En el año 2002, una mayoría de generales se alzaron contra el Presidente Hugo Chávez. Generales sin tropa, sin poder de fuego, intentaron y lograron, por 47 horas, apartar del poder al líder de la Revolución Bolivariana.
Hoy la Fuerza Armada Nacional cuenta con una sólida posición en defensa del gobierno nacional. Las responsabilidades asignadas al Ministro de la Defensa, la creación de instituciones para asegurar el abastecimiento alimentario, la empresa militar petrolera CAMINPEG, surgida por orden presidencial, aseguran un fortalecimiento de la unidad entre el sector militar y la autoridad civil.
Indiscutiblemente, el golpe de estado contra el Presidente Nicolás Maduro se deshace en el tiempo. Derrocar al chavismo hoy es cuesta arriba por medio de vías no constitucionales. El ejecutivo nacional, el PSUV y sus aliados, demuestran su seguridad y fortaleza en las decisiones que chocan con las peticiones y demandas opositoras.
La posible suspensión de las elecciones de gobernadores y la imposibilidad de realizar el referéndum en 2016 y 2017, afirmado por funcionarios del CNE y líderes gubernamentales, indica la capacidad del estado para hacer frente y neutralizar cualquier acción contraria a la estabilidad social y política en Venezuela.
Una vez que se resuelva el abastecimiento en el comercio público, y los aumentos salariales se ajusten a la nueva realidad económica, será una tarea titánica y casi imposible para la MUD lograr canalizar el descontento hacia la toma del poder político.
Los venezolanos esperan con paciencia la solución del problema de la escasez, pero enfrentan la presencia de una inflación severa, producto de la sinceración de los precios, que está comiéndose los salarios de los trabajadores, en un santiamén. La correlación de fuerzas entre la oposición y el gobierno, puede medirse realmente ahora, en la manifestación de voluntades para recolectar el 20% de los electores por estado y asegurar el revocatorio de mandato presidencial.
Es complejo el cuadro político surgido de la afirmación temprana de la negativa por carácter legal para realizar el proceso electoral para revocar el mandato del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
La capacidad de convocatoria de ambos sectores (los que tienen el poder y los que quieren el poder político), será el termómetro que indicará si nuestro país va a una confrontación o es un pueblo de paz.
