18-09-24.- «A 50 días de haberse realizado las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral aún se niega a presentar los resultados desagregados por mesa de votación y la voluntad popular permanece secuestrada por los poderes al servicio de la cúpula del Gobierno-PSUV», denunció el lunes en una declaración de prensa, Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Andrade anunció que el PCV se sumará a la iniciativa promovida por el excandidato presidencial Enrique Márquez para solicitar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la revisión de la sentencia de la Sala Electoral que valida el resultado anunciado por el CNE el pasado 28 de julio.
«La sentencia de la Sala Electoral violenta la Constitución; la soberanía popular debe ser respetada; los resultados desglosados por mesa de votación deben ser publicados», afirmó.
El Buró Político también expresó su «rotunda condena a las recientes denuncias de tratos crueles y torturas» contra un grupo de menores de edad que fueron arbitrariamente detenidos en zonas populares de Caracas tras las elecciones presidenciales.
«Los familiares de estos jóvenes han denunciado que han sido torturados con electricidad, mecanismos de asfixia y golpizas para que grabaran videos admitiendo delitos que no cometieron», detalló Andrade.
«El PCV exige libertad inmediata para estos jóvenes y para todas las personas detenidas arbitrariamente en la escalada de represión postelectoral», agregó.
La dirigente también informó que el PCV es parte de una campaña que impulsan diversas organizaciones políticas, sociales y sindicales para exigir la liberación de los detenidos durante las protestas.
«Este miércoles 18 de septiembre se instalará en la Plaza Brión de Chacaito un punto de recolección de artículos de higiene personal y alimentos no perecederos para los detenidos», precisó.
Finalmente, el partido del Gallo Rojo rechazó «el cierre de emisoras y programas radiales, así como las amenazas contra medios de comunicación y periodistas que están documentando las arbitrariedades cometidas antes, durante y después de las elecciones».
