El paquete de rescate del Secretario del Tesoro norteamericano Henry Paulson de 700 mil millones de dólares presentado al Congreso de EEUU, consiste en la compra de carteras vencidas en el corto plazo como medio para restablecer la confianza perdida en el sistema financiero de ese país. Por efecto de maniobras especulativas se ha congelado el crédito interbancario – corazón del sistema financiero capitalista. El sistema en su funcionamiento es incapaz de garantizar instrumentos como derivados, “ventas cortas”, seguros (CDS, Credit Default Swaps)… Sin liquidez, o más exactamente, perdida la confianza, el sistema capitalista en su etapa financiera se ha detenido, por lo cual las medidas se asemejan más a un salvamento desesperado que a un abordaje, o reconocimiento, de propuestas por un nuevo sistema, que reconozca por una parte, las causas de la crisis y por otra, la necesidad de abordar radicalmente un nuevo sistema.

De hecho, existen estimaciones de la deuda, que manipulaciones especulativas del sector privado podrían llevar si se mantuviere una actitud pasiva del Estado, a una suma de 1,4 billones de dólares, [1] cifra superior al rescate fiscal de la deuda de los bancos de Japón en 1997.

Una primera votación del Plan Paulson (29/09/08), señala un rechazo de 226 votos contra 207; con una votación masiva de votos republicanos, 132, por el No. Con la noticia se desencadenó una baja espectacular en el Dow Jones, 420 puntos, la cual llegaría al fin de la jornada a -777.68; esto es, una caída de -6.98%. Se trata de los integristas del mercado quienes encuentran inaceptable la intervención del gobierno y la eventual transferencia de la propiedad de los bancos a manos del Estado.

En lo inmediato, sea cual fuere el monto preciso del rescate y las condiciones que se impondrán a las instituciones financieras quebradas, se espera que las autoridades asuman los “activos tóxicos”, en condiciones hasta ahora inéditas a situaciones de crisis del pasado. Junto a las deudas que comprometen la economía norteamericana se encuentran las deudas incobrables de la banca financiera internacional, que por algún tiempo negó su involucramiento en operaciones subprime, léase entre otros, instituciones financieras de Alemania, Francia, Suiza, China, Japón... De hecho, en una medida dramática el BNP Paribas (Francia) congeló activos por 2.200 millones de dólares en tres fondos con carteras expuestas a instrumentos subprime. Cartera que el mismo banco reconoce su imposibilidad de valorar en el presente. ¡Tal es el grado de confusión e irresponsabilidad en el manejo de las instituciones financieras!

Una economía de papel

En 2004 los precios de los inmuebles en la economía norteamericana, tomaron la velocidad del boom, coyuntura que ya en 2006 alcanzaba la cima de ventas de 6 millones de vivienda a compradores subprime, esto es insolventes ya sea por su condición de desempleados, de bajos ingresos, o sin patrimonio, que aprovecharon las bajas tasas de interés. A sabiendas de las características del mercado la industria financiera de EEUU recurrió y comprometió tanto el mercado financiero interno como las instituciones internacionales. Para ello echó mano a bonos hipotecarios, respaldados por hipotecas de alto riesgo (subprime), cuyos flujos se esperaba, pagaran dichos activos. Estos paquetes subprime en la cima de la coyuntura se veían respaldadas por aseguradoras – con instrumentos CDS – por un monto, según estimaciones, de 62 billones de dólares, esto es 4,4 veces el PIB de EEUU. La única forma de negociar estos bonos era introduciendo junto a los subprime, hipotecas prime, ambas en un mismo paquete dividido en tranche (niveles). El activo, o producto así vendido, eran los llamados CDO (Collateralized Debt Obligations) los cuales en teoría debían asegurar el pago del flujo. El negocio no funcionaba a menos que estos instrumentos contaran con altos niveles de seguridad los cuales eran garantizados por clasificadoras de riesgo. Objetivamente estas últimas, a ojos del público defraudado, aparecen como cómplices de negociaciones temerarias al borde de la delincuencia.

A fines de 2006 se producía un estallido de la burbuja, el mercado de la vivienda se desplomaba junto a cifras de desempleo en la economía de 5.5% –, en 2008 éste supera el 6%. Cifras estimativas señalan la existencia de 15 millones de créditos hipotecarios dudosos, de los cuales 10 millones serían incobrables, situación que revela la magnitud de la crisis, pues la cesación de pagos, ya sea por efecto de abandono de las propiedades o procedimientos de embargo en curso, impondrán en el futuro no sólo condiciones de pago más estricto, sino que además alimentan en el presente una espiral de precios a la baja.

Una lápida al sistema

En este panorama, el 7 de septiembre de 2008 el gobierno de EEUU nacionalizó dos firmas para lo cual destinó 200 mil millones de dólares. Las firmas en cuestión, Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) y Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) compran hipotecas convencionales a los bancos y las venden a inversionistas bajo la forma de bonos – con bajo nivel de riesgo pues cuentan con respaldo estatal – mercado que en el momento de la nacionalización se cifra a 12 billones de dólares, cifra representando alrededor del 50% de las hipotecas en circulación en EEUU.

Sin embargo, fue la transferencia de propiedad al Estado de la mayor aseguradora del mercado, AIG (American International Group), la que puso la lápida al mercado de créditos hipotecarios. En el convenio suscrito el Estado cubrió la brecha de liquidez de AIG mediante la suma de 85 mil millones de dólares. La operación que desencadenó la intervención fiscal correspondió a una filial de AIG que vendió un complejo derivado – seguro contra cesaciones de pagos – “diseñado para proteger a los inversionistas contra los impagos en una amplia variedad de activos, incluyendo hipotecas de algo riesgo”. [2] Esta operación, junto con la quiebra de tres de las mayores financieras y dificultades de otras dos, selló la suerte del sistema financiero de EEUU. Fueron así adquiridos, con intervención del gobierno, Bear Sterns por J.P. Morgan Chase; Merril Lynch por Bank of America; Lehman Brothers, su división de Europa y sus agencias del Medio Oriente y Asia por Nomura, el mayor banco de inversiones de Japón. A estas grandes financieras debe agregarse el Washington Mutual (WaMu) que tenía cerca de 2.300 sucursales en EEUU y 182 mil millones de dólares en depósitos de clientes a junio 2008 y pérdidas por 19 mil millones ligadas a préstamos hipotecarios impagos. Entró en crisis cuando Standard and Poors rebajó su calificación y sus acciones cayeron 25.22%. Algunas de sus sucursales fueron compradas por J.P. Morgan Chase, en 1.900 millones de dólares, junto con el anuncio que en el futuro se auguraba una base de “financiamiento más estable y fuertes aportes de capital y liquidez”. En el momento de la compra se anunció como activos del WaMu 310 mil millones de dólares. Por último, a esta fecha, se agrega el banco Wachovia absorbido por City Group en una operación de 42.000 millones de dólares.

La temeridad de las operaciones de estas financieras revela en el caso de Lehman Brothers, operaciones donde se comprometían montos de más allá de 31 veces su capital (!). En cuanto a Goldman Sachs y Morgan Stanley se transformaron en bancos comerciales y constituyeron un holding del cual dependerán otros bancos comerciales. Su nuevo estatus les permite acceder a fondos de emergencia de la FED para aumentar su liquidez, a cambio de lo cual serán controlados por ésta en lugar de la Comisión del Mercado de Valores (SEC). Reservas y provisiones elevadas garantizan nuevas operaciones frente a la crisis generalizada de confianza en el sistema. Curiosamente esta nueva organización recuerda la legislación que se dictó en 1933, durante la Gran Depresión, la ley Glass-Steagall, que exigía la separación de los bancos comerciales y de inversión. Legislación que fue prácticamente derogada cuando en 1999 – durante el auge económico que significó la entrada de capitales a EEUU post crisis asiática – se promulgó la ley Gramm-Leach-Bliley (más conocida como Ley de Modernización Financiera), que levantaba muchas de las restricciones relativas a fusiones de bancos comerciales y de inversión de Wall Street. [3] Se comenta que la fusión de Citicorp y Travelers Group, base de Citigroup Inc., habría sido el paradigma que recogió la nueva legislación (Ibidem).

Implicaciones del rescate

Sin mencionar las obligaciones del sistema previsional de EEUU, que el colapso del sistema financiero y las Bolsas lleva a la desvalorización de sus activos, la gran discusión es si acaso el plan de Paulson implicará la contabilización de las pérdidas de capital de las instituciones en el caso que el rescate de los bancos no sea a la par de sus “activos tóxicos”.

Si el rescate se contabiliza a los precios actuales, serán los accionistas de los bancos, no los depositantes, quienes deberán soportar la pérdida. (Se anuncia el despacho de una ley que eleva la garantía estatal de depósitos más allá de los 100 mil dólares actuales del sistema de la Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC (Corporación de depósitos federales de seguros). [4] En una primera etapa, sea cual fuere la fórmula, el Estado deberá capitalizar la banca, esto es nacionalizarla sin perjuicio que en el largo plazo los bancos vayan a una recompra de su cartera de riesgo. Fórmula ya practicada durante la crisis asiática en Japón, donde el costo fiscal se elevó a 1,023 billones de dólares. En el momento de la quiebra, la cartera vencida de las grandes financieras del Japón representó 10% del PIB, lo cual más las pérdidas, operación de recapitalización y protección de depósitos, llevó el rescate fiscal a más de un billón de dólares.

La estimación del rescate propuesto por el gobierno de G.W. Bush se eleva a 5% del PIB de EEUU, por lo cual algunos lo presentan como una operación más modesta que el rescate realizado en Japón. Sin embargo, existen dos capítulos que invalidan cualquier comparación con crisis anteriores tanto de la economía norteamericana como de otros países. El primero se refiere a la comparativa con gastos bélicos –, experiencia traumática para el público norteamericano. El monto del rescate, 700 mil millones de dólares, o sea 2.333 dólares por habitante, presentado por Paulson al Congreso supera los fondos solicitados por Bush para la guerra de Irak, 628.600 millones de dólares. Irak y Afganistán gastan más que la guerra de Vietnam, cuyo costo fue 615.000 millones de dólares (1964-1975) y la guerra de Corea 422.000 millones de dólares (1950-1953). Agreguemos que sólo en seguridad interior (Homeland Security) se gastarán 200 mil millones de dólares. Más aún, el rescate supera el déficit fiscal 2008 calculado en 486 mil millones de dólares, esto es 212 mil millones superior al ejercicio del año 2007, lo cual revela una política sustentada en un déficit fiscal progresivo.

El segundo capítulo se refiere a la conciencia del público norteamericano que la farándula financiera de Wall Street deberá ser finalmente pagada por los contribuyentes. Basado en ello, senadores de ambos partidos han requerido a Paulson de incluir en las cláusulas del rescate una baja en los salarios y primas de los ejecutivos bancarios, a lo cual se agrega una revisión a la baja de las comisiones cobradas por los bancos en sus temerarias apuestas, en definitiva con graves consecuencias para los portafolios de sus clientes.

Otras propuestas de economistas norteamericanos señalan que el costo de 700 mil millones de dólares no responde directamente a la raíz del problema. Joseph Stiglitz, premio Nóbel de Economía 2001, comentó que en lugar de comprar la deuda tóxica, el gobierno debería conseguir la renegociación de las hipotecas de las personas incapaces de pagar sus deudas. Según Paul Krugman, profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, la compraventa de activos tóxicos, principalmente valores garantizados por hipotecas no asegura que se rompa el círculo vicioso del desapalancamiento pues cuando las financieras venden sus activos, incluidos aquellos respaldados por hipotecas, dicha operación reduce el precio de los activos y empeora la posición financiera de las instituciones que ejecutan la operación. En síntesis, el gobierno no sanea las financieras insuflando más capital a instituciones viciadas. En ese caso el gobierno, según Krugman, debería exigir – puesto que realiza esta operación con dinero de los contribuyentes – parte de la propiedad de las instituciones intervenidas para los contribuyentes.

En el mismo sentido de defensa de los intereses de los contribuyentes, y procedimientos de recapitalización de las financieras endeudadas y quebradas, Martin Wolf sugiere al gobierno que “fuerce a las financieras a recaudar capital y parar los dividendos.”[5] Para el caso que esto no funcionare Wolf propone transformar la deuda en capital, con lo cual se obviaría los requerimientos de dinero público. Para ello las instituciones bancarias tendrían que someterse a un procedimiento de valorización y aquellas subcapitalizadas tendrían que mejorar sus posiciones de capital. Por último, estaría la alternativa de rescate en que el gobierno emitiera acciones preferenciales en las financieras descapitalizadas. Esto, según Wolf, limitaría el pago de dividendos.

Independientemente de la discusión en el Congreso, el rescate del sistema financiero ya está en curso. En la semana del 21 al 27 de septiembre 2008, las instituciones financieras pidieron prestado a la FED la elevadísima suma de 187.750 millones de dólares diarios, lo cual es cuatro veces mayor al monto solicitado la semana anterior, esto es, 47.970 millones de dólares diarios. Estas cifras revelan no sólo la magnitud de la iliquidez en el mercado, sino un sistema financiero privado que a no mediar la intervención del Estado ya se habría desplomado, alcanzando gravemente al sector real de la economía. Baste decir que si en el horizonte de cuatro trimestres la FED continuara apuntalando al sistema financiero diariamente en los montos ya señalados, con la cifra mínima de inyección diaria se llegaría a la suma de 8,6 billones de dólares, o sea 61% del PIB; en el monto máximo señalado de casi 188 mil millones de dólares diarios se llegaría a la suma de casi 34 billones de dólares, esto es, 2,4 veces el PIB de EEUU.

En definitiva la interrogante del público es – en conocimiento de los manejos especulativos de Wall Street – quienes pagarán el precio del rescate financiero y cómo se determinará el monto a pagar. En el valor más bajo de las propiedades, el ciudadano común se pregunta, por qué el Estado, es decir el contribuyente, deberá pagar valores más altos que los que actualmente valen las propiedades.

Cuando la economía de papel mató el libre mercado y vulneró gravemente la economía real

En un régimen de conexiones financieras globales, de libertad del tipo de cambio, con un déficit fiscal importante, así como de la cuenta corriente de la balanza de pagos, resulta utópico pensar que inyecciones monetarias adicionales de la FED y del Fisco y del resto de las economías del planeta arrastradas por una deuda impagable, puedan llegar a un equilibrio con la cantidad de bienes reales y de servicios transados en el mercado. Nótese que hace casi una década las estadísticas monetarias mundiales señalaban que el valor de mercado de la economía real era superado en 20 veces por los montos involucrados en licitación de activos o creación de deuda en el mundo. En esas condiciones, la intervención fiscal y de los bancos centrales en el mundo ataca los síntomas, pero no está calibrada, ni en su concepción ni en su práctica, para combatir las causas de la crisis – esto es las acciones especulativas propias al sistema. Resulta un sarcasmo, entregar en propiedad al público acreedor, instituciones financieras que en su concepción fueron creadas para realizar, a costa de las remuneraciones de los trabajadores de la economía real, las compensaciones aprobadas y estimuladas por los distintos gobiernos, en beneficio de los señores de la economía de papel, dicho sea de paso, únicos capaces de recuperarlas mediante acciones especulativas.

Desde ya existe una certeza genérica: con la crisis del capitalismo financiero, murió el libre mercado, que en sus fórmulas individualistas más extremas, nunca dudó echar de mano en su beneficio la intervención del Estado.

En el presente existen certezas y grandes dudas. La primera: no hay prima en el mundo capaz de cubrir los riesgos de la actividad especulativa de las instituciones financieras. Otra, la deuda de la mayor economía del mundo se reparte globalmente. Otra, el Estado es actualmente el mayor operador financiero de EEUU. Por su importancia y el carácter de su intervención, su propuesta evoca más la nacionalización que la mera inyección de recursos. Otra, el mayor dilema que deberá resolverse en la operación del rescate que propone la administración Bush, es de qué manera el paquete de rescate permitirá a los propietarios, o ex propietarios, recuperar sus casas. Otra, la forma en que se capitalizarán instituciones en virtual quiebra, será determinante para decidir el título según el cual participará el público: ¿propietario según su participación en el rescate? ¿Acreedor y a qué tasa de interés? Otra, el horizonte del saneamiento de las operaciones, no puede ser a plazos fuera de toda propuesta razonable. Nótese que en Chile se aprobaron convenios con los bancos quebrados en el crac del año 1983, según los cuales la “deuda subordinada” terminaría de pagarse por algunas instituciones bancarias el año 2036. Otra, en qué medida se mantendrán las nuevas regulaciones destinadas a preservar la relación entre el capital de la institución y la amplitud de las obligaciones contraídas en el mercado. Otra, la militarización de la política, medio al cual echa mano sistemáticamente EEUU, ya sea en teatros de guerra asimétricos como en Irak, o Afganistán o conflictos de baja intensidad como en la Región Andina, Medio Oriente y África, lleva a la creación de circuitos financieros que explotan mafias ligadas al narcotráfico u otras actividades ilícitas, la industria de armamentos y mercenariado, que desestabilizan los Estados. Otra, las apuestas de la economía real ligadas a las actividades de las transnacionales en las economías emergentes o subdesarrolladas, generalmente en el dominio de los commodities, explotan circuitos financieros destinados a eludir las legislaciones tributarias nacionales y crear ganancias excesivas. Otra, se ha señalado que en el comienzo se trató de créditos inmobiliarios impagos, pues bien, muy pronto la crisis alcanzará a créditos estudiantiles, municipales, de consumo, empresas, ciudades y Estados…

Por último, la crisis subprime lleva a reflexionar sobre una economía que en nombre del libre mercado impone precios irreales, producto de situaciones como externalidades financiadas por el Estado (léase los contribuyentes) que compensan o subsidian a quienes están en situación de poder para recuperar dichos subsidios o compensaciones. Si las situaciones de poder en EEUU no cambian, el rescate por el Estado de la crisis subprime repetirá una vez más el ejemplo clásico de estas subvenciones a las actividades especulativas. En este orden de cosas, existen compensaciones recuperadas por grupos dominantes cuando se constituyen como monopolios e imponen un plus en el precio final. La evasión y elusión tributarias constituyen otras tantas compensaciones para estos grupos dominantes, así como las actividades especulativas en la intermediación comercial o financiera. Estas son algunas situaciones de la economía real, pues existen muchas otras, que históricamente han sido escamoteadas, por los grupos de poder a la economía real y concretamente a los trabajadores. El rescate de los 700 mil millones de dólares devela de manera patente el fracaso en el cual se ve involucrada la economía de papel de Wall Street. El delito a la fe pública de los señores de la deuda permite hoy la toma de conciencia del público norteamericano sobre la crisis del sistema financiero y la complicidad de la política con prácticas que no debieron ser ignoradas por aquellos que se decían sus representantes. En esta toma de conciencia residen los próximos pasos que el pueblo norteamericano deberá tomar en la construcción de una economía social y a escala humana.

* Abogado y Economista (Chile).

NOTAS

¹ Según la Real Academia Española, "1 Billón" se refiere a la cantidad de “un millón de millones” (i.e. doce ceros). El equivalente en inglés es “trillion”. Cuando en inglés se dice “1 billion” en realidad se refieren a “mil millones” (i.e. nueve ceros). Existe en consecuencia una diferencia de 3 órdenes de magnitud.

2 Según el Wall Street Journal, las pérdidas de la división ascendieron a los US$ 18.000 millones y obligaron a AIG a inyectar muchos millones adicionales como colateral, lo cual amenazó sus recursos financieros. La rebaja de su calificación de crédito y una “insoportable presión” sobre su acción exacerbó su posición ya debilitada. Monica Langley, Deborah Solomon y Matthew Karnitschnig. The Wall Street Journal Americas. 18 de septiembre de 2008.

3 Barack Obama señaló al ex senador por Texas Phil Gramm, asesor de la campaña de John McCain, como “el arquitecto en el Senado de EEUU de los pasos liberalizadores que ayudaron a crear este desastre”. (Cf. David Enrich y Damian Paletta. The Wall Street Journal Americas, 23 de Septiembre de 2008

4 En los primeros "primeros 100 días", el presidente Roosevelt, cerró todos los bancos, manteniendo abiertos sólo los bancos federales de reserva. En la Ley de Emergencia Bancaria y la Ley económica de marzo de 1933, se instituyó un sistema de garantía estatal de depósitos que permitió sanear al sector financiero y restablecer el mecanismo de los créditos. Era el período del primer New Deal (1933-35) donde se creó el FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) el cual garantizó los capitales depositados, fundándose además otras instituciones, como la Home Owners Loan Corporation y la Federal Farm Mortgage Corporation las cuales se encargaron de regular el financiamiento de las garantías hipotecarias sobre las granjas y las viviendas particulares. En mayo de 1933, como parte del paquete de medidas del New Deal, se dictó la Ley de Valores, de mayo de 1933, donde se reguló el funcionamiento de la bolsa, dictándose normas para impedir las especulaciones y el fraude bursátil. Es la época del patrón oro, la legalización de la venta de vino y cerveza, y la devaluación del dólar que buscaba crear estímulos al mejoramiento de la balanza comercial de los Estados Unidos.

5 Martin Wolf, editor asociado y principal comentarista económico de Financial Times en la Columna de M. Wolf (Cf. Diario Financiero, p. 33, 24/09/08)

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