Pascualina Curcio está de moda, como en el centro del debate. Y lo está porque siendo un personaje de afinidades con el gobierno, ha discrepado de éste en relación con su política salarial. Y por ella, unos cuantos hemos escrito respaldándole y otros han intentado descalificar sus razones, por compromisos con la política gubernamental.
Pero en medio de ese decir cosas por parte de Pascualina y de quienes salen en su defensa, uno observa cómo se hace caso omiso de un tema fundamental en lo que respecta a ese asunto del salario. A lo largo de los años de la llamada IV República, casi todos los trabajadores venezolanos, entre estos quienes sirven al Estado, ganaron el derecho a la contratación. Eso significó y significa, que los aumentos salariales no venían como dádivas generosas del patrón, sino conquistas de los trabajadores a través de sus luchas; lo que significó al mismo tiempo ganar para ellos cierta independencia, derechos y conciencia de lo que significan. Esos contratos, firmados a tiempo determinado, abrían la posibilidad de aumentos periódicos de acuerdo a determinados criterios, por derecho del trabajador durante su vigencia y la obligatoriedad de renovarlo según lo dispuesto en él mismo.
Pero ese derecho a contratar no se quedaba sólo en la posibilidad de conquistar mejores condiciones laborales, sino que, al darle marco legal a las luchas de los trabajadores, estas estimulaba y hasta enriquecía en cuanto a sus justas aspiraciones. Y significaba además haber roto con la vieja idea que el salario y sus respectivos aumentos eran el resultado de la bondad, generosidad de los patronos a los cuales había que rendir pleitesía. Sobre este mismo asunto, antes he escrito, para lo cual pongo el siguiente link:
https://www.aporrea.org/actualidad/a262827.html
Durante el gobierno de Maduro este derecho fue liquidado y se dejó en manos del patrón, con fines puramente políticos, que cual padre bondadoso se encargase de establecer "la justicia". Y esa usurpación de derechos, disfrazada de generosidad, terminó en la peor derrota llevada por los trabajadores de Venezuela, pues los contratos y las conquistas de los mismos derivadas terminaron siendo secuestrados por el patrón, el privado y el Estado.
De este asunto, hasta más importante que el salario mismo, no habla Pascualina, porque siendo ella economista no está en el campo inmediato de sus intereses como si debe estarlo en el de los dirigentes sindicales, políticos revolucionarios y trabajadores.
Lo que Maduro ha hecho, por las razones que sean, liquidar el derecho de los trabajadores a firmar sus contratos, es lo mismo que hacerlo con sus luchas y derechos. Es eso el sueño ideal del FMI y de todos los empresarios del mundo capitalista. Imagínense aquellos que se autodefinen como revolucionarios, particularmente quienes ejercen el rol de sindicalistas, hoy como en suspenso o en vacaciones, gustosamente aceptadas o forzadas, a largo plazo, que volvamos a un gobierno distinto y hasta opuesto a los valores que ellos les asignan a éste. ¿Tendrían que volver a luchas y por conquistas ya antes superadas? ¿Cómo justificarlas si ellos antes invalidaron sus razones? ¿Cómo asimilar ese significativo retroceso responsabilidad de ellos mismos? Al parecer, al seguir el curso de las discusiones que se dan en torno a las opiniones de Pascualina y el intento de descalificarle por parte de Jesús Farías, nadie presta interés al derecho a la contratación y se admite que sea el presidente quien asigne a voluntad suya el salario a cada trabajador como en los viejos tiempos, donde la clase dominante hacía y deshacía con toda libertad, para lo que tenían sus gobiernos que se encargaban de imponer la disciplina.
Mediante el "Plan de Recuperación y Bienestar Económico" el gobierno "legalizó" su desconocimiento a los contratos. Y en él, se llevó a una cifra, hablando del salario mínimo, a ½ petro, que hoy según el Banco de Venezuela equivale a más de seis millones de bolívares y no obstante sólo por él pagan 400 mil. Y además se ofreció una canasta de unos 25 productos regulados, aunque en principio se habló de 50 y se les llamó P-50. De manera que si no pudieran estar metiendo un paquetazo del FMI si parece mucho uno chileno; pero sin duda es un paquete. Y el venezolano de ahora, como el antes, ante ese paquete parece no reaccionar, por lo menos como le corresponde, sin excederse ni seguirle el juego a los servidores del capital extranjero.
Pero, casi como secretamente, se llegó a más, el gobierno optó por violar los contratos colectivos de trabajo y elaboró arbitrariamente unas tablas relativas a las distintas escasas de salarios mediante las cuales, no sólo invalidó aquellos sino que cual vil patrón, le arrebató a los trabajadores gran parte de su ingreso.
Antes que el venezolano empezase a cobrar ese nuevo salario ya el precio de todos los productos, incluyendo los de la lista se pusieron por encima del mismo. Pollo, carne y huevos, los más vigilados, no sabemos a ciencia cierta por qué lo son, se esconden y luego aparecen a precios inaccesibles para volver a desaparecer y reaparecer con más estatura y menos robustos. Y el gobierno sigue en su discurso, como si nada de eso sucediese, no porque le metieron un paquete chileno, pues el dañado es uno, el consumidor y sobre todo asalariado, sino por haber logrado algo que nunca uno imaginó que estos gobernantes buscasen. Es más, todavía nos tienen asombrados. Aunque para ser justo, todavía me cuesta creer sea eso lo que se propone, porque difiere mucho del concepto que tengo de quienes aquél conforman. Más bien les veo como enredados y casi víctimas de unos asesores invisibles y evasivos que experimentan, como decimos en Cumaná, "con el dolor ajeno".
El daño que están ocasionando a buena parte del venezolano pareciera provenir de una estrategia de igualar desde abajo. No se trata de subir el nivel de quienes menos ganan sino bajar el de quienes por distintas razones, porque esta sociedad no es de iguales, si no lo creen no me lo pregunten a mí, sino hasta al propio Marx, han venido ganando más. Y no creo, en el más estricto intento de razonar dialécticamente, que una sociedad se pueda volver productiva de esa manera. De lo que se trata, es lo que pensaron los grandes maestros, elevar la calidad humana tanto como para igualar en todos los sentidos y las fuerzas productivas alcancen el máximo nivel y así romper las barreras que separan al humano. Pero esa sola definición advierte que la tarea es ardua y no hay otra manera de concebirla. Y hasta me parece un poema.
Mientras el gobierno aumenta sus ingresos por impuestos, lo que paga el venezolano todo, porque detrás del llamado consumo suntuoso entran multitud de productos de consumo cotidiano y en todos los niveles, por lo que ya hemos dicho, prácticamente le rebajó el ingreso a miles de profesionales y trabajadores calificados. Pero además, por lo que hasta ahora se sabe, se han llevado en los cachos los compromisos contractuales con los trabajadores, y no lo está haciendo el FMI sino un gobierno, según su propia definición, de la izquierda. Hasta este momento, no hay información en contrario, pareciera haber sido liquidada la tabla salarial según el nivel académico del docente, sus años de servicio y su rol en la escuela. Por supuesto, eso incluye a los jubilados. Hay contratos de educadores, de aquellos que trabajan con las gobernaciones que desde hace años establecieron 120 días de aguinaldos y el mismo número para vacaciones, pero por eso que hemos llamado la igualación, en lugar de aplicar, como es costumbre y lo legal, lo que más beneficia al trabajador, se ha hecho lo contrario. Pero si uno se guía por las informaciones diarias, observa que en el sector salud, trabajadores de la electricidad y otros espacios, se producen las mismas manifestaciones de descontento. Por lo menos ellos saben o creen lo mismo que uno.
Defensores del gobierno, para lo abundan razones, cada quien con lo suyo, al hablar de este tema, sacan a relucir el pago de bonos y hacen sus sumas y exhiben cifras mayores, aunque como vergonzosamente, terminen por admitir que aún así siguen siendo miserables, pasan por alto que el Contrato de Trabajo tiene un valor trascendente en la vida de los trabajadores y sus relaciones con el patrón, como lo de influir en buena medida cuándo y a cual nivel deben aplicarse los aumentos. Pero hay todavía más. Esos aumentos tienen incidencia en los aguinaldos, bonos vacacionales y prestaciones salariales y asignación por jubilación, conquistas estas dos últimas que, al final del tiempo de servicio del trabajador servirían para hacer su vejez más llevadera. No obstante, la forma de manejar el salario casi despóticamente por parte del gobierno, y utilizar los bonos como una especie de dádiva muy por debajo de los aumentos inflacionarios, liquida aquellas conquistas y coloca al trabajador bajo la absoluta voluntad de su patrono.
El Contrato de trabajo es una referencia "legal" de las luchas generales de los trabajadores dentro del modelo capitalista, la sociedad de clases donde el patrón se apropia indebidamente de la mayor cuantía de los beneficios y, entonces liquidarlo, como ha hecho el gobierno de Maduro, le resta fuerza y motivo a la lucha de clases. ¿Acaso eso ha sido hecho de manera predeterminada?
Lo triste es que hasta "trabajadores", supuestos "militantes revolucionarios", ese proceder oficial, que favorece a las clases dominantes, convalidan e intentan justificar con la guerra económica y los bonos.
Para más señas y para terminar, en gran medida, entre esos trabajadores que antes ganaban más, están quienes nunca reciben Clap y más de las veces no reciben esos bonos.
