12-10-24.-Por un período de 2 años más el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes 11 de octubre la extensión del mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, tras la solicitud que varios gobiernos e integrantes de ONG de derechos humanos hicieron semanas atrás.
La decisión contó con 23 votos a favor, 6 en contra y 21 abstenciones, entre ellas las de Brasil Qatar, Emiratos Árabes e India. Entre los votos en contra destacan los de Eritrea, Argelia, China, Cuba, Sudán y Vietnam.
Entre las organizaciones no gubernamentales venezolanas que demandaban la renovación de este trabajo de la Misión destacó Provea, Programa Venezolano en Educación de Derechos Humanos.
En su cuenta de la red social X escribió que “La Misión de la ONU sobre #Venezuela investiga graves violaciones a los derechos humanos. Su trabajo ha sido clave para denunciar cadenas de mando, el control judicial, centros de tortura, Arco Minero y más. Su mandato es más necesario que nunca porque la represión sigue. Tras las elecciones del 28J, unas 2400 personas fueron detenidas arbitrariamente (alardeado por el propio Nicolás Maduro), 25 personas fueron asesinadas en el contexto y unas 50 fueron víctimas de desapariciones forzadas. Sumado a masivas violaciones al debido proceso y el Estado de derecho. El gobierno ha intensificado la Operación Tun-Tun, una campaña de persecución masiva dirigida contra opositores, dirigentes sociales y manifestantes: Se han reportado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y actos de violencia y saqueo por parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto sucede en un ambiente de terror generalizado contra la población”.
También, la ONG Acceso a la Justicia reflejó en su cuenta de X que es la primera vez que los votos a favor supera a los de las abstenciones y califican esto como una victoria de las víctimas.
Nuevo informe de la Misión para Venezuela
De hecho, el pasado 17 de setiembre los líderes de la Misión presentaron un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el que documentó la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A través del informe, la Misión denunció la persecución política sistemática por parte del gobierno de Nicolás Maduro y señaló que más de 2.000 personas fueron detenidas tras las protestas en rechazo a los resultados electorales.
Asimismo, la Misión puso en manifiesto las torturas físicas y psicológicas por motivos políticos hacia los detenidos.
Por su parte, y en respuesta a este informe, el Gobierno de Venezuela rechazó el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándolo de “vulgar y panfletario” y acusando a la organización de estar “cada vez más extraviada de sus funciones”.
En un comunicado, emitido el 20 de septiembre, el Gobierno señaló que el informe es producto de una misión “ilegítima, politizada e ideologizada” que fue creada por el “fracasado Grupo de Lima” con el objetivo de seguir órdenes de Estados Unidos.
