26-02-25.-Un grupo de contratistas militares, entre los que se encuentra el exdirector ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, presentó a la Casa Blanca de Donald Trump una propuesta que contempla la ejecución de deportaciones masivas mediante la instalación de «centros de procesamiento» en bases militares, el despliegue de una flota privada de 100 aeronaves y la conformación de un «pequeño ejército» de ciudadanos autorizados para realizar arrestos.

El plan, detallado en un documento de 26 páginas que los asesores de Trump recibieron antes de su toma de posesión, estima un costo de 25.000 millones de dólares y propone una serie de medidas agresivas con el objetivo de deportar a 12 millones de personas —incluyendo venezolanos— antes de las elecciones legislativas de 2026. No obstante, algunas de estas tácticas podrían enfrentar obstáculos legales y operativos, según una copia del informe obtenida por Politico.

El equipo que impulsa la propuesta está liderado por Prince, quien mantiene una estrecha relación con Trump; y Bill Mathews, exdirector de operaciones de Blackwater, una firma conocida por su labor en seguridad, entrenamiento y logística para las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán durante la llamada guerra contra el terrorismo. En el grupo también figuran antiguos funcionarios de inmigración.

Proyecto «no solicitado»
El surgimiento de este plan, catalogado como «no solicitado», refleja las dificultades que enfrenta la administración para obtener los recursos necesarios para llevar a cabo la ambiciosa agenda migratoria de Trump. Su promesa de campaña de ejecutar deportaciones masivas ha abierto la puerta a contratistas privados que ven una oportunidad en un posible incremento del gasto gubernamental en esta área.

Asimismo, el plan fue desarrollado mientras Prince prometía a los venezolanos «liberar» Venezuela con una operación militar mercenaria financiada con fondos recaudados a través de la organización Ya Casi Venezuela.

El documento subraya que deportar a 12 millones de personas en dos años «requeriría que el gobierno expulsara a casi 500.000 extranjeros ilegales por mes». Además, advierte que «para mantener el ritmo de las deportaciones de Trump, sería necesario aumentar la actividad en un 600%», algo que, según el informe, el gobierno no podría gestionar por sí solo: «Es poco probable que el gobierno pueda ampliar su personal interno para satisfacer esta demanda… Para procesar este enorme número de deportaciones, el gobierno debería recurrir a asistencia externa».

Altos funcionarios de la Casa Blanca han mantenido múltiples conversaciones con contratistas militares, mientras los republicanos en el Congreso buscan asegurar más fondos para reforzar la política migratoria del presidente. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó las detenciones durante las primeras semanas de la administración Trump, el ritmo de las deportaciones no ha crecido al mismo nivel. Las presiones para acelerar los procedimientos han llevado a la reasignación de altos funcionarios de inmigración, ya que el gobierno enfrenta limitaciones en capacidad de detención y personal.

Steve Bannon, exasesor de Trump y conocedor de la propuesta, declaró: «La gente quiere que esto se implemente rápidamente y entiende que el gobierno siempre es muy lento en estas cosas. Es inteligente comenzar a licitar ahora mismo y evaluar qué pueden hacer las empresas externas y los contratistas».

No está claro si el presidente ha revisado el plan, aunque el documento ha circulado entre aliados de Trump desde diciembre. Durante su campaña, Trump prometió que las deportaciones masivas comenzarían el primer día de su gobierno, algo que aún no se ha materializado.

Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que la administración «sigue alineada y comprometida con un enfoque integral de todo el gobierno para asegurar nuestras fronteras, deportar en masa a inmigrantes ilegales criminales y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración».

«Si bien los funcionarios de la Casa Blanca reciben numerosas propuestas no solicitadas de distintos actores del sector privado, corresponde a las agencias responsables de ejecutar la agenda del presidente considerar y firmar contratos para avanzar en su misión«, añadió Desai.

Por su parte, Mathews comentó a Politico: «No hemos sido contactados ni hemos tenido discusiones con el gobierno desde la presentación del documento que enviamos hace meses. No ha habido ninguna muestra de interés o compromiso por parte del gobierno y no tenemos razones para creer que lo habrá». Prince y otros contratistas mencionados en el documento declinaron hacer comentarios o no pudieron ser contactados.

Erik Prince y su historial en contrataciones militares
Los impulsores de esta iniciativa están vinculados al gobierno de EE. UU. desde hace tiempo. Blackwater, fundada por Prince en 1996, se especializaba en entrenar personal militar y policial. La empresa ganó notoriedad por sus operaciones en Irak y Afganistán, proporcionando seguridad a funcionarios estadounidenses y a las fuerzas armadas. Su crecimiento fue visto por críticos como una consecuencia de la sobreextensión militar de EE. UU. en Medio Oriente.

La compañía quedó en el centro de la polémica en 2007 tras la masacre de la plaza Nisour, donde contratistas de Blackwater abrieron fuego contra civiles iraquíes, matando a 17 personas e hiriendo a otras 20. Este hecho generó dudas sobre la supervisión y rendición de cuentas de los contratistas privados. Cuatro empleados fueron condenados por homicidio en 2014, pero Trump los indultó en diciembre de 2020, en los últimos días de su mandato.

El poder de influencia de Prince durante la primera administración Trump quedó en evidencia cuando su hermana, Betsy DeVos, fue nombrada secretaria de Educación. Además, Prince utilizó sus conexiones con la Casa Blanca para promover negocios tanto en EE. UU. como en el extranjero. En 2018, se le vinculó con una operación de espionaje contra organizaciones progresistas y demócratas críticas de Trump. En 2019, participó en una iniciativa con Bannon para financiar privadamente la construcción de un muro en la frontera sur. En 2020, propuso un plan de 10.000 millones de dólares para involucrarse en la industria militar ucraniana y reclutar veteranos de combate para una empresa militar privada.

Desafíos legales y operativos del proyecto
La propuesta actual enfatiza que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos de Trump y plantea una estrategia detallada para expandir la capacidad de aplicación de la ley migratoria. Se sugiere la creación de un equipo especializado en localizar migrantes indocumentados, así como el despliegue de una flota de 100 aeronaves con el fin de «expulsar a toda la población ilegal del país en dos años».

Sin embargo, el plan incluye varias disposiciones que podrían ser impugnadas en los tribunales. Por ejemplo, se propone la creación de un equipo de abogados y asistentes legales para determinar la elegibilidad de deportación y llevar a cabo audiencias masivas, una práctica sin precedentes en el sistema judicial estadounidense. También se recomienda la implementación de un sistema de notificaciones públicas para alertar a los inmigrantes sobre sus audiencias judiciales en lugar de enviarles citaciones formales.

Otra sugerencia controvertida es la formación de un equipo de rastreo para localizar inmigrantes mediante registros existentes y la implementación de un programa de recompensas que incentive a oficiales estatales y locales a detener a personas indocumentadas. Esta medida podría enfrentar desafíos legales, ya que en muchas ciudades y estados los agentes locales no tienen autoridad para actuar como funcionarios de inmigración.

El documento también plantea la posibilidad de reclutar y capacitar a 10.000 ciudadanos, entre ellos veteranos militares y exagentes policiales, otorgándoles poderes similares a los de oficiales federales de inmigración. Sin embargo, expertos advierten que esta práctica sería objeto de demandas inmediatas.

Implicaciones políticas y riesgos de implementación
A pesar de la magnitud del plan, su implementación enfrenta grandes obstáculos logísticos y financieros. Según estimaciones de Jason P. Houser, exjefe de gabinete de ICE, la operación costaría al menos 80.000 millones de dólares. Además, no hay garantía de que los países de origen acepten repatriaciones a esta escala, lo que complicaría aún más su viabilidad.

«La idea de expulsar forzosamente a 12 millones de personas de EE. UU. no solo es operativamente inviable, sino que representa una catástrofe moral y económica en ciernes», advirtió Houser.

Con información de Politico.