La política de cada pueblo la caracterizan a un tiempo la forma especial de sus instituciones y la manera cómo éstas funcionan; y por otra parte, la interpretación y aplicación de las leyes constitucionales tienen siempre mayor importancia que la doctrina que sirve de norma a los asambleístas encargados de redactarlas. La más sabia Constitución resulta letra muerta si la contradicen desde luego las costumbres del medio social y político, las tendencias o anárquicas o despóticas de la burguesía y los procedimientos autoritarios o disolventes del Gobierno de turno. Compruébalo así la historia de la República de Venezuela durante los años del siglo XX, en los cuales, no obstante la forma de sus Constituciones, el pueblo gozó a menudo de menos libertad que en otras naciones sometidas todavía a un régimen constitucional aparentemente anticuado (las monarquías británica, belga, holandesa, sueca, etc.), y aún aconteció que la evolución social fuese en algunos períodos más rápida bajo las dictaduras (pongamos por ejemplo) que durante el funcionamiento regular de los Gobiernos de la IV-R “legítimamente constituidos”.
Tales contradicciones creyó evitarlas el Congreso de 1959, cuando armonizó, del modo que les pareció más prudente, la organización y atribuciones de los poderes públicos con el estado incipiente del pueblo venezolano; cuando puso trabas al ejercicio del Poder Ejecutivo, cuyos abusos conducían directamente al despotismo y la corrupción, y limitó a la vez el derecho electoral, cuya universalidad en un pueblo que de repente había pasado de la dominación de la dictadura, hubiera sido acaso el mayor incentivo de las contiendas anárquicas, cuando pretendió, por último, fundar las oligarquías de partido, para que ésta fuese enseñando gradualmente a las “clases inferiores” la idea del orden legal, como correctivo del instinto revolucionario y el ejercicio pacífico de la libertad, como fuerza inicial del progreso.
La nefasta influencia que ejercen los medios de comunicación comerciales propiedad de la burguesía sobre nuestro pueblo. Ese envenenamiento ideológico tiene las peores consecuencias para los intereses de la clase explotada. Y la conversación política suelen repetir el conocido truismo, como quiera que ésta representa la constante vigilancia de los ciudadanos sobre la conducta de sus mandatarios, y también a menudo la aspiración general a una transformación, quebrantando la natural inercia con que los gobernantes de la IV-R procuraban resistir a toda innovación de la normalidad establecida por la Ley y el hábito. De suerte que —añadían— donde no existe oposición organizada, o no hay República o el Gobierno es despótico.
A la amenaza, que no desapareció nunca por completo, de una reacción militarista, se unió ya el temor de que se hiciese el principio de alternabilidad en los altos empleos del Gobierno, y de aquí que después del 4-F de 1992 se manifiesten, con mayor fuerza que antes dos tendencias en el seno mismo del país, los unos que abogan por la introducción de “hombres nuevos” en la dirección de la cosa pública, y la otra, que prefiere el “statu quo” y a la que designan al punto sus adversarios.
La igualdad significa que el pueblo tiene una misión que cumplir según su organización intelectual y moral, y que no debe encontrar trabas que le detengan en su marcha, ni privilegio que delante de él pongan hombres que nada valieran sin ellos; significa, en fin, que todo sea igual para todos y que la facilidad o dificultad de su merecer esté en razón de la igualdad o desigualdad de las capacidades y no de los obstáculos, que antiguos abusos o errores perjudiciales establecieron.
La burguesía, que padece sin duda de chochera, se figuraba muy seriamente que la FANB tornaría a su condición de los tiempos de la 4-R, es decir, a ser una mera pieza del mecanismo de la defensa de sus intereses de clase, al paso de que la idea “adeco-copeyana” afincada en extraer el amenazador colmillo del socialismo Bolivariano y Chavista, sin el cual un ejército no es una fuerza militar capaz de hacer frente al enemigo, sino una perpetua policía.
La propiedad es justa y es legítima en tanto que viene a servir los fines racionales de la vida del pueblo; y cuando esto no sucede, la propiedad es ilegítima, la propiedad es injusta, la propiedad debe desaparecer. El capital no tiene patria, ni tiene patria la religión; salen del terruño y del Estado, para internacionalizarse y conquistar el poder mundial.
¡Pueblo!, todos somos hermanos; sólo los opresores son extranjeros. ¡El Poder de la burguesía es una enfermedad mortal!
¡Gringos Go Home! ¡Faltan cuatro antiterroristas cubanos por liberar!!!
