La más reciente iniciativa del gobierno nacional en materia cambiaria consiste en la instalación de un conjunto de casas de cambio -abanderadas todas al parecer con la marca Italcambio- para, en términos prácticos, intentar abrir un boquete al control de cambio que rige en el país desde 2003, y que, en el contexto de la caída del ingreso petrolero ha acentuado la escasez de divisas, lo cual explica en gran medida la terrible situación de escasez de alimentos, medicinas, insumos para la industria y casi cualquier producto imaginable, con la consecuente hiperaceleración de los precios internos que cada día destruye el salario de los trabajadores, depauperando como nunca antes a la sociedad venezolana.

Hasta donde se sabe, se trata inicialmente de 8 casas de cambio que funcionarían en los estados Táchira y Zulia y que podrán actuar como operadores cambiarios para la venta de pesos colombianos a los ciudadanos venezolanos y extranjeros que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con informaciones de prensa, los ciudadanos que consignen la documentación solicitada podrán acceder a la compra del equivalente hasta 300USD diarios (por transferencia) y hasta 200USD diarios si se trata de dinero en efectivo. El tipo de cambio -fijo- establecido por el gobierno nacional, es de 4 pesos por bolívar, lo que arroja un tipo de cambio implícito -variable- de Bs. 735 por dólar americano aproximadamente.

¿Cuál es la novedad?

Ninguna hasta ahora. Algún analista desprevenido o algún colega altamente comprometido políticamente con el gobierno del presidente Maduro podría interpretar que esta medida representa algún mecanismo adicional, una respuesta novedosa al enorme problema cambiario que enfrenta la economía nacional desde hace varios años. No podrían estar más equivocados

En realidad, nada ha cambiado (para bien). Este nuevo mecanismo es casi una copia al calco del difunto SIMADI. Incluso los requisitos, los límites y las exclusiones se parecen igualitos. Los resultados, por tanto, no pueden ser diferentes

Un tipo de cambio fijo, establecido "por respeto a Colombia" y no en atención a la relación entre oferta y demanda, las mismas limitaciones en la oferta, dada la poca disposición de los agentes privados a vender a una tasa que es apenas una fracción del tipo de cambio que pueden lograr a unos kilómetros de allí cruzando la frontera, y una demanda que tiende a infinito producto justamente de un tipo de cambio -un tercer tipo de cambio oficial por cierto- sobrevaluado, son la combinación perfecta para un colapso temprano de un sistema que presenta las mismas carencias que sus predecesores SITME, SICAD, SICAD II, SIMADI y DICOM.

En esta ocasión el mecanismo es mucho peor por cuanto -extraoficialmente- se habla de que la oferta será alimentada con los pesos provenientes de la venta de gasolina en la frontera. Es decir, que el BCV perdería, aún más, la capacidad de influir sobre el mercado cambiario. Una tragedia.

El hecho es que si nos ponemos capciosos ¿Por qué habría el gobierno de implantar una medida cuyos objetivos podría cumplir con los mecanismos ya vigentes y que han fracasado durante años? La respuesta -como es costumbre- se encuentra en la política, y no en la economía.

Como yo lo veo, se trata de una cuota de poder y dinero que el presidente ha debido entregar a los gobernadores fronterizos (militares retirados todos), en medio de la feroz pugna interna que vive el gobierno. Esta medida parece integrarse con las importaciones de alimentos a tipos de cambio "no subsidiados" como se le llamó al parecer difunto Plan de Abastecimiento Complementario. Como se recordará, este mecanismo comenzó por debajo de cuerda en los estados fronterizos, con la anuencia de los gobernadores Arias Cárdenas y Vielma Mora, como un intento aislado de fomentar el ingreso de alimentos al país, de la mano de empresarios privados políticamente afines.

Con este nuevo intento, estos empresarios, podrían estar recibiendo de forma direccionada, pesos baratos con los cuales podrían echar a andar nuevamente las importaciones de alimentos y contribuir a paliar la escasez en el país, materializando jugosos márgenes de comercialización y volteándose nuevamente a pesos a una tasa preferencial, de acceso casi exclusivo para quienes disponen de los contactos correctos.

Seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes es una definición de insania mental. Al parecer nuestra política económica se está generando en Bárbula.

Un mecanismo intermitente, con una tasa sumamente baja, con oferta estructuralmente restringida y filas de personas registrando sus citas para satisfacer su demanda -o de terceros que le paguen por ello- es un fracaso seguro.