La creación y funcionamiento de los Consejos de Gestión Socialista, debe estar amparada por una ley lo antes posible. Una ley que preserve la autonomía de esta nueva avanzada de la clase obrera, para evitar ser manipulada y dominada por las mafias sindicaleras del pasado cuyos PRANES, se quitaron las franelas y gorras blancas, verdes y naranja, para sustituirlas por las rojas rojitas y forrarse con nuevas sopas de letra, donde por supuesto no pueden faltar los apelativos Socialista y Bolivariano (a), una suerte de frazada o chamarra, para tapar sus largos rabos de paja.
Estas sopas sirven para rebautizar los parapetos heredados de sus mentores: Augusto Malavé Villalba, José González Navarro, Juan José Delpino, Carlos Ortega, José Ángel Mollegas y Hugo Soto Socorro, augustos líderes del sindicalerismo de la IV República. El último de los mencionados experto en crear federaciones, con los “democráticos métodos” de los cabilleros y pistoleros, que se encargaban de manera muy gentil de persuadir a los electores sobre la conveniencia de no perder su voto con los candidatos extremistas comunistas y a su vez evitarse que pudiesen ser acariciados por los disuasivos instrumentos que portaban los inocentes integrantes de la tristemente célebre SOTOPOL.
Es Ley antimafias debe ser producto de la discusión abierta en todos los espacios laborales del país, para evitar que creando atajos, los operadores de éstas puedan dejar alguna rendija que permita la entrada de esos maléficos tentáculos que vengan a pervertir un novedoso ensayo que pudiera ser ejemplo para los hermanos de clase de otras latitudes.
Los Consejos de Gestión Socialista, no pueden, ni deben ser apéndices de ningún partido político, de ninguna dependencia patronal, llámese privada o del Estado. En consecuencia no se puede pretender que estas instancias autónomas de lucha vayan a ser dirigidas a control remoto, supervisadas y evaluadas por instancias burocráticas, ya que esa es tarea del poder obrero soberano que en este caso reside en la Asamblea General, único órgano que puede y debe evaluar, avalar o cuestionar la gestión de sus voceros y reemplazarlos cuando ese poder originario mediante el análisis y la discusión determine que quien, o quienes resultaron electos para la defensa de sus intereses se han desviado del camino correcto.
No debe en nuestro concepto un Consejo de Gestión Social estar rindiendo cuentas mediante entrega de copias de sus discusiones acuerdos o resoluciones a ningún reducto de poder, que no sea el de sus electores y contralores. La reglamentación para el funcionamiento de estos instrumentos de liberación obrera hasta tanto no haya una ley que los rija, debe ser producto de las discusiones que se vayan desarrollando en su dinámica diaria y para los efectos pudieran convocarse consejos regionales de los diversos sectores del quehacer laboral, para desde ese espacio de análisis y discusión ir armando lo que genere una propuesta para esa ley de la cual estamos urgidos.
Como estrategia los CGS, deben articular con las directivas sindicales que legítimamente hayan surgido de la voluntad de las bases obreras, para fortalecer las luchas y hacer de la defensa de los intereses de clase y de la fábrica u organismo socialista un bloque sólido contra la burocracia y las perversas negociaciones por parte de cúpulas, que mantienen secuestrado al movimiento obrero venezolano.
Este socialismo Indoamericano, Boliviariano del Siglo XXI, ensayo único en la historia que estamos construyendo afortunadamente sin el paredón físico de fusilamiento, que a estas alturas del desarrollo de las sociedades ya no es necesario, debe regirse por un principio fundamental: la ÉTICA, en todo el lato sentido de la palabra. Eso pasa por depurar al movimiento clasista de los tránsfugas, que hasta ayer estuvieron recitando el rosario de traiciones contra el movimiento obrero que les enseñaron sus mentores y que ahora por conveniencia se despojan de las camisas y boinas blancas, verdes y naranja, para sustituirlas por las rojas rojitas.
No puede estar en los liderazgos obreros, quien se haya visto envuelto en dinámicas de corrupción a menos que en el terreno legal, fehacientemente haya demostrado su inocencia tras la investigación de rigor.
No debemos, ni podemos por ética de clase avalar liderazgos surgidos del uso del sicariato para amedrentar a la masa trabajadora o para quitar del camino a posibles contendores. No debemos por esa misma causa aceptar a quienes se apoyan en la injuria, la difamación, el cobarde anonimato y el atentado contra los intereses de la comunidad y de la república para presentarse como héroes y líderesdel movimiento obrero.
Por eso el Poder Obrero, tenemos que construirlo nosotros con la vigilancia estricta de todos y cada uno de quienes hacemos vida laboral y los consejos comunales, estudiantiles, culturales y demás instancias como unidades de apoyo en esta hermosa y esperanzadora tarea.
Hasta ahora son muchos los que en nombre del control obrero han obtenido prebendas personales, posiciones inmerecidas, desde las cuales persiguen a los propios trabajadores, por el solo hecho de decir verdades y no avalar las conductas delictivas, como es el peculado de uso y uso y abusos de los recursos de la empresa o institución bajo control. Todo esto debe ser erradicado por los Consejos de Gestión, pero para ello se requiere urgente una Ley que los regule y avale sus actuaciones.
Periodista* CNP 2414. Consejero Laboral de Corpoelec Heres.
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