En un país donde la educación debería ser el motor de desarrollo y esperanza, la realidad en Venezuela, desde hace varios años, dibuja un panorama sombrío. La crisis económica, social y política ha calado hondo en el sistema educativo, transformándolo en un reflejo del colapso estructural que vive la nación. No se trata solo de cifras o estadísticas; detrás de cada número hay historias de docentes que se debaten entre su vocación y la necesidad de supervivencia, de niños que cambian los cuadernos por trabajos informales, y de familias que ven cómo el sueño de un futuro mejor se desvanece entre las ruinas de un sistema que no da para más.

Hablar de educación en Venezuela es hablar de un sector que ha sido abandonado a su suerte. La reducción del gasto público en educación, que pasó de representar el 6,9% del PIB en 2009 a menos del 2% en 2019, ha dejado cicatrices profundas. Las escuelas, antaño espacios de aprendizaje y crecimiento, hoy son estructuras decadentes con problemas de electricidad, agua potable y saneamiento. ¿Cómo se puede aprender cuando el entorno mismo es inhóspito?

La falta de materiales educativos refleja un Estado incapaz de garantizar lo más básico. Pero la crisis va más allá de lo material. Se está perdiendo el recurso humano más valioso: los docentes. Con salarios que no superan los 20 dólares mensuales muchos han optado por emigrar o buscar alternativas laborales fuera del aula. Los que se quedan lo hacen más por compromiso que por condiciones dignas.

La crisis económica ha empujado a miles de niños y adolescentes a abandonar las aulas. Según Cáritas de Venezuela (2023), el 25% de los estudiantes no asisten regularmente a clases, y el 15% ha desertado por completo. La necesidad de trabajar para llevar comida a casa o la imposibilidad de costear el transporte son algunas de las razones detrás de estas cifras. La OIT (2022) señala que más de 300.000 niños están involucrados en actividades laborales, perpetuando así el ciclo de pobreza.

Esto no solo afecta a los niños y sus familias, sino que tiene implicaciones profundas en el tejido social del país. La falta de acceso a una educación de calidad limita las oportunidades de movilidad social y perpetúa la desigualdad. ¿Cómo puede un país salir de la crisis si su futura fuerza laboral carece de las herramientas básicas para prosperar?

La calidad educativa en Venezuela es otro tema crítico. La ausencia del país en evaluaciones internacionales como PISA demuestra la falta de voluntad para someter el sistema educativo a análisis externos y transparentes. En su lugar, se han implementado evaluaciones nacionales cuestionadas por su falta de rigor y transparencia.

Esto refleja un problema aún más profundo: la falta de formación docente y la escasez de recursos metodológicos. ¿Cómo se puede esperar un aprendizaje significativo cuando los propios maestros carecen de capacitación continua? Esta crisis de calidad educativa no solo afecta el presente, sino que hipoteca el futuro de millones de venezolanos.

El acceso a la educación en Venezuela no solo es limitado, sino profundamente desigual. Según un estudio de la UCAB del año 2021 (el dato más actualizado al que pude tener acceso) los niños de zonas rurales e indígenas enfrentan enormes dificultades para acceder a una educación básica. Solo el 40% de las escuelas en estas regiones cuenta con servicios básicos, lo que limita gravemente sus oportunidades de aprendizaje.

Por otro lado, la educación privada, que en otros contextos podría ser una alternativa, se ha vuelto inaccesible para la mayoría de las familias debido a los altos costos (Asoniños, 2023). La consecuencia es un país donde la brecha social se ensancha cada vez más, consolidando un sistema educativo profundamente excluyente.

El problema no solo radica en la falta de recursos o en la deserción escolar, sino también en la politización estéril del sistema educativo. La designación de ministros sin experiencia y la utilización de las escuelas como espacios de promoción partidistas y de líderes locales moralmente escasos han erosionado la confianza en el sistema educativo. La educación debe ser un derecho universal, no una herramienta de propaganda chabacana.

No basta con señalar los problemas; es urgente proponer soluciones. En primer lugar, es indispensable una política de Estado que priorice la inversión en infraestructura educativa y salarios dignos para los docentes. Asimismo, es vital garantizar la transparencia en la gestión de recursos y en la implementación de evaluaciones educativas. El gobierno debe cambiar su modelo pretoriano y policial por una visión de desarrollo humano sustancial.

Por otro lado, es necesario un enfoque integral que aborde no solo la educación, sino también la seguridad alimentaria y el transporte escolar. Ningún niño puede aprender con el estómago vacío o cuando el trayecto a la escuela se convierte en una odisea diaria.

La educación no puede seguir siendo un campo de batalla ideológico. Es momento de dejar a un lado las diferencias políticas y enfocarse en lo verdaderamente importante: el futuro de los niños y jóvenes venezolanos.

La situación de la educación en Venezuela es crítica, pero no irremediable. Revertir esta crisis requiere voluntad política, compromiso social y una visión de país a largo plazo. Los venezolanos merecen un sistema educativo que esté a la altura de sus sueños y aspiraciones.

Este es un llamado a la acción. No podemos permitir que una generación entera crezca sin oportunidades. No podemos seguir permitiendo que el potencial de millones de niños y jóvenes se marchite por falta de inversión y decisiones políticas erradas.