Me enteré a través de un artículo escrito en APORREA por el Profesor Roberto López Sánchez que el también Profesor y exdirector de OPSU, Antonio Castejón, había escrito un artículo titulado: “Alguien tiene que decirlo.” A continuación se discuten ambos artículos sobre la base de la importancia del debate en general y más aún en relación con este tema tan importante para los universitarios del país.
Mi primer señalamiento va dirigido al artículo de Castejón. El mismo lo respaldaría en su integridad si en lugar de referirse a “…la confrontación del ministro del Poder Popular de Universidades, Edgardo Ramírez, y los rectores de las universidades autónomas…” hubiese omitido “los rectores de”. Ciertamente, la confrontación fundamental del Ministro Ramírez y del gobierno nacional no es con los Rectores y ni siquiera con los grupos hegemónicos que sacan provecho ilegítimo de la autonomía. La confrontación gubernamental fundamental es contra las Universidades Autónomas y sus universitarios. La confrontación con los Rectores no pasa de gestos antipáticos o de descalificaciones a mansalva. Este hecho, si bien conforma evidencia de la mala conducción del Ministerio, no es la esencia de la desacertada conducción de nuestro gobierno revolucionario en los asuntos universitarios.
Dentro del excelente artículo de Castejón (apartando el detalle mencionad) destaco lo siguiente: “Una conducta revolucionaria sería, asumir la voluntad política de acortar distancias entre el Gobierno bolivariano y las comunidades universitarias. Quienes dentro de las universidades autónomas asumimos la defensa del proceso bolivariano, sentimos la necesidad de un mensaje del gobierno nacional que estimule las energías potenciales universitarias para construir la universidad de la emancipación.” Con esto queda más que claro que la conducción del asunto universitario es percibida por muchos bolivarianos como anti-revolucionaria. No es por la vía del lenguaje incendiario que se construye revolución; tampoco es revolucionario el congelamiento y recorte de presupuesto, el incumplimiento de compromisos laborales, las restricciones para adquisición de divisas, y la dramática disminución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores universitarios. Por otra parte, lejos de una conducción revolucionaria está la suspensión de convenios y contratos institucionales entre el Estado y nuestras Universidades, aún cuando se trata de proporcionar servicios gratuitos a la comunidad; ni el hecho de que nuestros egresados tienen posibilidades disminuidas de hacer ejercicio profesional en el sector gubernamental y el trato discriminatorio para con nuestros Estudiantes.
De la cita anterior también hay que resaltar la necesidad sentida “de un mensaje del gobierno nacional que estimule las energías potenciales universitarias para construir la universidad de la emancipación.” Hoy por hoy, los universitarios bolivarianos nos encontramos en una situación de desamparo político y de rechazo popular; somos identificados como cómplices de las incomprensibles estrategias utilizadas por el gobierno y no tenemos canales efectivos de comunicación con quienes tienen la responsabilidad de liderar las políticas en los temas de educación universitaria. Las puertas del MPPEU están cerradas para la mayoría de los universitarios (de Universidades Autónomas), incluyendo allí a quienes estamos identificados con el proceso.
Para finalizar con la primera parte de este escrito, considero oportuno resaltar el tono valiente y responsable de Castejón al pronunciarse, con el debido respeto, en relación con la desacertada conducción de los asuntos universitarios por parte del gobierno y del agravamiento observado en la gestión de Rámirez. Efectivamente, “Alguien tenía que decirlo” y espero que muchos de los revolucionarios se convenzan de que “Alguien debe respaldarlo”. Pienso que por la vía de la adulación y del asentimiento incondicional a las decisiones del Presidente no vamos a conseguir la adecuada rectificación. Por el contrario, la esencia del pensamiento revolucionario radica en el pensamiento crítico y creativo que distinga permanentemente las contradicciones en la sociedad y proponga canales viables para la consecución de la máxima felicidad posible.
En cuanto a la crítica que hace el Profesor López al artículo de Castejón, pienso que la misma desvía el fondo de lo que él plantea y se va por las ramas. Es cierto, como ya mencione, que en el artículo de Castejón se ubica indebidamente la relación entre el Ministro y los Rectores. No obstante, no creo que haya que hacer un gran esfuerzo para distinguir la esencia de lo cuestionado por Castejón.
Nadie discute que en las principales Universidades del país se han entronizado grupos políticos que hacen uso abusivo, inmoral e ilegítimo de la autonomía universitaria. Ellos se aprovechan de una normativa obsoleta, así como en la práctica del clientelismo y la actitud cómoda y enajenada de las masas universitarias. Es menester de los sectores revolucionarios identificar las estrategias para superar esta situación. Sin duda alguna, el primer paso debe darse a nivel de la Asamblea Nacional para que se implementen cambios que aseguren un devenir universitario más cónsono con lo establecido en la LOE y con los intereses del pueblo. Sin embargo hay que decir que la AN ha fallado en este cometido a pesar de las contribuciones hechas por los revolucionarios bolivarianos de todo el país.
Dice López que “El gobierno bolivariano no había enfrentado, hasta ahora, el poder omnímodo que la burguesía ha mantenido en las autónomas. Recién a partir de la designación de Edgardo Ramírez como ministro, es que se ha comenzado a enfrentar y controlar la inmoral entrega de recursos que por 11 años realizó el estado venezolano a los rectores burgueses de las universidades públicas.” Agrega además que el Ministro Ramírez “intenta poner orden y control en esa absurda e increíble situación.” Sin embargo, más allá de la palabrería y de las amenazas, quienes han corrompido la administración, academia y moral universitarias siguen campantes. La realidad es que los intereses de la burguesía están más protegidos que nunca. Estos grupos hegemónicos, los mismos que auparon el Golpe de Estado, patrocinan guarimbas y mantienen su agenda golpista, están disfrutando de la torpeza gubernamental. Por otro lado, el grueso de nuestros universitarios, los que sólo pensamos en colocar nuestro grano de arena para el crecimiento del país, los no golpistas, y hasta los revolucionarios bolivarianos sufrimos como si estuviésemos pagando una culpa ajena. Decir que otorgarle recursos a las Universidades y sus universitarios es equivalente a hacer una “inmoral entrega de recursos a los rectores burgueses” es tan torpe como el bloqueo criminal al pueblo cubano con la intención de no fortalecer a Fidel.
El diálogo debe hacerse con todos los sectores universitarios, incluyendo los rectores, y este diálogo tiene que trascender lo formal. Coincido con López cuando afirma: “Las universidades autónomas sólo podrán modificarse desde afuera, con la presión de la sociedad, con los requerimientos del ejecutivo, y con las modificaciones a la ley que debería aprobar la Asamblea Nacional.” Sin embargo, es innegable que adentro existen universitarios comprometidos con los cambios y así lo hemos demostrado. El Ministro Ramírez no sólo ha fallado en la respectiva convocatoria a ese diálogo, sino que ha desdeñado las invitaciones que le hemos hecho distintos grupos de universitarios revolucionarios.
Debo dejar claro que no quedé satisfecho con la gestión de Castejón ni la de Acuña. Pienso que ninguno de los dos hizo alguna contribución importante para impulsar una auténtica revolución universitaria. La creación de nuevas Universidades, especialmente la Bolivariana, ha servido para ofrecer oportunidades de estudio a sectores históricamente marginados. No obstante, no creo que nadie pueda afirmar que las Universidades se hayan integrado apropiadamente a los planes nacionales de maximización del bienestar social y en consecuencia afirmo que dicha gestión a lo largo de 11 años ha sido un fracaso. Aún así, considero que la peor de las gestiones ha sido precisamente la del Profesor Ramírez. Es más, no necesito disfrazar mi discurso de ninguna manera para expresar que por la salud del proceso, de las Universidades Autónomas y de sus universitarios, el Profesor Edgardo Ramírez debe ser destituido en su condición de Ministro. Por otro lado, me parece particularmente contra-revolucionario el descalificar a quienes se atreven a hacer críticas a la forma como se viene desarrollando el proceso. La rectificación se hará posible en la medida en que la crítica sea formulada en forma libre y la misma sea analizada y discutida con sindéresis y respeto.
Por último debo decir que el hecho que se estén pagando las deudas, ¡por fin!, no representa ninguna muestra de rectificación. Agradecemos inmensamente que nos estén dando esta dosis de oxígeno (porque ya estábamos casi asfixiados) pero sería casi como caer en el Síndrome de Estocolmo el considerar que esto representa un cambio de visión en la atención de lo universitario. Tengo esperanzas de que, al igual como el Presidente de la República se plantea un cambio de estrategia para vincularse con la clase media, el sector universitario reciba también otro trato. Estamos muy lejos de la satisfacción en relación con el aporte de las Universidades Autónomas a la sociedad. No obstante, tenemos el potencial de ser mucho más útiles si somos más tomados en cuenta y si se hacen los cambios necesarios, sobre todo a nivel legislativo. A continuación presento una lista muy puntual de lo que los universitarios adscritos a las autónomas estamos solicitando.
- Reconocimiento de la importancia del sector universitario en el país, similar al de médicos, militares y otros sectores de la educación.
- Cese del bloqueo económico e institucional contra las Universidades Nacionales Autónomas.
- Pago de la deuda con el sector universitario.
- Establecimiento de canales de comunicación entre el Estado y el sector universitario y participación en la definición de políticas sobre el sector que conduzcan al mejor impacto posible de nuestras universidades en los planes nacionales y en la consolidación del proceso socialista.
- Catalizar el proceso para promulgar la Ley Especial de Educación Universitaria y sentar las bases para el saneamiento de la administración de la academia y la consolidación del poder popular dentro de estas instituciones.
- Adjudicación presupuestaria justa.
Con todo respeto,
(*) Foro Socialista de Ingeniería
FBU-ULA
