Es hasta cierto punto inevitable que, en una economía que ha pasado por un proceso de elevada inflación (y Venezuela, más que una elevada inflación, ha tenido hiperinflación), los individuos que forman parte de ella traten de proteger su patrimonio sustituyendo ingresos u otros activos en moneda nacional e intenten convertirlos a otra moneda más sólida o que conserve mejor su valor.

No obstante, esta situación inicial o de hecho no puede llevar a preferir la adopción, como una política pública, del dólar como moneda preferente de circulación en las transacciones de la economía nacional. Adoptar una moneda extranjera, implica someter la economía nacional a las restricciones de su limitada disponibilidad, así como también a los accidentes que esa moneda pudiera sufrir (inflación o caída de su valor). Adoptar una moneda extranjera como moneda corriente en la propia economía significa renunciar, en gran medida, a implantar una política económica autónoma y soberana, lo que implica, a su vez, renunciar a intervenir en la economía para corregir, por ejemplo, el surgimiento de ciclos económicos (recesiones, depresiones o crisis) que son muy frecuentes en las economías capitalistas; y, de hecho, nos encontramos actualmente ante un ciclo depresivo muy importante a nivel de la economía global.

El uso preferente de una moneda extranjera en las operaciones comerciales de una economía impide hacer frente a estos ciclos recesivos, a través -por ejemplo- de una política monetaria para expandir el crédito y reactivar la economía nacional, en momentos en que la economía externa tiene limitaciones para fungir de motor de la economía nacional (debido a la pandemia global y a la caída de las importaciones mundiales). O, también, a través de una política cambiaria, que permita devaluar o depreciar el valor internacional de la moneda propia, con el objetivo de mejorar la competitividad de los productos generados en la economía nacional y elevar las exportaciones para hacer frente a la recesión existente.

De manera que, el primer problema que tiene una economía que adopte tal decisión es asegurarse la provisión continua de cantidades suficientes de esa moneda extranjera para no interrumpir el funcionamiento de la economía y facilitar las transacciones. Normalmente, tal situación se logra a través del ingreso procedente de las exportaciones. Debido a las sanciones, Venezuela tiene problemas para hacer uso de su principal industria exportadora con el fin de proveerse de suficientes ingresos de divisas para alimentar el funcionamiento de la economía. Así que allí vamos a tener una limitación, para asegurar el adecuado funcionamiento de una economía que use la moneda extranjera en sus transacciones internas. Ante esta restricción de la vía de las exportaciones, visiblemente se planteó como alternativa hacer uso, principalmente, de las remesas que percibían algunos venezolanos como producto de la migración significativa de los últimos años. Sin embargo, el flujo constante de remesas tropieza ahora con las consecuencias de la pandemia, que ocasiona la caída de la actividad económica, la producción y la pérdida de empleos también en el extranjero, lo que termina por afectar a los migrantes venezolanos que están "fuera de casa", y más bien muchos buscan volver, y debemos prepararnos para recibir bien a quienes nunca han debido sentirse forzados a migrar por ninguna razón. Así que las remesas empiezan a menguar igualmente. Ya no es posible contar con un flujo continuo y significativo de remesas.

En las actuales condiciones, la única posibilidad de proveerse de un flujo importante de divisas (pues la vía del crédito y las ayudas internacionales están igualmente cerrados por las "sanciones") es a través de la inversión externa y el retorno de los capitales, previamente fugados, y que mantienen algunos venezolanos en el extranjero (cifra que en ningún caso considero inferior a 200 mil millones de dólares y que más probablemente equivale como mínimo a 400 mil millones de dólares). Una pequeña parte de estos fondos sería suficiente para estabilizar la economía, pero no podría asegurar un flujo de divisas suficiente para mantener en funcionamiento la economía venezolana. Esto, a menos que estemos pensando en mantener una caída insostenible de la economía y del consumo de los venezolanos.

Por otra parte, la extensión de la dolarización en la economía nacional está implicando la aceleración de la tasa a la que se elevan los precios de los productos que circulan en la economía nacional, pues ahora se expresan los precios en dólares y a un valor equivalente o más cercano al precio internacional, lo que a su vez anula las ganancias de competitividad que pudiera haber obtenido la economía venezolana como resultado de la devaluación acelerada de su moneda, y corre el riesgo de hacer inútil el gran sacrificio que se ha causado a los venezolanos, particularmente, a los trabajadores y los venezolanos más humildes, quienes aún ven reducidos sus ingresos y su capacidad de demanda. Es precisamente, este ultimo tramo de la sociedad venezolana, la mayoría, quienes han visto postergadas sus necesidades.

La reactivación de la demanda interna y de la economía nacional es el único motor disponible para hacer frente a la grave situación de la economía venezolana, sobre todo, en un contexto de depresión y crisis mundial.

Por ello, consideramos necesario defender la circulación del bolívar y el valor de nuestra moneda; eso implica mantener el carácter obligatorio de su circulación, adoptar programas contra la inflación y promover la producción nacional. Igualmente, significa adoptar planes que lleven a recapitalizar la banca y reactivar los créditos para la producción. Es imprescindible adoptar una política orientada a reactivar los salarios y prestaciones que dependen de éste, así como recuperar gradualmente la capacidad de compra de los mismos. Por último, pero igualmente muy importante, es necesario hacer auditoría de la deuda, limitar su servicio y reducir el saldo de la misma. Se trata de construir un modelo social equilibrado y justo, y oponerse a la tendencia de deterioro de los ingresos de los trabajadores y el pueblo humilde.

El autor es: Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la UCV