Considero mi deber, como actor político responsable, proporcionar argumentos que le den soporte a mi cambio de percepción sobre el esquema de votación que deberían tener las elecciones universitarias para elegir autoridades.  En este documento entro en discusión conmigo mismo al rebatir, en unos casos, y reforzar, en otros, argumentos que había proporcionado en enero de 2011 en un artículo titulado: “Por qué no estoy de acuerdo con el "uno a uno"”.  Además, en este documento presento algunos detalles de lo que a mi juicio debe aparecer en un reglamento electoral que no contradiga a la CRBV ni a la LOE.

Las razones por las cuales manifesté estar en contra del “uno a uno” las resumo así:

1. Alta concentración de votos en Egresados, quienes no son realmente parte de la comunidad universitaria. 
2. Pérdida de Autonomía: Si la elección de las autoridades es hecha fundamentalmente por entes ajenos a la institución universitaria (los Egresados), entonces tendríamos una “Autonomía A Control Remoto” (!?). 
3. Concentración de votos en Estudiantes, quienes han mostrado en los últimos años una condición enajenada y poco comprometida con la institución y los proyectos de desarrollo social del país.
4. El incremento de poder de los “grandes electores” estudiantiles, quienes suelen ser “Estudiantes Profesionales” que tienen como misión sacar el máximo provecho político y económico de las debilidades legislativas y morales de la institución.  Estos “Estudiantes” permanecen en nuestras instituciones por varios lustros, con el amparo cómplice de los grupos hegemónicos con los cuales han establecido variados modos de conchupancia. Estas personas se agrupan en movimientos políticos enajenados como la 13, la 20, 100% Estudiantes, manitas blancas, etc. y están felices ante la expectativa de convertirse en los máximos protagonistas en los procesos de elección de autoridades universitarias. 
5. El poco peso que se le da a la votación del personal A.T.O.  conformado por trabajadores que se suponen tienen mayores niveles de consciencia social y compromiso con el proceso revolucionario.
6. La drástica reducción del peso en la votación del sector más comprometido con la academia: el sector profesoral.

Para iniciar la discusión debo precisar que mantengo mi criterio de que los Egresados ya no forman parte de la comunidad universitaria y como tal no deberían tener las mismas condiciones de participación que las que les corresponde a los verdaderos miembros.  No obstante, el Numeral 3 del Artículo 34 de la LOE es muy preciso al darle al Egresado la condición de Miembro y otorgarle los mismos derechos políticos que al resto de los auténticos miembros de la comunidad.  Es más, ratifico mi criterio de que permitir la participación, en igualdad de derechos, de entidades ajenas a la Universidad implica necesariamente cierta pérdida de autonomía.

Un cuerpo es autónomo cuando es capaz de adaptarse apropiadamente al entorno, decidiendo y actuando de modo que atienda permanentemente al sentido de su existencia, sin depender de intervenciones externas.  En el caso de la Institución Universitaria, su existencia está determinada por el servicio que le proporciona al sector social receptor en términos de sus misiones fundamentales: docencia, investigación y extensión.  En este contexto, los egresados forman parte de ese sector social y como tal, es necesario que la Universidad esté en capacidad de palpar el impacto que la institución tiene sobre ellos, así como en el resto de la sociedad.  La Universidad no sólo debe estar permanentemente evaluando los cambios en el entorno, sino que impulsando los mismos.  Así, la Universidad debe establecer alianzas con el resto de la sociedad: comunidades, empresas, instancias gubernamentales y comunidades profesionales.  Dichas alianzas son fundamentales para el cumplimiento efectivo del propósito organizacional, pero esto no debe implicar que las decisiones y acciones de la institución sean determinadas por los miembros aliados.  Permitir esto implica sacrificar autonomía; esta vez, no en términos de los designios de instancias del Estado ni de organizaciones empresariales, sino de los egresados y sus formas organizacionales.

Ahora bien, el hecho que no esté de acuerdo con la participación de los egresados, no implica que no esté  de acuerdo con el uno a uno.  El uno a uno es otro elemento incontrovertiblemente incluido en el famoso Numeral 3 del Artículo 34.  “El ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria” no puede entenderse jamás como un esquema que adjudique pesos a la votación de distintos grupos según cualquier criterio de estratificación de la comunidad. 

De modo que en mi artículo en discusión cometí  el error de confundir el elemento de la condición de miembro de la comunidad con el concepto de igualdad de derechos políticos consagrada en el uno a uno.  Creo que nada más democrático y revolucionario que permitir la participación en igualdad de condiciones de todos los miembros que conforman una colectividad.  El uno a uno representa la manera más justa de participación política y es a su vez el mecanismo que permite maximizar el funcionamiento autónomo de la organización.  Esto entra en contraste entonces con lo discutido en los párrafos anteriores.  Es decir, por un lado ganamos autonomía, por el otro la perdemos.

Siguiendo con el argumento de justicia y aun ratificando mi criterio de que la participación política sólo debe permitirse a los verdaderos miembros, pienso que si se le da derecho a los egresados, también debe darse el mismo derecho a los jubilados.  No creo que exista algún argumento que se sostenga y que indique que un egresado es más miembro de la comunidad que un jubilado.  Ahora bien, dado que la LOE le da igualdad de derechos políticos a todos sus trabajadores, entonces deben tener los mismos derechos políticos los jubilados de Profesores, Empleados y Obreros.

Por supuesto, tanta democracia da miedo.  Yo mismo manifesté mi preocupación por las consecuencias electorales inmediatas relacionadas con la posibilidad de que ciertos grupos políticos estudiantiles adquirieran mayores niveles de poder.  No obstante, ahora considero que cuando escribí el artículo anterior no había analizado el asunto desde una perspectiva de largo o mediano plazo.  Hay que darse cuenta de que la realidad política institucional tendrá un cambio sustancial tras la implantación del uno a uno.  Quienes tendrán el mayor impacto del cambio de correlación de fuerzas políticas serán aquellos identificados con los grupos hegemónicos que desde hace varios lustros vienen usufructuando el patrimonio económico y moral de la institución universitaria.

La dinámica política y gerencial universitaria responderá de manera paulatina al cambio de correlación de fuerzas y alcanzará un estado de equilibrio muy distinto al actual.  Por un lado, comenzarán a ser tomados en cuenta los olvidados de siempre: Empleados y Obreros.  Por fin se realizarán de manera oportuna las reclasificaciones a nivel de los A.T.O. y la atención de las necesidades de este sector formarán parte de las campañas y seguramente de las acciones de la gerencia universitaria en ejercicio.  Así mismo, el sector estudiantil habrá de tomar consciencia de su nuevo rol político y de la importancia y responsabilidad que adquiere en la toma de decisiones.  Ya no se trata de que con su 0,05 votos pueda influir de alguna manera en los procesos, sino que adquiere mayor protagonismo y participación.

A partir de la implantación del nuevo esquema democrático vendrán nuevos cambios que apuntarán a consolidar el poder participativo y protagónico.  La comunidad universitaria no se conformará  con tener poder electoral, sino que buscará poder en general.  Antes de que se promulgue una nueva Ley de Educación Universitaria tendremos exigencias por mayores niveles de participación paritaria a niveles de Consejos Universitarios, Asambleas y Consejos de Facultad.  Luego, con la nueva ley, se crearán nuevas instancias organizativas que superaran las estructuras monásticas de hoy en día.

Es cierto que hay una drástica reducción del peso electoral del profesorado.  Esto traerá como consecuencia que el profesorado tendrá que cambiar su manera de actuar en lo referente a la política y gestión universitaria.  Hay que pasar del imponer, a través de grupos hegemónicos ajenos inclusive al sentir profesoral mayoritario, al proponer y al convencer, por la vía de la discusión y la búsqueda dialéctica de la verdad.  Aunque suene contradictorio, los profesores de base tendremos mayores posibilidades de influir sobre las decisiones que en el presente, donde los grupos hegemónicos han desvirtuado la esencia del quehacer universitario.

También es cierto que el peso del resto de trabajadores universitarios se diferencia grandemente del esquema paritario que muchos anhelaban.  Sin embargo, queda claro que ahora aparecen los invisibilizados y en las agendas de discusión debemos contar con la presencia de estos universitarios.

Hay quienes hemos manifestado nuestra preocupación porque el peso de votación de algún estrato laboral sea mayor que el de otro.  Sin embargo, no se han puesto a pensar en que cualquier esquema de ponderación implica que el voto de algún miembro de la comunidad valga más que el de otro, lo que implica obviamente una injusticia.  El uno a uno es el esquema óptimo de participación electoral para la elección de autoridades universitarias.  Detrás de la aplicación del mismo se sucederán cambios verdaderamente revolucionarios en la institución.  Así lo creo.

Por último, presento a continuación algunas propuestas relacionadas con las características de un nuevo reglamento electoral.

1. Todo miembro de la comunidad universitaria tiene el mismo derecho de elegir autoridades universitarias.  En consecuencia, todos tenemos derecho a participar y el voto de cada miembro vale uno, independientemente de que sea miembro de la comunidad ulandina por distintas razones.
2. Son considerados como miembros de la comunidad los que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:
1. Profesores, Empleados y Obreros activos ordinarios;
2. Profesores, Empleados y Obreros jubilados;
3. Profesores, Empleados y Obreros contratados con al menos cuatro (4) años de servicio en la ULA1; 
4. Estudiantes de pregrado o de postgrado;
5. Egresados de pregrado o de postgrado.
3. Antes de cada proceso electoral se dará un plazo racional para que Egresados y Jubilados manifiesten su intención en participar y ser parte del Registro Electoral.
4. En las elecciones a Decano sólo podrán participar los miembros de la comunidad universitaria adscritos formalmente a la respectiva Facultad o aquellos que estén sirviendo exclusivamente a dicha Facultad por al menos dos años2.  Nadie podrá votar en más de una Facultad.
5. Las elecciones se efectuarán por la vía del voto directo y secreto en los sitios tradicionales de votación3.

Con todo respeto,

1 Se establecen cuatro años para evitar que alguna Autoridad contrate personal con fines electorales.  Recuerde que el periodo lectivo de equipo rectoral es de cuatro años. 

2 Muy importante en el caso de vigilantes.

3 Hay que percatarse que la votación a distancia o por Internet no es auditable.

pachano@ula.ve