Muchos marxistas aceptan un análisis limitado del Estado capitalista que lo caracteriza como un sencillo instrumento de dominación de clase. Aquí están siguiendo a Lenin, quien coloca esta tesis en el centro de su indudablemente brillante El Estado y la revolución. Sin embargo, la idea no logra captar lo que es más específico de la sociedad burguesa moderna: el nuevo índice de separación entre lo económico y lo político. En el modo de producción capitalista, la economía cobra un grado de autonomía hasta entonces desconocido de la esfera política. A diferencia de las clases dominantes anteriores, la burguesía en realidad puede ejercer su dominación, en gran medida, a través de presiones económicas, sin apelar directamente al poder del Estado.

Así lo demuestra la historia del capitalismo. Como Ellen Meiksins Wood ha mostrado de manera convincente en su trabajo sobre el origen del capitalismo, éste nació en la Inglaterra rural en los siglos XVI y XVII. En contraposición con sus contemporáneos franceses y holandeses, los terratenientes ingleses de aquella época no ejercían gran poder político, que se concentraba más bien en la figura del rey y en el parlamento. Lo que sí tenían eran grandes extensiones de tierra y derechos de propiedad claramente definidos. Con las presiones del mercado que llegaron a ejercerse en este contexto, surgió un nuevo proceso que condujo a la dinámica revolucionaria del capitalismo, sobre todo al empuje capitalista para incrementar la productividad [1].

La teoría marxista más correcta del Estado capitalista no es la de Lenin (teoría que no presta suficiente atención a la forma en que la burguesía ejerce su dominación) sino que se encuentra esbozada en textos del joven Marx como Sobre la cuestión judía (1844) y La Sagrada Familia (1844). Lo que estos escritos tempranos explican es cómo la igualdad formal y los derechos formales en los que se basa el Estado capitalista –y que de hecho equivalen a una suerte de neutralidad del Estado que no es meramente ilusoria– sustentan la dominación económica burguesa. Si el Estado capitalista garantiza un imperio de la ley y un derecho a la propiedad privada que se aplica de manera igual a todos, puede mantener un terreno de juego en el que –por “parejo” que sea– los burgueses siempre van a ganar. Por lo tanto, este Estado extrañamente neutral, que asume el papel de árbitro formal en un régimen mercantil, no es un instrumento directo de dominación de clase, aunque sí asegura las fundaciones de esta dominación [2].

Dos dinámicas políticas en el Proceso Bolivariano

La neutralidad política como característica del Estado moderno capitalista, ¿qué nos dice acerca de Venezuela y su situación actual? El Estado venezolano puede tener sus particularidades –un alto grado de centralización a la raíz del rentismo petrolero y una historia de asistencialismo social que data de la década de los 40– pero no deja de ser, por estas razones, ejemplo de un Estado capitalista en casi todos los sentidos. Sin embargo, para ser más precisos, debemos reconocer que en la Venezuela contemporánea existe una doble dinámica. Por un lado, durante el Proceso Bolivariano, el Estado comenzó a controlar más estrechamente la industria petrolera y a distribuir una parte de la renta a través de programas sociales de salud, educación y vivienda. Puesto que estos últimos pasaron a ser gratuitos y garantizados para amplios sectores de la población, se constituyó un intervencionismo radical y una verdadera desmercantilización de ciertos valores de uso clave. Así, en algunas áreas específicas, se definió un rumbo diferente a la típica neutralidad capitalista.

Sin embargo, esta no es la historia completa: los elementos más conspicuos de la economía nacional –el comercio, las finanzas y la producción limitada– continúan operando de acuerdo con la dinámica capitalista de siempre, mientras que el Estado resguarda el sistema legal y los derechos de propiedad que garantizan la continuidad de su funcionamiento. El Estado venezolano actual, en efecto, defiende el ámbito del intercambio y la propiedad privada que son básicos para la operación de la economía capitalista: en este sentido, el Estado cumple con la neutralidad que abriga la dominación capitalista. Vemos aquí que el Estado venezolano se ha limitado –y esta ha sido la esencia de muchas de las campañas que ha impulsado el Presidente Maduro en 2013 y 2014, incluyendo la promulgación reciente de las 28 leyes habilitantes– a asumirse como propulsor del desarrollo y como árbitro de “precios justos” en la venta de la fuerza de trabajo y determinados productos. Aquí, a efectos prácticos, la “igualdad de condiciones” tan querida por la burguesía se ha mantenido.

Las modestas ambiciones del gobierno venezolano con respecto al grueso de la actividad económica, aunque nunca fueron muy claras, se han desdibujado aun más en el último par de años con el discurso poco científico que se ha usado frente a la “Guerra Económica”: la escasez e inflación galopante que han afectado al país desde finales del 2012. En el discurso gubernamental se ha perdido de vista la forma sistemática e indirecta en que la burguesía ejerce su dominación. Los problemas conceptuales se muestran en dos áreas. Primero, el gobierno promueve una respuesta a la guerra económica pero vacila al definir al enemigo: ¿Son los especuladores (una fracción de la clase burguesa) o son los que colocan los valores de cambio por encima de los valores de uso (toda la clase)? A veces el gobierno llega a decir que las masas deben movilizarse contra la guerra económica, olvidando que si la figura de la guerra es correcta, éstas deberían movilizarse contra el enemigo y no contra la guerra en sí misma. Segundo, hay una tendencia por parte del gobierno y de los medios de comunicación estatales a desconocer el grado en que la “guerra económica” se engrana con la dinámica normal y espontánea del capitalismo en la que el objetivo es maximizar el beneficio (objetivo que es, pura y simplemente, la razón de ser de la clase burguesa y no encierra una motivación política).

Es posible que el gobierno simplemente prefiera la ambigüedad en su discurso ya que le preocupa que la claridad excesiva sobre quién es el adversario y cuáles son los motivos en la “guerra económica” pudieran evidenciar el grado de colaboración (o incluso participación) de algunos chavistas en la ofensiva económica contra el pueblo. Por un lado, si se define bien al enemigo, el publico sacaría la cuenta de que el enemigo tiene sus aliados y su red de apoyo en el gobierno y el Estado. Por otro lado, si se reconociera que uno de los motores principales en la guerra económica es la dinámica evidentemente espontánea y apolítica de buscar las ganancias más altas, esto mostraría cómo y por qué tanto escuálidos como chavistas participan en ella.

Tácticas equivocadas en la Guerra Económica

Lo que es triste es que la falta de claridad del gobierno es innecesaria y peligrosa. Como término, “guerra económica” no es totalmente ideológico, ya que más allá de la actividad normal de la mayoría de los actores económicos, que se basa en la búsqueda apolítica y espontánea de ganancias, hay que fijarse en la actividad de los sectores más altos de la burguesía. Estos han acumulado enormes activos en dólares en el exterior (desviando la renta petrolera con falsas importaciones o saqueo financiero) y buscan su entrada en el país. Son un grupo de interés con la capacidad de ningunear el mercado legal de divisas; su presión –combinada con la corrupción de algunos funcionarios y el empuje desde los medios de comunicación privados para minar el Bolívar como portador de valor– abre la brecha entre los dos tipos de cambio con el fin político de lograr una liberalización y dolarización total de la economía.

Por esta razón el gobierno debería definir mejor su enemigo: la oligarquía financiera y comercial venezolana, que es la que promueve políticamente la guerra económica. Lo que es sorprendente es que, a diferencia de Chávez que por lo general declamaba contra la oligarquía, como regla general Maduro tiende a fijar la mirada en sectores más llanos de la burguesía (recientemente incluso proponiendo desnacionalizar a los tenderos inmigrantes que especulan). Al mismo tiempo, públicamente hace la paz con figuras oligárquicas como Lorenzo Mendoza y deja la banca efectivamente fuera del alcance de su reciente legislación. Hay que recordar que la precisión y cuidado al definir al enemigo en cada paso del proceso político (como mostró Mao Tse-Tung antes de tomar el poder en 1949 y tal vez algunos años después) es clave para la acción política efectiva.

Puede que en este momento el gobierno venezolano no esté en condiciones de avanzar contra una economía capitalista y de modificar significativamente el papel del Estado como garante de su funcionamiento. Sin embargo, el gobierno comete un grave error al no responder con acciones contundentes al ataque con fines políticos que viene del sector más alto de la burguesía. Lo más probable es que el gobierno podría atraer a la pequeña burguesía como aliada del bloque popular y trabajador –que debe ser la base del movimiento chavista– si realmente se propusiese actuar contra los banqueros y monopolistas más poderosos de Venezuela (con independencia del color político que profesen). Por el contrario, si el gobierno deja este Estado Mayor económico intacto mientras se distrae por los precios altos y la especulación –y plantea el desarrollo productivo como salida mágica a la lucha de clases–, entonces está dando indicaciones de optar por una revolución pasiva: es decir, un simple ajuste que se lleva a cabo en alianza con y no en contra de los más poderosos.

Notas:

[1] Ellen Meiksins Wood, The Origins of Capitalism: A Longer View, Verso, 2002.

[2] Michael Heinrich, Crítica de la Economía Política: Una introducción a El Capital de Marx, Escolar y Mayo Editores, Madrid, 2008, cfr. capt. 11.

*Profesor de Estudios Políticos en la Universidad Bolivariana de Venezuela.

cpascualmarquina@gmail.com