costear sus estudios universitarios. Fue detenida el 29 de julio en Altamira, cuando salió a pasear con su prima Victoria Morillo; ambas fueron arrestadas y desde entonces ninguno de sus familiares ha podido verlas.
«Ella es reflejo de perseverancia, humildad. nosotros no crecimos con beneficios, crecimos valorando lo poco o lo mucho que nos brindaban nuestros padres en cada circunstancia», expresó Carlina Morillo, prima de Isabel y hermana de Victoria Morillo.
Isabel fue trasladada el 3 de agosto a una cárcel en Los Teques, y no se le ha permitido a la familia la entrega de enseres personales.
Daniel Rojas, de 27 años, fue detenido arbitrariamente por la Guardia Nacional Bolivariana cuando salía de su trabajo en El Valle, Caracas, el 29 de julio.
Rojas es sordo. Inicialmente fue llevado a una sede policial y luego trasladado a la cárcel de Yare, donde actualmente se encuentra recluido. Su condición física lo hace más vulnerable frente a estas injusticias, ya que este joven no maneja lenguaje de señas, ni sabe leer o escribir.
Ante su detención, la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), ha emitido un comunicado expresando su preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran estos detenidos en particular.
Ángelo Soriano, otro joven, de 19 años de edad, fue detenido por fuerzas de seguridad en Las Mercedes, Caracas, luego de la concentración convocada por la derecha el día 3 de agosto, y luego trasladado a la Cárcel de Yare III en los Valles del Tuy, estado Miranda.
El joven es rescatista y paramédico. Según sus familiares, Ángelo se disponía a buscar a su mamá en el trabajo de ella, con sede en Las Mercedes.
Gabriela del Carmen Maldonado, joven menor de edad detenida el 29 de julio en Barcelona, Edo. Anzoátegui junto a su prima, cuando ambas salían de un centro de salud. Llevaban franelas blancas y por eso los efectivos policiales las identificaron como opositoras.
Yolimar Ávila Matos fue detenida el 29 de julio, cuando marchaba pacíficamente en las calles de Santa Cruz del municipio Valera, Edo. Trujillo.
Se encuentra detenida en el Comando Policial 2.0 de Valera. Desde el momento de su detención no le han permitido visitas. Sus hijas, su madre y demás familiares exigen que se les permita ver para conocer su estado de salud.
Yolimar es madre de 3 hijas, dos de ellas menores de edad. Además de ser madre de familia y ama de casa, sus conocidos y familiares la describen como excelente vecina, trabajadora y colaboradora en su comunidad. No presenta ningún antecedente penal.
Mariángel Marcano detenida arbitrariamente por la Guardia Nacional Bolivariana mientras protestaba pacíficamente en la Av. Bolívar de la Isla de Margarita, el pasado 29 de julio.
Mariángel es atleta de taekwondo. Inicialmente fue recluida en el comando de Los Cocos en Porlamar y luego, al igual que otras 70 mujeres de diferentes regiones del país, fue trasladada al Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Alejándola aproximadamente 500 Km de su familia, lo que constituye una violación flagrante de sus derechos.
Roberto Rico es un músico conocido como el «Coplerito», quien fue detenido el 29 de julio, en San Juan de los Morros Edo. Guárico.
Roberto es acusado de terrorismo. Sufre trastorno de bipolaridad y discapacidad intelectual leve; requiere del suministro de medicamento de por vida, y en estos momentos lo requiere con urgencia, ya que no le ha sido suministrado por el Estado desde su detención.
Edward Ocariz, de 53 años de edad, es miembro del Comité de Derechos Humanos de la parroquia Coche de Caracas, y ha sido un activista activo en la parroquia.
Fue detenido el 2 de agosto mientras preparaba su almuerzo. Se lo llevaron en chanclas, camiseta y pantalones cortos, esposado y escoltado por cuatro oficiales encapuchados. Su detención se llevó a cabo sin orden judicial. Inicialmente fue recluido en las instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (zona 7). Luego fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito.
Deysi Peña es una reportera gráfica venezolana. Fue detenida por la policía regional el 2 de agosto de 2024 alrededor de las 6:30 a.m., en la gasolinera Los Nuevos Teques, por tener en su teléfono fotografías de las protestas ocurridas en el municipio Carrizal el 30 de julio.
Ha permanecido recluida desde el 5 de agosto en la cárcel de mujeres, en Ocumare del Tuy. El 7 de agosto fue presentada ante un tribunal especial con competencia en terrorismo en una audiencia telemática; le imputaron el delito de terrorismo. Es madre de tres hijos, todos menores de edad.
Freidel Guzmán es un joven que presenta una discapacidad y se gana la vida vendiendo chupetas. Fue detenido en El Tigre Edo. Anzoátegui, los días posteriores al 28 de julio.
Luis Manuel Alarcón Méndez se encuentra detenido en el destacamento 331 del CONAS Barinas. Es paciente diabético insulino dependiente, hoy su Glicemia se encuentra inestable en 280, lo que ha generado afectaciones respiratorias y problemas renales.
Samyr Blanco tiene 28 años de edad y es estudiante de psicología. Fue detenido en Cúa el 2 de agosto, acusado de terrorismo, instigación al odio y resistencia a la autoridad. Se lo llevaron de su casa, y a pesar de que lo obligaron a grabar un vídeo disculpándose, no lo liberaron. Actualmente se encuentra detenido en Tocuyito.
Marbelin Camacaro madre de José David Crespo Camacaro, narra en el siguiente vídeo, como su hijo, un adolescente de 14 años, estudiante, fue detenido el 30J por efectivos policiales. Israel Crespo padre del jovencito también fue injustamente privado de libertad.
Estos son apenas algunos de los rostros e historias de los cientos de privados de libertad que ha dejado la represión estatal, reaccionaria y antipopular durante el último mes en Venezuela. A propósito de las detenciones de personas en situación de discapacidad, es necesario recordar el artículo constitucional 43: «El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma».
A todos los detenidos se les están imputando delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad e incluso acusaciones más graves, como terrorismo y traición a la patria, enfrentando así penas que van desde 10 a 30 años de prisión.
Desde el Comité de Familiares y Amigxs por la Libertad de los Trabajadorxs Presxs, conjuntamente con otras organizaciones políticas y sociales, llevamos adelante una campaña nacional e internacional en defensa irrestricta de los derechos democráticos, por la libertad de las y los criminalizados por protestar. Si usted siente indignación ante estos hechos, les invitamos a apoyar la campaña con su rúbrica a través del siguiente link:
#LibertadParaLxsPresxsXProtestar